El dato, de confirmarse en la publicación definitiva que el Instituto Nacional de Estadística (INE) suele difundir a mediados del mes siguiente, mantendría la inflación en cotas no vistas en la primera parte del año, cuando el índice ya se movió cerca del 3,5% por el encarecimiento de los carburantes y de la cesta de alimentos frescos. El Gobierno viene sosteniendo desde la primavera que la escalada responde a un shock externo y no a un recalentamiento de la demanda interna, un diagnóstico que analistas independientes comparten solo parcialmente.
La crisis en el estrecho de Ormuz —por el que transita en torno a una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, según la Agencia Internacional de la Energía— ha mantenido elevado el precio del Brent durante buena parte del segundo trimestre de 2026. España, con una dependencia energética exterior que ronda el 70% según Eurostat, muy por encima de la media comunitaria, resulta especialmente sensible a estas tensiones, que se trasladan con rapidez al recibo de la luz y al gasóleo de automoción y, con cierto retraso, a los costes de producción y transporte de alimentos.
Fuentes del Ministerio de Economía han señalado que las medidas anticrisis vigentes —entre ellas rebajas fiscales sobre determinados productos energéticos y ayudas directas a colectivos vulnerables— están amortiguando el impacto del shock sobre los hogares, sin precisar el ahorro medio por familia. El propio departamento admite que la subida de julio pone a prueba el calendario previsto para desmontar progresivamente un paquete aprobado como respuesta temporal y prorrogado en varias ocasiones.
El dilema de la retirada gradual
La disyuntiva no es nueva. Tras el estallido de la guerra en Ucrania en 2022, el Ejecutivo aprobó un plan de choque que incluyó la rebaja del IVA de la electricidad y bonificaciones a los carburantes, medidas que se fueron retirando de forma escalonada entre 2023 y 2024 conforme la inflación se moderaba. Aquel proceso generó fricciones similares a las actuales: retirar las ayudas demasiado pronto trasladaría el shock energético directamente al bolsillo de los consumidores, mientras que prolongarlas erosiona las cuentas públicas y puede alimentar expectativas de inflación persistente.
El Banco de España ha advertido en sus informes de proyecciones macroeconómicas de que un encarecimiento sostenido de la energía tiende a filtrarse hacia los precios subyacentes —los que excluyen energía y alimentos frescos, más sensibles a factores de segunda ronda como los salarios—, lo que complicaría el retorno de la inflación al objetivo del 2% que el Banco Central Europeo (BCE) fija para el conjunto de la eurozona.
La comparación europea resulta relevante para calibrar el episodio: según los datos armonizados de Eurostat, la inflación media de la eurozona se ha movido en los últimos meses en un rango sensiblemente inferior al español, lo que situaría a España, de confirmarse el 3,5% de julio, entre los socios comunitarios con mayor presión de precios, en un contexto en el que el BCE mantiene una política monetaria orientada a evitar que repuntes como este se enquisten.
Desde el punto de vista normativo, las medidas fiscales de choque son competencia del Gobierno central, si bien cualquier modificación sustancial de tipos como el IVA requiere su tramitación como real decreto-ley, sujeto a convalidación posterior en el Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días que marca el artículo 86 de la Constitución. Esa vía de urgencia ha sido la utilizada de forma reiterada desde 2022 para prorrogar o modificar las ayudas energéticas.
La oposición ha reclamado en sesiones de control mayor transparencia sobre el coste fiscal exacto de las medidas y sobre los criterios para decidir su retirada. Portavoces del Partido Popular han insistido en que el problema de fondo es una dependencia energética exterior no resuelta, mientras que desde Vox se ha cuestionado la eficacia de las bonificaciones frente a una bajada estructural de impuestos. El Ministerio de Economía defiende que el paquete es temporal y focalizado y que su desmantelamiento se hará de forma gradual y con protección a los hogares más vulnerables.
Los sindicatos han pedido que cualquier retirada de ayudas vaya acompañada de una revisión salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo, en línea con los marcos de negociación colectiva vigentes. Las patronales del sector energético y del transporte, en cambio, han reclamado certidumbre regulatoria a medio plazo para planificar inversiones, al alertar de que la incertidumbre sobre el calendario de ayudas dificulta las decisiones empresariales.
El INE tiene previsto publicar el dato definitivo de julio a mediados de agosto, un indicador que se leerá también a la luz de la evolución del precio del petróleo, condicionada por el desenlace de la crisis en Ormuz. Los servicios de estudios apuntan a que, si la tensión remite, la inflación española podría iniciar una senda de moderación hacia el último trimestre del año, mientras que un agravamiento del conflicto tendría el efecto contrario.
El calendario político añade presión al debate. El Gobierno deberá presentar en las próximas semanas el techo de gasto para 2027, un trámite que exige detallar el coste previsto de las medidas anticrisis si se mantienen vigentes, así como su encaje en los objetivos de estabilidad comprometidos con Bruselas dentro del marco de reglas fiscales de la UE reformado en 2024 tras la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
