Según los términos difundidos, el plan contemplaría 50,000 becas con un monto individual de $2,000, cifra que, de aplicarse en su totalidad, representaría un desembolso dirigido a financiar estudios de jóvenes con acceso limitado a la educación superior. Nataren precisó, sin embargo, que los $100 millones corresponderían a "un préstamo en gestión" ante el BID, y no a fondos ya disponibles.
La distinción entre un fondo ya desembolsado y un crédito en negociación no es menor en materia de finanzas públicas. El BID, organismo multilateral con sede en Washington, financia históricamente proyectos de infraestructura, educación y desarrollo social en América Latina y el Caribe, pero sus operaciones de crédito atraviesan varias fases antes de que los recursos ingresen efectivamente a las arcas del país prestatario.
Un préstamo de esta naturaleza requiere, conforme al procedimiento habitual, la negociación de condiciones entre el Órgano Ejecutivo y el organismo prestamista, la aprobación del directorio del banco y, en El Salvador, la ratificación posterior por parte de la Asamblea Legislativa. La Constitución de la República encomienda al Órgano Legislativo la facultad de decretar los empréstitos voluntarios y de aprobar el endeudamiento público, un trámite que se resuelve en el Salón Azul y que da cobertura legal a cualquier operación con la banca multilateral.
Hasta la fecha, no ha trascendido que el préstamo para el programa de becas haya sido remitido al pleno legislativo ni que figure entre los empréstitos ya ratificados. Tampoco se ha precisado, en pronunciamientos oficiales, el monto exacto que representaría esta operación dentro de la deuda pública ni su eventual impacto en el Presupuesto General de la Nación.
El recurso a préstamos externos para financiar programas sociales no es una novedad en la historia reciente salvadoreña. Sucesivos gobiernos han acudido al BID, al Banco Mundial y a otros organismos multilaterales para sostener iniciativas de vivienda, salud y educación, en ocasiones con desfases entre el anuncio político del programa y la disponibilidad real de los fondos, lo que en el pasado ha generado retrasos en la ejecución de proyectos ya comprometidos ante la ciudadanía.
La Corte de Cuentas de la República, como órgano fiscalizador del manejo de los fondos públicos, tiene entre sus atribuciones examinar la ejecución del gasto proveniente de préstamos externos una vez estos ingresan al Presupuesto General de la Nación. No obstante, mientras un crédito permanezca en fase de negociación, no existe todavía un objeto de fiscalización concreto, dado que los recursos no han sido incorporados formalmente a las finanzas del Estado.
La comunidad Santa Marta, en Cabañas, se asienta en un territorio con una larga trayectoria de organización social y de vigilancia sobre proyectos que afectan a sus recursos naturales, entre ellos los conflictos vinculados a la minería metálica. La observación de Nataren se inscribe en ese historial de escrutinio ciudadano sobre el destino de recursos públicos y de cooperación internacional.
Hasta el momento no ha trascendido un pronunciamiento oficial de Casa Presidencial ni del Ministerio de Hacienda que confirme o desmienta el estado de la negociación del préstamo con el BID, ni el calendario previsto para su eventual aprobación legislativa y posterior desembolso. Tampoco se ha precisado si el programa de becas arrancaría de forma parcial con fondos propios del Estado mientras se resuelve la gestión del crédito.
El propio BID, por su parte, no ha difundido en sus canales institucionales información específica sobre una operación de crédito con El Salvador destinada a un programa de 50,000 becas, lo que mantiene sin despejar el estado real de la negociación y el monto que finalmente podría comprometerse.
De confirmarse que los $100 millones dependen de un préstamo aún no desembolsado, el calendario del programa quedaría sujeto a los tiempos administrativos propios de este tipo de operaciones, que abarcan la negociación con el banco, la aprobación de su directorio y la ratificación en la Asamblea Legislativa antes de que un solo dólar llegue a una cuenta del Estado.
La fracción oficialista, que controla la mayoría de las 60 curules del Órgano Legislativo, tendría en sus manos la eventual ratificación del empréstito si este llega a formalizarse, lo que trasladaría al pleno el debate sobre el origen y la oportunidad del financiamiento. Hasta entonces, la comunidad estudiantil y las familias interesadas en el programa permanecerán a la espera de precisiones oficiales sobre cuándo y en qué condiciones podrían aplicar a las becas anunciadas.
