Fernández explicó que Costa Rica enfrenta el problema de líderes de bandas criminales que, pese a encontrarse privados de libertad, continúan coordinando asesinatos, estafas y movimientos de dinero desde los centros penitenciarios. Ante esa situación, señaló que uno de los objetivos principales de su Gobierno es cortar completamente la comunicación de estos delincuentes con el exterior, para impedir que sigan dirigiendo actividades criminales desde las cárceles.
La mandataria destacó que su Gobierno ha estudiado la experiencia salvadoreña y que, entre las acciones adoptadas, figura el bloqueo del acceso a teléfonos y otros dispositivos, con el propósito de evitar que los privados de libertad mantengan contacto con estructuras criminales. Con ello, dijo, Costa Rica busca adaptar experiencias aplicadas en El Salvador para debilitar y desarticular las organizaciones criminales desde los centros penitenciarios.
El modelo al que se refiere Fernández se enmarca en el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, aprobado por la Asamblea Legislativa tras un repunte de homicidios atribuido a pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18. Bajo ese marco, el Órgano Ejecutivo salvadoreño ordenó la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, e implementó protocolos de aislamiento y bloqueo de señal para impedir la coordinación criminal desde las cárceles.
El Gobierno salvadoreño ha presentado ese modelo penitenciario como uno de los pilares de la reducción sostenida de homicidios en el país, que las autoridades ubican entre las tasas más bajas de América Latina en los últimos años. Al mismo tiempo, organismos de derechos humanos, entre ellos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), han documentado denuncias de detenciones arbitrarias y muertes de personas privadas de libertad durante la vigencia del régimen de excepción.
La cooperación técnica entre ambos países no es un hecho aislado. Delegaciones de distintos países centroamericanos y de otras regiones han visitado instalaciones penitenciarias salvadoreñas, en un contexto en el que el Gobierno de Bukele ha promovido su experiencia en seguridad como referencia exportable, incluidos ofrecimientos para recibir a reclusos de terceros países en el CECOT.
En el caso de Costa Rica, el interés de Fernández se produce en medio de un incremento de la violencia asociada al narcotráfico, en un territorio que hasta hace pocas décadas se distinguía regionalmente por índices de criminalidad comparativamente bajos. El país centroamericano, sin fuerzas armadas desde 1948, aborda el fenómeno desde una tradición institucional distinta a la salvadoreña.
El precedente histórico con el que suele contrastarse la actual política de seguridad de El Salvador es la tregua entre el Gobierno y las pandillas negociada en 2012, bajo la administración de Mauricio Funes, que buscó reducir homicidios mediante acuerdos con líderes pandilleriles trasladados a penales de menor seguridad. Aquella estrategia fue abandonada años después y contrasta con el enfoque de aislamiento carcelario que caracteriza al régimen de excepción actual.
Desde el Órgano Ejecutivo salvadoreño no se ha emitido, hasta el momento, una declaración oficial específica sobre las manifestaciones de la presidenta costarricense, aunque el Gobierno de Bukele ha reiterado en distintas ocasiones su disposición a compartir su experiencia en seguridad con otros países de la región.
La adopción de medidas similares en Costa Rica requeriría marcos legales propios, dado que las facultades de restricción de comunicaciones en centros penales están sujetas en cada país a su respectiva legislación penitenciaria y a los estándares de derechos humanos establecidos por tratados internacionales de los que ambos países son parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por El Salvador y Costa Rica.
Para El Salvador, el episodio se suma a un patrón de visibilidad internacional del modelo penitenciario impulsado por el Gobierno de Bukele, que ha sido citado en debates de seguridad en distintos países del continente. La réplica de sus componentes en otros sistemas judiciales y penitenciarios abre el interrogante sobre su compatibilidad con marcos institucionales diferentes y sobre la sostenibilidad de resultados de seguridad cuando no se acompañan de medidas contra las causas estructurales de la violencia.
El siguiente paso corresponde ahora a las autoridades costarricenses, que deberán precisar el alcance normativo y operativo de las medidas anunciadas por Fernández y su encaje en la legislación penitenciaria nacional. En El Salvador, la continuidad del régimen de excepción depende de las prórrogas periódicas que aprueba la Asamblea Legislativa, mecanismo por el que la medida se ha mantenido de forma ininterrumpida desde su primera aprobación en marzo de 2022.
