Según Aguilar, las granjas de bots —conjuntos de cuentas automatizadas o semiautomatizadas que replican mensajes de forma coordinada— permiten simular respaldo popular a determinadas figuras o consignas políticas y generar lo que él describió como una "falsa sensación de mayoría" entre los usuarios de redes sociales. El analista sostuvo que este tipo de estructuras se ha convertido en una herramienta relevante dentro de las estrategias de comunicación de sectores de la ultraderecha latinoamericana, sin que ello implique, aclaró, que su uso sea exclusivo de esa corriente política.
El caso de Cerimedo ha sido objeto de atención en distintos países de la región por su presunta vinculación con campañas digitales de corte conservador en Argentina y otros países del continente. Aguilar lo utilizó como punto de referencia para plantear una discusión más amplia sobre la transformación de las campañas electorales en la era digital, en la que la disputa por la opinión pública se libra cada vez más en plataformas como X, Facebook o TikTok, y no solo en los espacios tradicionales de propaganda política. El analista subrayó que el fenómeno no se limita a un color político determinado, sino que responde a una lógica más amplia de profesionalización de las campañas digitales en América Latina, aunque reconoció que el caso Cerimedo se ha documentado principalmente en el espectro de la derecha radical.
Un vacío legal en la fiscalización electoral
El marco legal salvadoreño no cuenta, hasta la fecha, con una regulación específica sobre el uso de bots o cuentas automatizadas en campañas electorales. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), autoridad encargada de fiscalizar los procesos electorales y la propaganda política conforme al Código Electoral, no ha emitido lineamientos particulares sobre inteligencia artificial o automatización de cuentas en redes sociales, un vacío que comparten la mayoría de los órganos electorales de la región centroamericana. Su labor se ha centrado en la fiscalización del financiamiento de campañas y la propaganda tradicional, sin que se conozcan iniciativas formales orientadas a detectar redes de bots durante los comicios.
La discusión sobre la manipulación digital de la opinión pública no es nueva en El Salvador. Organizaciones de la sociedad civil y periodistas han documentado en años previos la existencia de cuentas coordinadas que amplificarían mensajes gubernamentales o atacarían a voces críticas, aunque la magnitud y el origen de esas redes no han sido establecidos con precisión por una autoridad independiente. En las elecciones legislativas y municipales de 2021, y en las presidenciales de 2024, distintos analistas advirtieron sobre patrones de actividad inusual, con picos de mensajes idénticos o similares en ventanas de tiempo muy cortas, un indicio que especialistas en desinformación asocian con la coordinación automatizada.
Especialistas en comunicación política han señalado que la efectividad de estas estructuras dependería en gran medida de la polarización previa de la audiencia y de la capacidad de las plataformas para detectar y suspender cuentas falsas. Meta, propietaria de Facebook e Instagram, y X han reportado en sus informes de transparencia la eliminación periódica de redes de cuentas coordinadas vinculadas a operaciones políticas en distintos países, sin desagregar datos específicos para El Salvador en sus reportes públicos más recientes.
El debate sobre la desinformación digital y su impacto en procesos electorales ha cobrado relevancia en la región, desde Brasil hasta México, donde autoridades electorales han comenzado a incorporar unidades específicas de monitoreo de redes sociales. Ese giro institucional contrasta con la situación salvadoreña, donde el asunto no figura de forma explícita en la agenda legislativa ni en los planes conocidos del TSE.
La reflexión de Aguilar se inserta también en un debate más amplio sobre la salud democrática en El Salvador, un país que según organismos internacionales ha experimentado una concentración de poder en el Órgano Ejecutivo en los últimos años, tras la reelección presidencial habilitada por una interpretación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2021. En ese escenario, la capacidad de la ciudadanía para acceder a información plural en redes sociales adquiere, según analistas, una relevancia adicional.
De cara a los próximos procesos electorales, el señalamiento de Aguilar plantea la pregunta de si el TSE, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) o la Asamblea Legislativa —a través de su bancada mayoritaria y las fracciones minoritarias— impulsarán una discusión sobre la regulación de la propaganda automatizada en redes sociales, un debate que hasta ahora no figura en la agenda pública salvadoreña. Cualquier iniciativa en esa dirección requeriría una reforma al Código Electoral, competencia de las 60 curules del Salón Azul.
Por ahora, las declaraciones de Aguilar no se acompañan de datos técnicos específicos sobre la existencia de granjas de bots operando en El Salvador, y el propio analista enmarcó su intervención como una advertencia preventiva y no como la denuncia de un hecho consumado. Será la evolución de la conversación pública en redes durante los próximos ciclos electorales la que permita evaluar si sus advertencias encuentran correlato en la realidad salvadoreña.
