El dato marca un nuevo hito en una serie que lleva varios años al alza. La afiliación extranjera ha ido ganando peso relativo en el sistema desde la salida de la pandemia, en paralelo a un mercado laboral español que ha encadenado récords sucesivos de ocupación total, según los registros de la Seguridad Social y la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica mensualmente.
El crecimiento se produce en un contexto de fortaleza generalizada del empleo. La Seguridad Social ha superado en los últimos ejercicios los 21 millones de afiliados en su serie desestacionalizada, un nivel sin precedentes en la historia reciente de España que contrasta con la etapa de destrucción de empleo vivida durante la crisis financiera de 2008-2013, cuando la afiliación llegó a caer por debajo de los 16,3 millones, según los registros históricos del propio ministerio.
El aumento del 9,2% interanual en el número de autónomos extranjeros, hasta superar los 531.000, resulta especialmente relevante porque el trabajo por cuenta propia ha sido tradicionalmente una vía de inserción laboral para la población migrante en sectores como la hostelería, el comercio minorista, la construcción y, más recientemente, los servicios de reparto y las plataformas digitales. La proporción del 15,6% sobre el total sitúa a España en una senda de convergencia con otros países europeos de fuerte tradición receptora de inmigración laboral, aunque las comparativas exactas dependen de la metodología de cada Estado: Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, recopila indicadores de población activa nacida en el extranjero que no son directamente equiparables a los registros de afiliación por diferencias de cómputo.
Cuatro décadas de regularizaciones extraordinarias
España no es ajena a los procesos de regularización extraordinaria de migrantes. El país vivió varias oleadas de este tipo desde la Transición, entre ellas las de 1991, 2000, 2001 y 2005, bajo distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, en un contexto de flujos migratorios crecientes procedentes de América Latina, el norte de África y, más tarde, Europa del Este. La regularización de 2005, impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, permitió normalizar la situación de más de 570.000 personas, según datos del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Estos procesos han generado históricamente un intenso debate político y social sobre sus efectos en el mercado laboral, la presión sobre los servicios públicos y el cumplimiento de los compromisos migratorios europeos. La Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y sus sucesivas reformas constituyen el marco normativo básico que regula tanto la situación administrativa de los migrantes como los mecanismos de arraigo y regularización disponibles en la actualidad.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema de pensiones, el incremento de cotizantes extranjeros añade una dimensión adicional. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado en distintos informes que la evolución demográfica española, marcada por el envejecimiento de la población y la baja natalidad, hace necesario un flujo sostenido de nueva afiliación para mantener en niveles sostenibles a medio plazo la relación entre cotizantes y pensionistas.
Las posiciones ante el dato
El Gobierno ha defendido en distintas ocasiones que la incorporación normalizada de estos trabajadores a la Seguridad Social reduce la economía sumergida y refuerza los ingresos del sistema de pensiones, y suele acompañar los datos mensuales de afiliación con mensajes que destacan la fortaleza del empleo y la contribución de la población extranjera. Sectores de la oposición han reclamado, por su parte, mayor transparencia sobre los criterios de las regularizaciones extraordinarias y su impacto en los servicios públicos autonómicos, competencia en gran medida de las comunidades autónomas en materias como sanidad y educación.
Las organizaciones empresariales, entre ellas la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), han defendido en distintos foros la necesidad de una regulación ágil de los flujos migratorios laborales para cubrir la falta de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería y los cuidados de larga duración, ante las dificultades de cobertura de vacantes que reflejan periódicamente las encuestas de coyuntura del Banco de España.
La evolución de los próximos meses será clave para determinar si el repunte de julio responde a un efecto puntual asociado a la tramitación administrativa de la regularización extraordinaria o si consolida una tendencia estructural de crecimiento de la afiliación extranjera. El desglose por nacionalidades, sectores de actividad y comunidades autónomas que habitualmente acompaña a los avances mensuales permitirá precisar el alcance del proceso, en un año en el que el mercado laboral continúa bajo el seguimiento del Banco de España y la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
