El resultado deja un remanente de más de 900 puestos sin cubrir de las cerca de 1.000 plazas convocadas. Ese hueco deberá resolverse por otras vías: una nueva convocatoria de promoción interna, la incorporación mediante turno libre en futuras oposiciones o el mantenimiento de las plazas vacantes durante un periodo prolongado. Ninguna de esas alternativas es inmediata, dado que cualquier nuevo proceso selectivo en la Administración exige la aprobación de una oferta de empleo público, la publicación de las bases en el Boletín Oficial del Estado y plazos de preparación que habitualmente se cuentan en meses.
Cómo funciona la promoción interna
La promoción interna es la vía por la que un funcionario ya integrado en un cuerpo de nivel inferior puede acceder a otro superior sin pasar por el turno libre, mediante concurso-oposición. Su fundamento legal está en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015), que la configura como un derecho de los empleados públicos y una vía de provisión de plazas complementaria a la incorporación de personal externo. En el caso del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, el ascenso supone pasar de categorías auxiliares o administrativas a funciones de mayor responsabilidad en la tramitación de expedientes.
La resolución de aprobados abre ahora, conforme al procedimiento habitual en estos procesos, un plazo para que los candidatos que hayan superado la prueba puedan optar a las plazas ofertadas según su puntuación y las preferencias geográficas o funcionales manifestadas en su solicitud. Los aspirantes no seleccionados podrán presentar alegaciones o recursos en los plazos que marque la propia convocatoria, de acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. No consta, de momento, que se haya presentado recurso alguno contra esta resolución.
La Seguridad Social arrastra desde hace años denuncias sindicales por falta de personal que, en algunos casos, han llegado a los tribunales. En julio de 2026, un juzgado condenó al organismo por el estrés sufrido por una funcionaria de La Palma a causa de la carencia de efectivos en su centro de trabajo, un episodio que los sindicatos han empleado para ilustrar la sobrecarga de las oficinas de atención al público y de tramitación de prestaciones. La escasa cobertura de las plazas de promoción interna se suma ahora a ese diagnóstico, al no reforzar el personal en los puestos de gestión.
Los sindicatos con representación en la Administración —CSIF, CC OO y UGT, principalmente— reclaman desde hace tiempo una revisión de los temarios y de los sistemas de acceso a los cuerpos superiores, con el argumento de que las pruebas no siempre se ajustan a las funciones reales del puesto. Ninguna de estas organizaciones ha realizado hasta el momento una valoración pública específica sobre esta resolución. El precedente de quejas por procesos selectivos en otros cuerpos —Hacienda, Justicia o la propia Seguridad Social en convocatorias anteriores— hace previsible que el resultado se trate en las mesas de negociación sindical de las próximas semanas.
La Seguridad Social gestiona uno de los mayores volúmenes de personal de toda la Administración española, con efectivos repartidos entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social y otros organismos dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cobertura efectiva de las plazas de gestión es clave para la tramitación de pensiones, prestaciones por incapacidad, jubilaciones y otros trámites que afectan directamente a millones de ciudadanos, por lo que una vacante persistente en casi mil puestos técnicos incide en los tiempos de resolución de expedientes.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha ofrecido hasta el momento una explicación pública sobre las causas del bajo porcentaje de aprobados ni sobre las medidas previstas para cubrir las plazas vacantes. Tampoco ha precisado si convocará un nuevo proceso de promoción interna a corto plazo o si las plazas no cubiertas se acumularán a la siguiente oferta de empleo público, un mecanismo habitual cuando un proceso selectivo no logra cubrir todas las vacantes.
Este tipo de desajustes no es inédito en la función pública española. En procesos de promoción interna de otros cuerpos de la Administración General del Estado se han registrado en el pasado tasas de aprobados bajas cuando el nivel de exigencia de las pruebas se elevaba de forma notable respecto a convocatorias anteriores, lo que en ocasiones ha derivado en recursos administrativos de los aspirantes suspendidos y en revisiones posteriores de los criterios de corrección.
A partir de ahora, la atención se centrará en si la Seguridad Social decide convocar un nuevo proceso para intentar cubrir las plazas vacantes y en qué plazo lo hace, así como en la respuesta que puedan dar los sindicatos en las mesas de negociación sobre la revisión de los temarios y las condiciones de acceso al Cuerpo de Gestión. El desenlace dependerá en última instancia de las decisiones que adopte el Ministerio en las próximas semanas.
