La controversia ha marcado el arranque de la legislatura andaluza, que comenzó con tensión entre los grupos parlamentarios a cuenta de este asunto y con un plantón del PSOE a la nueva presidenta de la Junta durante los actos de constitución de la cámara. La coincidencia entre el inicio de la actividad parlamentaria y la polémica por el incendio ha condicionado el tono de las primeras sesiones, con el Gobierno autonómico obligado a responder desde el primer momento sobre la cronología de los hechos.
Según fuentes socialistas, el documento elaborado por la Guardia Civil apuntaría a un desfase temporal entre el momento en que se constató la necesidad de evacuar a los primeros vecinos y el instante en que la Junta declaró formalmente el nivel 1 de emergencia, el escalón que refuerza la movilización de medios autonómicos y la coordinación con Protección Civil. El PSOE sostiene que ese margen de tres horas resulta incompatible con los protocolos de respuesta que deberían regir ante un incendio con riesgo para la población.
Los socialistas establecieron un paralelismo con la dana que asoló distintas comarcas de la provincia de Valencia en octubre de 2024, en la que la tardanza en el envío de alertas a los teléfonos móviles fue uno de los elementos más cuestionados. "Tememos que esas tres horas de vacío hayan podido costar vidas", advirtieron desde el PSOE, en una comparación con la que buscan subrayar la gravedad que atribuyen a los tiempos de reacción institucional.
La Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, no ha confirmado ni desmentido públicamente el contenido del informe. Fuentes del Ejecutivo autonómico defendieron en sede parlamentaria que la respuesta operativa se ajustó a los protocolos vigentes y reclamaron prudencia antes de extraer conclusiones políticas de un documento cuyo alcance y metodología, sostienen, no han sido explicados en detalle. El Gobierno regional emplaza cualquier valoración definitiva a las conclusiones de los cuerpos técnicos y de seguridad competentes.
Cómo funcionan los niveles del Plan Infoca
La gestión de incendios forestales en Andalucía se articula en torno al Plan Infoca, dependiente de la consejería con competencias en medio ambiente, que estructura la respuesta en niveles de gravedad —desde el nivel 0 hasta la emergencia declarada— en función de la superficie afectada, la proximidad a núcleos habitados y el riesgo para vidas humanas. La declaración del nivel 1 implica la puesta en marcha de recursos adicionales de extinción y la coordinación con los servicios de Protección Civil municipales y autonómicos, así como, en su caso, la orden de evacuación preventiva de la población en riesgo.
Los precedentes de incendios forestales con víctimas o daños severos en España han derivado históricamente en comisiones de investigación parlamentarias, tanto autonómicas como estatales. El caso más reciente y de mayor repercusión es el de la dana valenciana de 2024, cuya comisión en las Cortes Valencianas analizó durante meses los protocolos de alerta temprana y las cadenas de mando. Episodios anteriores, como los grandes incendios de Galicia en 2006 o el de Doñana en 2017, motivaron igualmente revisiones de los planes de emergencia autonómicos.
Fuentes parlamentarias de otros grupos de la cámara andaluza pidieron que la investigación, de aprobarse, se circunscriba a los hechos y evite convertirse en un instrumento de desgaste entre partidos, dado el clima de confrontación con el que ha arrancado la legislatura. La oposición socialista, por su parte, insistió en que su petición busca esclarecer la cadena de decisiones y no anticipa un juicio sobre responsabilidades penales, que corresponderían en su caso a la autoridad judicial competente si se apreciaran indicios de negligencia.
El Parlamento de Andalucía deberá decidir en las próximas semanas si constituye una comisión de investigación específica sobre el incendio de Almería, un trámite que requiere el respaldo de una mayoría suficiente de la cámara y que, de salir adelante, obligaría a comparecer a responsables de la consejería competente, mandos del Infoca y representantes de la Guardia Civil y Protección Civil implicados en la gestión del suceso.
Mientras tanto, la Junta ha anunciado que remitirá a la cámara la documentación oficial sobre la cronología de la emergencia, incluidos los partes de activación del dispositivo y las comunicaciones cursadas con los ayuntamientos afectados, con el fin de despejar las dudas planteadas por la oposición. El calendario de comparecencias y la eventual creación de la comisión marcarán las próximas semanas de actividad parlamentaria en Andalucía, en un contexto político tensionado ya desde la sesión constitutiva de la legislatura.
