El estrecho de Ormuz, un corredor de apenas 33 kilómetros de anchura en su punto más angosto entre Irán y Omán, concentra desde hace décadas una de las mayores vulnerabilidades del sistema energético mundial. Por sus aguas circulan los cargamentos de crudo de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y el propio Irán, además de una parte sustancial del gas natural licuado que exporta Catar. Cualquier interrupción, aun parcial, tiene capacidad de disparar los precios internacionales del petróleo en cuestión de horas, como ha ocurrido en episodios anteriores.
La amenaza de que Teherán pueda cerrar o dificultar el paso no es nueva. Irán ha recurrido a esa posibilidad como instrumento de disuasión desde la guerra Irán-Irak de los años ochenta, cuando ambos países atacaron petroleros en lo que se conoció como la 'guerra de los petroleros'. Más recientemente, en 2019, varios buques mercantes sufrieron sabotajes en la zona en un contexto de máxima tensión tras la retirada estadounidense del acuerdo nuclear de 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés).
La diferencia con episodios pasados radicaría en el tono empleado ahora por Trump. El mandatario, que en su primer mandato y en el actual ha recurrido de forma reiterada a fijar fechas límite para sus exigencias a Teherán —desde la renegociación del programa nuclear hasta el cese del apoyo iraní a milicias en la región—, habría optado esta vez por advertencias más difusas, sin comprometerse a un calendario concreto de represalias o negociación. El cambio respondería al desgaste que ha supuesto para la credibilidad de Washington el incumplimiento de ultimátums anteriores, cuyos plazos vencieron sin que se materializaran las consecuencias anunciadas.
El temor a un shock energético global
La preocupación de fondo remite a un escenario que los mercados vigilan desde hace años: un cierre, aunque fuera temporal, tendría un impacto inmediato sobre el precio del barril de petróleo Brent y sobre el suministro de economías altamente dependientes de las importaciones, como buena parte de Asia oriental y la Unión Europea. El Banco Central Europeo ha advertido en sus informes de estabilidad financiera sobre la sensibilidad de la inflación europea a los shocks energéticos derivados de tensiones en Oriente Próximo.
Estados Unidos ha reducido en las dos últimas décadas su dependencia del petróleo de Oriente Próximo gracias al auge de la producción de esquisto, según datos de la propia EIA, lo que le otorga hoy un margen distinto al de administraciones anteriores. Un repunte global de los precios del crudo, sin embargo, golpearía igualmente a la economía estadounidense a través de la inflación y de los mercados financieros, algo que la Casa Blanca no puede ignorar en un año en el que la política económica interna centra buena parte de la agenda de Trump.
Irán no ha ofrecido declaraciones oficiales que confirmen una intención explícita de bloquear el estrecho, y representantes del país han insistido en distintas ocasiones en que la libertad de navegación en Ormuz no está en cuestión salvo en un escenario de agresión directa contra su territorio. La propia economía iraní depende en gran medida de las exportaciones de crudo que también transitan por ese corredor, lo que limitaría el interés de Teherán en un cierre prolongado.
La escalada retórica no puede desligarse del colapso del acuerdo nuclear de 2015. Estados Unidos se retiró del JCPOA en 2018, durante el primer mandato de Trump, y restableció las sanciones que el resto de firmantes —Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, China y la Unión Europea— trataron sin éxito de mantener con vida. Desde entonces, Irán ha incrementado de forma gradual su nivel de enriquecimiento de uranio, según sucesivos informes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en cotas que superan ampliamente los límites fijados originalmente por el pacto.
En paralelo, la presión sobre Teherán se cruza con otro frente diplomático abierto por Washington: Trump ha condicionado el avance hacia un eventual acuerdo nuclear civil con Arabia Saudí a la normalización de relaciones entre Riad y Israel. Esa exigencia se enmarca en la estela de los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 entre Israel y varios países árabes con mediación estadounidense, que Washington aspira a ampliar a Arabia Saudí como pieza central de su arquitectura regional.
Riad ha condicionado en repetidas ocasiones cualquier normalización con Israel a avances tangibles hacia la creación de un Estado palestino, una posición que mantiene públicamente desde la Iniciativa de Paz Árabe de 2002. Esa exigencia sitúa a Arabia Saudí en un equilibrio entre su alianza estratégica con Estados Unidos y su liderazgo simbólico en el mundo árabe y musulmán.
El papel de la OTAN en este escenario es limitado, dado que el conflicto queda fuera de su área de responsabilidad directa, aunque varios de sus miembros europeos mantienen presencia naval en el golfo Pérsico dentro de misiones internacionales de vigilancia marítima, como la operación Agénor, liderada por Francia desde 2020 tras los ataques a petroleros en la zona. Naciones Unidas no ha emitido hasta la fecha resolución específica sobre la actual escalada verbal, si bien el Consejo de Seguridad ha abordado en el pasado incidentes de seguridad marítima bajo el paraguas de la libertad de navegación reconocida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
El episodio se enmarca en una dinámica de presión que ambos países han repetido cíclicamente desde 2018, sin que hasta ahora haya derivado en un cierre efectivo del estrecho ni en una confrontación militar directa. Los mercados energéticos seguirán atentos en las próximas semanas a si la escalada retórica se traduce en movimientos concretos —nuevas sanciones, despliegues militares adicionales o algún gesto de distensión—, que despejen la incertidumbre sobre el suministro global de crudo.
