El nuevo frente abierto por la Audiencia Nacional durante la madrugada añade una capa de complejidad que nadie en Ferraz había previsto. Anticorrupción ha solicitado formalmente a la Audiencia las grabaciones y las actas taquigráficas de las declaraciones de Víctor de Aldama y Koldo García ante el Tribunal Supremo, argumentando que contienen indicios relevantes sobre pagos irregulares al PSOE que exceden el perímetro del caso Koldo tal como fue definido por el instructor. La petición de Anticorrupción se basa en las referencias que Koldo hizo durante su turno de última palabra a las «chistorras» — el eufemismo que utilizó para referirse a fajos de billetes de 500 euros — y en las alusiones de Aldama a una «caja paralela» de financiación del partido. Estos datos, que en el contexto del juicio del Supremo eran periféricos porque la causa estaba centrada en la malversación de contratos de mascarillas, cobran una dimensión completamente distinta si la Audiencia Nacional los incorpora a una investigación independiente sobre financiación irregular.
Las implicaciones parlamentarias de este nuevo frente son explosivas. Si la Audiencia Nacional abre diligencias por financiación irregular del PSOE basándose en testimonios producidos durante el juicio del Koldo, la presión sobre el Gobierno se multiplicará exponencialmente. No se trataría ya solo de la responsabilidad penal de Ábalos, Koldo y Aldama, sino de la posible responsabilidad institucional del partido en cuanto organización. Los precedentes son claros: la sentencia del caso Gürtel, que estableció la responsabilidad penal del PP como partícipe a título lucrativo, fue el detonante directo de la moción de censura de 2018. Si la Audiencia Nacional detecta indicios de que el PSOE se benefició de pagos canalizados a través del entramado de Koldo, el paralelismo con Gürtel sería devastador para Sánchez. La ironía histórica no escapa a nadie en Moncloa: Sánchez llegó al poder utilizando una condena por corrupción del PP como palanca de una moción de censura, y ahora podría enfrentarse a un escenario simétrico con su propio partido en el banquillo.
Armengol ha mantenido durante meses que su gestión como presidenta del Govern balear fue correcta y que las compras de mascarillas se realizaron en un contexto de emergencia sanitaria que justificaba procedimientos abreviados. Pero la sentencia del Koldo, si confirma la tesis de Anticorrupción de que la cadena de suministro estaba contaminada por intereses corruptos desde su origen, erosionará esa defensa aunque no la destruya formalmente. La conexión entre Armengol y el caso Koldo es circunstancial — la expresidenta balear no está procesada ni investigada —, pero en la aritmética parlamentaria actual, donde el Gobierno depende de cada voto, las circunstancias pesan tanto como las pruebas. Fuentes del PP han confirmado a El Hemiciclo que Feijóo pedirá formalmente la dimisión de Armengol en un plazo de cuarenta y ocho horas si la sentencia es condenatoria. La petición será simbólica — el PP no tiene votos para destituirla —, pero su objetivo es erosionar la legitimidad de la Mesa del Congreso como institución neutral.
En el Tribunal Supremo, los preparativos para la lectura alcanzan esta mañana un nivel de precisión casi quirúrgico. Los 247 periodistas acreditados pasarán por un control de seguridad con arcos detectores y registro de equipos. No se permitirán teléfonos móviles en la sala durante la lectura — una medida excepcional que Marchena ha adoptado para evitar filtraciones parciales que distorsionen la percepción del fallo —. Los taquígrafos del tribunal tienen instrucciones de transcribir la lectura en tiempo real para distribución inmediata a las agencias. Las tres cámaras del pool televisivo — TVE, Antena 3, Telecinco — transmitirán en directo. La presencia de corresponsales de la BBC, Le Monde, la RAI y el New York Times subraya que el caso Koldo ha trascendido las fronteras españolas para convertirse en un referente internacional de la lucha contra la corrupción en democracias maduras.
La unanimidad del fallo, confirmada en la noche del miércoles, es el dato jurídico más relevante desde la perspectiva parlamentaria. Los cinco magistrados de la Sala Segunda han respaldado sin reservas los tres bloques de la sentencia: malversación, cohecho y prevaricación. No hay votos particulares. No hay matices discrepantes. La unanimidad convierte la sentencia en lo que los procesalistas denominan un bloque de granito jurídico: extraordinariamente difícil de erosionar en instancias superiores. Para el Congreso, esto significa que la fase de recursos — Tribunal Constitucional, posiblemente TEDH — será larga pero probablemente infructuosa, y que los efectos políticos de la sentencia comenzarán a producirse desde el minuto uno sin el amortiguador de la división judicial.
El dispositivo policial desplegado en la calle del Marqués de la Ensenada refleja la excepcionalidad de la jornada. Cuarenta agentes de la Policía Nacional, organizados en tres anillos de seguridad, controlan el acceso al edificio desde las siete de la mañana. La delegación del Gobierno en Madrid ha coordinado con la Policía Municipal un plan de tráfico alternativo que desvía los vehículos desde la calle Génova hacia Recoletos para evitar atascos frente al tribunal. Dos ambulancias del SAMUR permanecen en standby en las inmediaciones, un protocolo que solo se activa cuando se prevé una alta concentración de personas y estrés emocional. Frente al edificio, varios grupos reducidos de ciudadanos — ninguno organizado políticamente, según fuentes policiales — se han congregado de forma espontánea con pancartas que oscilan entre el apoyo a Ábalos y la exigencia de máxima dureza judicial.
A las ocho y cuarenta y cinco, quince minutos antes de la apertura de puertas de la sala de plenos, Marchena se encontraba ya en su despacho con la sentencia impresa, encuadernada y lista para ser leída. Según fuentes del tribunal, el presidente de la Sala Segunda desayunó a las siete con un café solo y una tostada en la cafetería del Supremo, donde intercambió breves palabras con dos de los magistrados que componen la sala. La conversación, según estas fuentes, fue trivial — sobre el tiempo y el tráfico matutino —, como corresponde a un tribunal que ya ha deliberado, votado y cerrado su posición. Para Marchena, la lectura de esta mañana es un acto procesal más, la culminación técnica de un trabajo jurídico que los cinco magistrados llevan semanas perfeccionando. Para el resto de España, es mucho más que eso.
El reloj del hemiciclo del Congreso marcaba las ocho y treinta y un minutos cuando Armengol llegó a su despacho por la puerta lateral que da al jardín interior. Según fuentes parlamentarias, la presidenta del Congreso llevaba un café en la mano y una carpeta azul bajo el brazo. No había dormido bien. Su agenda del jueves, que hasta anoche incluía una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios a las once, había sido vaciada por completo. Solo quedaba un acto programado: recibir la sentencia. Todo lo demás dependía de lo que dijera esa sentencia. Si la condena era firme — y todas las fuentes coincidían en que lo sería —, Armengol tendría que decidir si hacía una declaración institucional o si guardaba silencio. Si Feijóo pedía su dimisión — y todas las fuentes coincidían en que lo haría —, tendría que decidir si la rechazaba frontalmente o si la matizaba con una referencia a su inocencia personal. Si la Audiencia Nacional abría diligencias por los pagos del PSOE — algo que dependía del fallo del Supremo —, tendría que decidir si su posición en la Mesa del Congreso era compatible con la investigación de su propio partido. En noventa minutos, Francina Armengol sabría cuántas de esas decisiones tendría que tomar de golpe.
