El argumento del PSOE era, en apariencia, sólido: la comparecencia de Montero ante una comisión de investigación en el Senado vulneraba el principio de neutralidad del periodo preelectoral, dado que Andalucía celebra elecciones autonómicas en mayo y Montero es, además de ministra, secretaria general del PSOE andaluz. Los socialistas sostenían que la citación estaba diseñada para 'generar un daño electoral directo a la candidata del PSOE-A' y que constituía un 'uso partidista de las instituciones del Estado' por parte del PP, que controla la mayoría del Senado.
El órgano arbitral ha recordado que las funciones de control parlamentario tienen carácter permanente y no pueden suspenderse por la convocatoria de un proceso electoral en una comunidad autónoma. 'El Senado no es un órgano autonómico ni está sujeto al calendario electoral de Andalucía', reza el texto de la resolución, que continúa: 'La condición de candidata de la compareciente no inhabilita ni postpone el ejercicio legítimo de la función de control que corresponde a la Cámara Alta'.
Los cinco votos discrepantes, todos ellos de vocales designados a propuesta del PSOE, han firmado un voto particular en el que advierten de un 'riesgo cierto de instrumentalización electoral' y piden que la comparecencia se aplace al menos hasta después del 25 de mayo, fecha de las elecciones andaluzas. El voto particular, no obstante, reconoce que 'la jurisprudencia de la propia Junta Electoral no avala de forma clara la suspensión solicitada'.
En el PP, la resolución ha sido recibida con satisfacción contenida. El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha emitido un comunicado en el que se limita a 'tomar nota de la resolución' y a confirmar que la comisión de investigación de la SEPI mantendrá la citación para el domingo 20 de abril a las 11:00. Los populares evitan, de momento, el triunfalismo, porque saben que el foco mediático se trasladará ahora a lo que Montero diga —o no diga— en esa comisión.
El caso SEPI, para quien no haya seguido los detalles, gira en torno a las inversiones y decisiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales durante el periodo en el que Montero ejercía como ministra de Hacienda. La comisión del Senado investiga, en particular, tres operaciones: el rescate de Air Europa, la ampliación de capital de Navantia y la adjudicación de un contrato de consultoría tecnológica que el PP considera opaco. Montero ha rechazado en varias ocasiones que existiera irregularidad alguna y ha calificado la comisión de 'teatro político sin sustancia'.
Pero la cuestión de fondo —si el calendario electoral debe o no condicionar la actividad parlamentaria ordinaria— trasciende con mucho el caso particular de Montero. En una legislatura en la que se acumulan procesos electorales casi de continuo —municipales, autonómicas, europeas, referéndums catalanes no vinculantes—, el principio de neutralidad preelectoral, pensado para proteger la igualdad de armas entre candidatos, puede terminar convertido en un escudo permanente contra el control parlamentario. Y eso, advierten los constitucionalistas, sería una paradoja mucho más peligrosa que cualquier comparecencia en el Senado.
Para Montero, el dilema táctico es doble. Si acude el domingo y responde con solvencia, saldrá fortalecida ante el electorado andaluz: habrá demostrado que no teme al control. Si, por el contrario, se acoge a su derecho a no contestar preguntas que considere comprometidas —lo que es perfectamente legal en una comisión de investigación—, el PP obtendrá las imágenes que busca y la precampaña andaluza se teñirá del color que los populares han elegido: el color de la sospecha.
La estrategia del PSOE, según fuentes de la dirección del partido, será ahora girar el relato: convertir la comparecencia en un 'acto de transparencia' y presentar a Montero como 'la única ministra que da la cara'. Es una apuesta arriesgada, porque el guion de la comisión lo escriben los senadores del PP, que tienen mayoría y control del turno de preguntas. Pero es también la única salida posible una vez que la Junta Electoral ha cerrado la puerta del aplazamiento.
El Hemiciclo seguirá en directo la comparecencia del domingo. Lo que ocurra en esa sala del Senado no solo determinará parte de la precampaña andaluza; también sentará un precedente sobre la relación entre control parlamentario y calendario electoral que pesará en las próximas legislaturas. Porque la pregunta que deja esta resolución es más grande que Montero, que la SEPI y que Andalucía: ¿puede un cargo público protegerse de rendir cuentas con solo anunciar que se presenta a unas elecciones?
