La espiral que precedió al alto el fuego
El detonante inmediato de la ronda de ataques fue la operación israelí contra posiciones de Hizbulá en Beirut, el movimiento armado libanés respaldado y financiado por Teherán. Irán había advertido públicamente que cualquier acción militar israelí significativa contra su aliado más cercano en el Mediterráneo oriental desencadenaría una respuesta directa desde suelo iraní, rompiendo así la pauta de guerra por delegación que había caracterizado las dos décadas anteriores de confrontación entre ambos países.
Teherán cumplió esa advertencia lanzando una serie de misiles balísticos hacia territorio israelí. Según datos del Ministerio de Defensa israelí, Israel cuenta con al menos tres capas de defensa antimisiles —Arrow 3, Arrow 2 y el sistema David's Sling—, diseñadas específicamente para interceptar amenazas balísticas de largo alcance procedentes de Irán, cuya distancia a Tel Aviv supera los 1.600 kilómetros en línea recta. La efectividad de esas defensas en los ataques recientes no ha sido certificada de forma independiente en el momento de cierre de esta edición.
La Fuerza Aérea israelí respondió con ataques sobre objetivos en territorio iraní, en lo que constituyó uno de los intercambios directos de mayor intensidad entre los dos Estados desde la Revolución Islámica de 1979. Aquel año marcó el inicio de la enemistad estructural: el régimen del ayatolá Jomeini rompió los lazos que el Sha mantenía con Israel —entonces uno de los pocos países de mayoría musulmana con relaciones diplomáticas plenas con Tel Aviv— y convirtió la hostilidad hacia el Estado hebreo en piedra angular de su política exterior.
La presión de Washington y el papel de Trump
La intervención de Donald Trump fue determinante para frenar la escalada. El presidente estadounidense, que había regresado a la Casa Blanca en enero de 2025, exigió públicamente el cese inmediato de los ataques mediante una declaración directa dirigida a ambas partes. La presión de Washington sobre Israel resulta estructuralmente decisiva: según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Estados Unidos es el principal suministrador de armamento a Israel, con una ayuda militar que históricamente ha superado los 3.800 millones de dólares anuales bajo los sucesivos Memorandos de Entendimiento firmados desde 1998.
Con Irán, el canal es distinto pero igualmente determinante. Washington no mantiene relaciones diplomáticas con Teherán desde la crisis de los rehenes de 1979-1981, pero dispone de canales indirectos —a través de Qatar, Omán y Suiza, que gestiona los intereses estadounidenses en Irán— por los que ha canalizado advertencias y negociaciones en momentos de máxima tensión. El acuerdo nuclear de 2015, conocido como JCPOA, fue precisamente el resultado más visible de esa diplomacia de trastienda, aunque Estados Unidos se retiró del pacto en 2018 bajo la primera presidencia de Trump, lo que aceleró el programa de enriquecimiento de uranio iraní hasta niveles próximos al grado militar según la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).
La posición de Trump en esta crisis presenta una lógica transaccional característica de su estilo de gobierno: por un lado, mantiene un apoyo incondicional declarado a Israel; por otro, ha manifestado en repetidas ocasiones su voluntad de alcanzar un 'gran acuerdo' con Irán que evite un conflicto regional de consecuencias impredecibles para los mercados de energía y para la presencia militar estadounidense en Oriente Próximo, donde Washington mantiene bases en Qatar, Bahréin, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Iraq.
Geografía del conflicto: por qué cada kilómetro importa
La geografía estratégica subyacente explica por qué este conflicto no puede reducirse a un enfrentamiento bilateral. El estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), queda bajo influencia iraní directa. Cualquier escalada que afecte a la capacidad operativa del régimen en esa zona repercute de forma inmediata en los precios del crudo y, por extensión, en la inflación energética europea, cuya dependencia de los hidrocarburos del Golfo Pérsico se mantiene estructural pese a la diversificación acelerada tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.
Israel, por su parte, controla una franja costera del Mediterráneo oriental estratégica para los nuevos corredores de gas natural —en particular los yacimientos Leviathan y Tamar, operados por Chevron y socios israelíes— que Bruselas contempla como alternativa parcial al gas ruso. El gasoducto EastMed, cuyo proyecto fue respaldado por la Comisión Europea aunque luego perdió impulso político, ilustra hasta qué punto la estabilidad israelí está ligada a los intereses energéticos de la UE.
El Líbano, donde opera Hizbulá y donde se produjo el ataque israelí que desencadenó la respuesta iraní, es además la frontera norte de Israel y el flanco sur de Siria, país cuya guerra civil desde 2011 ha convertido la región en un tablero de influencias simultáneas de Irán, Rusia, Turquía y Estados Unidos. Teherán ha construido en ese territorio un corredor terrestre —conocido informalmente como el 'corredor chiita'— que conecta Irán con Iraq, Siria y Líbano, y que Israel considera una amenaza existencial por permitir el traslado de armamento a Hizbulá.
Precedentes históricos: cuando la disuasión dejó de ser suficiente
El intercambio directo de ataques entre Israel e Irán no tiene un equivalente exacto en la historia reciente, pero sí precedentes que permiten calibrar su gravedad. En abril y octubre de 2024 se produjeron los primeros ataques directos mutuos de la historia entre ambos países: Irán lanzó en abril más de 300 drones y misiles contra Israel —la gran mayoría interceptados— y en octubre Israel respondió con ataques sobre infraestructuras militares iraníes. Aquella secuencia rompió décadas de guerra encubierta, sabotajes, asesinatos de científicos nucleares y operaciones de inteligencia que habían mantenido el conflicto por debajo del umbral bélico convencional.
El antecedente más cercano en términos de lógica diplomática es la Guerra del Yom Kipur de 1973, cuando la intervención directa de las superpotencias —Estados Unidos en el lado israelí y la URSS en el árabe— forzó un alto el fuego antes de que el conflicto derivara en una confrontación nuclear. Hoy, con una arquitectura de seguridad global más fragmentada y sin el orden bipolar que obligaba a una contención rígida, la capacidad de cualquier potencia para imponer un cese unilateral es menor, lo que hace más significativa la efectividad —al menos provisional— de la presión de Trump.
Posiciones de las partes y margen de maniobra
El Gobierno israelí, encabezado por Benjamín Netanyahu, ha justificado sus acciones dentro de la doctrina de seguridad conocida como 'campaña entre guerras' (mabam en hebreo), que autoriza operaciones preventivas para degradar capacidades enemigas antes de que puedan emplearse contra Israel. Netanyahu enfrenta simultáneamente una presión interna intensa —con protestas sostenidas de la sociedad civil y un proceso judicial por corrupción en curso— y la necesidad de proyectar firmeza ante sus socios de coalición de extrema derecha, que han amenazado con retirar su apoyo si perciben concesiones.
Irán, cuyo presupuesto de defensa el SIPRI estimaba en torno a los 10.000 millones de dólares anuales antes de la última ronda de sanciones —una fracción de los más de 24.000 millones de Israel, que incluyen la ayuda estadounidense—, opera bajo la lógica de la disuasión y la proyección regional. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que controla el programa balístico y la red de milicias proxy, actúa con autonomía parcial respecto al aparato diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que añade una variable de imprevisibilidad a cualquier acuerdo alcanzado a nivel político.
La Unión Europea, que no ha tenido un papel directo en la mediación de este alto el fuego, ha mantenido una posición de llamamiento al diálogo y a la desescalada. El Alto Representante para Asuntos Exteriores ha reclamado en varias ocasiones una solución diplomática, pero la UE carece de los instrumentos de presión —financieros y militares— que hacen efectiva la influencia estadounidense sobre ambas partes. La política europea en el conflicto árabe-israelí está además fragmentada internamente: mientras Alemania y Austria han mantenido históricamente una posición de apoyo incondicional a Israel ligada a la memoria del Holocausto, países como España, Irlanda o Bélgica han adoptado posiciones más críticas con la conducta militar israelí.
Qué determina la solidez del cese de hostilidades
El alto el fuego anunciado carece, en el momento de redactar esta pieza, de un mecanismo de verificación internacional. No hay evidencia pública de que se haya activado ningún protocolo de la ONU —cuyo Consejo de Seguridad ha estado bloqueado en numerosas ocasiones por el veto estadounidense en asuntos relacionados con Israel— ni de que exista una hoja de ruta acordada para abordar las causas estructurales del conflicto. La experiencia histórica con los ceses de fuego en Oriente Próximo —desde el Líbano de 2006 hasta Gaza en múltiples episodios— indica que la ausencia de un marco político de fondo convierte estas pausas en intervalos entre rondas de violencia.
Los próximos hitos críticos incluyen la evolución del programa nuclear iraní, que la AIEA ha certificado que ha superado los límites del JCPOA en pureza de enriquecimiento, y la posibilidad de que Trump retome las conversaciones directas con Teherán que exploró durante su primer mandato sin llegar a un acuerdo. En el plano militar, la comunidad de inteligencia israelí monitorizará la reposición de arsenales de Hizbulá a través del corredor sirio, que ha sido el pretexto operativo de la mayoría de los ataques israelíes en la región durante los últimos años. La estabilidad de este alto el fuego dependerá, en última instancia, de si Washington mantiene la presión sobre ambas partes o si el foco diplomático de la administración Trump se desplaza hacia otros frentes.
