Entre los condenados figura José Luis Alemán Mejía, señalado en el proceso como corredor de programa —posición de mando intermedio dentro de la jerarquía de la MS que coordina varias células o clicas en un territorio determinado—, quien recibió la pena máxima de 45 años de prisión. Junto a él, otros cinco acusados identificados como corredores de clica —encargados de dirigir una célula específica de la estructura— también fueron sentenciados a 45 años cada uno, la duración máxima contemplada por el ordenamiento penal salvadoreño para esta acumulación de delitos.
El caso se ventiló ante un tribunal especializado en crimen organizado, jurisdicción que en años recientes ha concentrado el conocimiento de causas vinculadas a estructuras pandilleriles. Estos tribunales, cuya competencia abarca San Salvador y otras sedes designadas, fueron dotados de facultades para procesar causas masivas contra integrantes de pandillas, muchas de ellas derivadas de capturas realizadas durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
La zona señalada en el proceso conforma un corredor costero e interior del departamento de La Paz que combina actividad agrícola, pesquera y turística. La mención expresa de La Puntilla, un destino de playa en la zona de San Luis La Herradura, ilustra cómo la estructura extendía su control extorsivo incluso sobre negocios vinculados al turismo, sector que el Órgano Ejecutivo ha impulsado como eje de reactivación económica.
Los delitos atribuidos a la estructura —homicidio, desaparición de personas, extorsión y tráfico de drogas— constituyen el núcleo típico de las acusaciones contra células de la MS en el país, perseguidos bajo el Código Penal y la Ley Especial contra el Delito de Extorsión. La imputación por desapariciones remite a un patrón que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha señalado como recurrente en zonas de control pandilleril, donde en numerosos casos las víctimas eran ocultadas para evitar el hallazgo de los cuerpos.
La condena se enmarca en la ofensiva del Estado salvadoreño contra las pandillas, iniciada formalmente con la declaratoria del régimen de excepción tras la ola de homicidios de finales de marzo de 2022. Desde entonces, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada han capturado, según cifras oficiales difundidas por Casa Presidencial, a más de 80,000 personas señaladas de pertenecer a estructuras pandilleriles, aunque organizaciones de derechos humanos han documentado también casos de capturas de personas sin vínculos comprobados y han reclamado revisiones judiciales individualizadas.
El régimen de excepción, aprobado inicialmente por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 al amparo del artículo 29 de la Constitución, suspende garantías como la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho de asociación y el plazo máximo de detención administrativa. Desde entonces ha sido prorrogado de manera consecutiva por el Salón Azul, con el respaldo mayoritario de la fracción legislativa oficialista.
Las sentencias colectivas contra clicas completas marcan una diferencia frente a los procesos previos a 2019, cuando las condenas por pertenencia a pandillas solían tramitarse de forma individual o en grupos reducidos y enfrentaban mayores obstáculos probatorios, entre ellos el temor de testigos a declarar por represalias. La creación de tribunales especializados y la ampliación de figuras como el testigo criteriado han permitido, según la Fiscalía General de la República (FGR), acelerar causas que antes se prolongaban varios años sin resolución.
Reparos de la defensa y control constitucional
Sectores de la defensa pública y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la celeridad de estos procesos masivos, al alegar limitaciones al derecho de defensa individualizada en audiencias donde decenas de acusados son juzgados de manera conjunta. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha admitido a trámite en años anteriores diversos recursos de hábeas corpus vinculados a capturas realizadas durante el régimen de excepción, aunque no consta un pronunciamiento específico sobre el proceso de La Paz.
La condena se suma a una serie de sentencias contra estructuras de la MS y del Barrio 18 dictadas en distintos departamentos durante los últimos dos años. El Órgano Ejecutivo ha presentado estas resoluciones como evidencia de su estrategia de seguridad, mientras que defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de garantizar el debido proceso en cada caso individual.
No consta en la información disponible si los condenados o sus defensores han anunciado recursos de apelación ante la Cámara correspondiente, trámite previsto en el Código Procesal Penal dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia. Tampoco se ha precisado en qué centros penales cumplirán la pena los sentenciados, aunque la práctica reciente de las autoridades penitenciarias ha sido concentrar a integrantes de estructuras pandilleriles en centros de máxima seguridad, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en 2023.
