La medida, aprobada esta misma mañana en el Consejo de Ministros, es la más ambiciosa en materia migratoria de los últimos quince años. Afecta a personas que se encuentran en situación administrativa irregular en territorio español y que puedan acreditar arraigo, trabajo o formación. La cifra oficial que manejan en el Ministerio de Inclusión es de 470.000 beneficiarios potenciales, aunque fuentes sindicales elevan el dato hasta los 600.000.
El nudo polémico está en ese requisito añadido en el último momento. El texto que el Gobierno había consultado previamente con las principales asociaciones del tercer sector y con los agentes sociales no incluía el 'informe de vulnerabilidad'.
¿Qué es ese informe? En la práctica, un documento que deberá expedir una ONG habilitada por el Ministerio tras entrevistar al solicitante y valorar su 'situación objetiva de riesgo social'. La lista de organizaciones autorizadas —Cáritas, Cruz Roja, CEAR, Accem, ACCEM, Cepaim, Red Acoge, entre otras— se publicará en una orden ministerial prevista para dentro de dos semanas. La crítica, por tanto, llega desde dos flancos.
Desde la derecha, el PP ha denunciado que la medida 'privatiza' un trámite administrativo que debería ser competencia exclusiva de la Administración, y ha anunciado que estudiará impugnar el decreto si alguna comunidad autónoma gobernada por los populares se ve obligada a ejecutarlo. Vox, más tajante, ha calificado la regularización de 'efecto llamada' y ha pedido un recurso inmediato al Tribunal Constitucional.
Desde la izquierda, y desde buena parte del propio sector, la crítica es casi simétrica pero con otro fondo. El temor es que las ONG acaben convertidas en 'filtro' administrativo del Gobierno y que pierdan su función natural de acompañamiento. 'No queremos ser policía de fronteras', ha resumido una de las asociaciones consultadas esta mañana. Sumar, que había apoyado la regularización desde el principio, admite en privado que el requisito 'no estaba pactado'.
En el Gobierno insisten, por el contrario, en que el informe es una 'garantía adicional' y no un obstáculo. El argumento oficial es doble. Primero, ofrece un mecanismo objetivo que blinda el procedimiento ante posibles recursos judiciales. Segundo, —y este es el punto más sensible— permite priorizar a los colectivos en riesgo frente a solicitantes con mayor solvencia económica. Es, en términos políticos, una medida diseñada para amortiguar una eventual avalancha de peticiones.
La pregunta del millón, como se dice en los pasillos ministeriales, es si el requisito aguantará el recorrido parlamentario. El real decreto ley deberá convalidarse en el Congreso en un plazo de treinta días, y dependerá de los apoyos del bloque de investidura. Junts y PNV ya han avisado de que podrían introducir enmiendas en el trámite posterior. Y ERC, que había reclamado la regularización desde hace años, exige que se elimine el filtro de las ONG y se sustituya por una cláusula automática de arraigo social.
Mientras tanto, fuera de los despachos, la cifra real es la que importa: medio millón de personas que hoy viven, trabajan, cotizan —o no— y, sobre todo, esperan. Para muchas de ellas, la aprobación del decreto es la primera noticia buena en muchos años. Para otras, la duda está en si ese 'informe de vulnerabilidad' será una puerta o un muro más. En los próximos meses, la letra pequeña lo decidirá.
