Según lo señalado por Rodríguez, el eventual acuerdo contemplaría, además de gestiones para la repatriación del oro, una reestructuración del sistema de justicia venezolano. Hasta el momento no se han precisado los alcances concretos de esa reforma ni un cronograma de implementación, ni se ha detallado qué representación específica de la oposición habría suscrito los términos, en un país donde el movimiento opositor se encuentra fragmentado entre corrientes con posiciones divergentes frente al diálogo con el chavismo.
El diferendo por el oro venezolano depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra se arrastra desde 2018, cuando la entidad británica restringió el acceso a esas reservas alegando dudas sobre la legitimidad del Gobierno de Maduro. Desde entonces el litigio ha transitado por tribunales británicos, incluida la Corte Suprema del Reino Unido, sin que Caracas haya logrado la devolución efectiva del metal. Buena parte de esos activos permanece sujeta a procesos judiciales independientes del propio Gobierno británico, lo que condicionaría cualquier repatriación al aval de tribunales extranjeros y organismos financieros.
Un litigio sin respuesta de Londres
No se ha informado hasta el momento de una respuesta oficial del Gobierno del Reino Unido respecto a una eventual repatriación del oro, ni de la posición de representantes opositores venezolanos distintos a los que habrían participado en el diálogo reportado. La reestructuración judicial mencionada tampoco cuenta con un texto público que permita conocer si implicaría cambios en el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en la Fiscalía General o en otros órganos, por lo que el alcance real de lo pactado permanece sujeto a confirmación.
El antecedente más citado de negociaciones entre Gobierno y oposición venezolana es el proceso auspiciado en México entre 2021 y 2023, con mediación noruega, que produjo acuerdos parciales sobre garantías electorales sin resolver de fondo la disputa por el reconocimiento del resultado de los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral en medio de denuncias de irregularidades por parte de la oposición liderada por María Corina Machado y el excandidato Edmundo González Urrutia.
Ese episodio marcó un punto de quiebre en las relaciones de Venezuela con buena parte de los gobiernos latinoamericanos. Estados Unidos y la Unión Europea han mantenido en distintos momentos sanciones o restricciones sobre activos venezolanos en el exterior, mientras que varios países del área no reconocieron los resultados proclamados por las autoridades electorales venezolanas. En El Salvador, el Órgano Ejecutivo se ha alineado con esa postura crítica en los foros regionales.
El caso conserva relevancia para Centroamérica no solo por la migración de ciudadanos venezolanos a través del corredor migratorio hacia Norteamérica —incluido el tránsito por territorio salvadoreño y países vecinos— sino también por la relación bilateral entre Caracas y Washington, que en años recientes ha oscilado entre episodios de flexibilización de sanciones petroleras y su reimposición, con efectos directos sobre los flujos migratorios que impactan a la región.
El anuncio se produce mientras Venezuela continúa bajo sanciones económicas de EE.UU. que afectan su sector petrolero, principal fuente de divisas del país, y en medio de gestiones diplomáticas paralelas orientadas a destrabar tanto la situación de activos congelados en distintas jurisdicciones como la normalización de relaciones con gobiernos que no reconocen a Maduro como presidente legítimamente electo.
En El Salvador, donde la Corte Suprema de Justicia y su Sala de lo Constitucional concentran el control de constitucionalidad y la Fiscalía General de la República ejerce la acción penal pública, cualquier proceso de reforma judicial en otro país de la región suele leerse en clave comparada, dado el debate persistente en Centroamérica sobre independencia judicial y separación de Órganos del Estado.
De concretarse avances, el proceso requeriría pronunciamientos adicionales del Banco de Inglaterra e instancias judiciales británicas, además de reacciones de actores políticos venezolanos que hasta ahora se han mantenido al margen de las negociaciones. De ello dependerá que el anuncio se traduzca en pasos verificables en los próximos días o quede como una declaración de intenciones sin desarrollo posterior.
