El señalamiento se produce en un contexto en el que la renovación del parque vehicular del transporte público ha sido una promesa reiterada de distintas administraciones sin que se haya concretado una sustitución masiva de las unidades que circulan por las principales rutas del área metropolitana de San Salvador y del resto del país. Muchas de esas unidades acumulan años de uso y son objeto de quejas constantes de los usuarios por la calidad del servicio.
De acuerdo con lo expuesto por el diputado, el financiamiento fue aprobado por el pleno con el argumento de modernizar el servicio, y estaba destinado a la compra de autobuses fabricados en China. Ese país ha ampliado su presencia comercial y financiera en El Salvador tras el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2018, cuando el Órgano Ejecutivo salvadoreño rompió lazos con Taiwán.
Lira indicó que, transcurridos más de dos años desde la aprobación del préstamo, no se ha presentado ante la Asamblea Legislativa un informe detallado sobre el estado de ejecución del contrato, el número de unidades adquiridas, los plazos de entrega ni el mecanismo de supervisión del gasto. Esa falta de información, sostuvo, dificulta que los diputados ejerzan su función de control sobre el uso de fondos públicos comprometidos a través de deuda.
El marco: aprobación calificada y fiscalización posterior
Todo préstamo que compromete recursos del Presupuesto General de la Nación o que constituye deuda pública debe ser aprobado por mayoría calificada en el pleno legislativo, conforme a la Constitución de la República. Una vez aprobado el financiamiento, corresponde a la Corte de Cuentas de la República fiscalizar la ejecución del gasto derivado de ese endeudamiento, incluidos los procesos de adquisición y contratación con proveedores externos.
Hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna auditoría específica de la Corte de Cuentas sobre este préstamo en particular, ni el ente contralor ha emitido pronunciamientos conocidos sobre el avance de la compra de las unidades. Tampoco consta que el Ministerio de Hacienda o el Viceministerio de Transporte hayan difundido un cronograma actualizado sobre la entrega de los autobuses financiados con ese crédito.
El uso de financiamiento externo para renovar flotas de transporte público no es un fenómeno nuevo en El Salvador. Administraciones anteriores recurrieron a préstamos con organismos multilaterales para intentar modernizar el sistema de buses, en particular tras sucesivos intentos de reordenamiento del transporte colectivo, entre ellos el proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, que arrastra retrasos desde hace más de una década.
La limitada rentabilidad del sector, atado a tarifas reguladas, y la lentitud en la ejecución de proyectos de modernización financiados con deuda han sido factores recurrentes en el retraso de la renovación de unidades. Ese antecedente alimenta las dudas planteadas ahora por Lira sobre si el crédito de $179 millones se está traduciendo en unidades efectivamente en circulación o si el proceso continúa en fases previas de adquisición o fabricación.
Silencio oficial y facultad de citar a funcionarios
Desde la fracción del oficialismo no se ha ofrecido hasta el momento una respuesta pública detallada a los señalamientos del diputado de ARENA. Tampoco el Ministerio de Hacienda ni el Viceministerio de Transporte se han pronunciado sobre el estado actual del contrato con la empresa china, ni han confirmado o desmentido los plazos de entrega originalmente previstos.
La Asamblea Legislativa tiene la facultad de citar a funcionarios del Órgano Ejecutivo para que comparezcan ante comisiones y expliquen el estado de proyectos financiados con deuda pública, un mecanismo previsto en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Hasta ahora no se ha confirmado si la bancada de ARENA solicitará formalmente una comparecencia sobre este caso específico.
El préstamo se enmarca en un contexto más amplio de endeudamiento público que ha sido objeto de escrutinio por parte del Fondo Monetario Internacional, con el cual El Salvador mantiene un programa de asistencia financiera desde 2025 que incluye compromisos de transparencia fiscal y control del gasto público. Cualquier señalamiento sobre falta de rendición de cuentas en el uso de deuda pública se produce, por tanto, en un momento de particular sensibilidad para las finanzas del Estado.
De cara a los próximos meses, el caso plantea al menos dos vías: que el Órgano Ejecutivo o la Corte de Cuentas de la República hagan pública información detallada sobre el estado del contrato, o que el señalamiento derive en una solicitud formal de comparecencia o fiscalización dentro de la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, la pregunta central planteada por Lira —cuántos autobuses se han adquirido y cuándo llegarán al servicio— permanece sin respuesta oficial.
