La absolución cierra una causa penal que colgó sobre los dirigentes mientras seguían vinculados a la defensa del territorio. Conviene detenerse en el verbo: la resolución no declara que el proceso fuera erróneo ni que la acusación fuera endeble, sino que terminó en absolución. Los tres años de citas judiciales y el estigma de cargar un expediente penal no figuran en la sentencia, pero sí marcaron la vida de los procesados.
Cabañas no es un departamento cualquiera para quien sigue el pulso ambiental del país. Durante años fue epicentro de la resistencia comunitaria contra la minería metálica, una batalla que colocó a El Salvador en el mapa regional. En marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que hizo del país el primero del mundo en vetar por ley esa actividad extractiva a escala nacional.
Que dirigentes de ese mismo movimiento terminaran sentados en el banquillo años después tiene un contexto reciente: en diciembre de 2023, la Policía Nacional Civil capturó a cinco líderes de Santa Marta y ADES, en un caso que las organizaciones sociales vincularon a su labor ambiental. El fallo absolutorio del Juzgado de Sentencia de San Vicente pone término a ese procesamiento.
El marco procesal salvadoreño prevé que, firme la sentencia definitiva absolutoria, el proceso queda cerrado y los acusados recuperan su situación sin la carga de la causa. La Fiscalía General de la República (FGR), titular de la acción penal, sostuvo la acusación a lo largo del proceso que ahora concluye sin condena.
El caso se inscribe en un debate más amplio sobre el espacio para la organización comunitaria en el país, atravesado por el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. La celebración de Santa Marta deja una pregunta abierta sobre quién responde por los años de proceso, interrogante que la sentencia no aborda porque excede su objeto.
La semana ofrece otros episodios sobre la rendición de cuentas institucional: desde el regreso de un condenado por corrupción, en la pieza sobre Saca, que sale de prisión tras cumplir diez años de condena, hasta la gira oficial reseñada en dos ministros salvadoreños que van al foro del Pnud en Panamá y vuelven sin un solo proyecto.
Queda, al final, la sentencia definitiva absolutoria del Juzgado de Sentencia de San Vicente. Los líderes de la Comunidad Santa Marta pueden volver a su territorio sin el peso de una causa penal. Leiva, de ADES, resumió el proceso en una palabra: «injusto».
