Empecemos por lo que el FMI celebra. El crecimiento del PIB real superó las expectativas en 2025 y, según la misión, las remesas, el turismo y la inversión privada sostienen un ciclo que sobre el papel luce saludable. El superávit primario del Sector Público No Financiero pasaría de 2.9% del PIB este año a 3.7% en 2027, cifra que el propio organismo vincula al objetivo de la Ley de Responsabilidad Fiscal de reducir la relación deuda pública/PIB al 80% para 2030. Son metas medidas contra un calendario que todavía tiene cuatro años por delante.
Conviene no confundir un acuerdo técnico con un desembolso. Lo que el FMI anuncia es, literalmente, un consenso a nivel de personal técnico: falta que el Directorio Ejecutivo lo ratifique y que El Salvador cumpla las medidas previas, ese lenguaje que en la práctica significa «todavía no, pero probablemente sí». Entre el acuerdo técnico y la transferencia efectiva suele mediar una distancia prudente, la misma que separa un boletín de prensa de una operación bancaria.
La billetera que se achica
El párrafo más revelador del comunicado no habla de superávits sino de bitcoines. El FMI confirma que «la participación pública en la billetera Chivo ha reducido sustancialmente» y que la propiedad mayoritaria y el control operativo ya pasaron a un operador privado, mientras el Órgano Ejecutivo conserva una participación minoritaria y la custodia de los activos de los clientes. Traducido: el Estado salvadoreño, que en septiembre de 2021 estrenó el bitcóin como moneda de curso legal con Chivo como buque insignia, hoy es socio menor de un negocio que antes manejaba en solitario.
No es detalle menor. Chivo nació con fondos públicos, promoción presidencial y la promesa de bancarizar a millones de salvadoreños sin cuenta bancaria. Cinco años después, el mismo Fondo que en su momento expresó reparos por los riesgos fiscales y de estabilidad financiera del experimento documenta una retirada progresiva del Estado hacia un rol de custodio, mientras un operador privado toma el timón. La pregunta que el comunicado no responde, porque no es su función, es quién es ese operador y bajo qué términos se negoció el traspaso.
Sobre la acumulación de bitcoines, el Fondo ofrece una precisión que suena a aclaración preventiva: la registrada desde la primera revisión del programa «refleja donaciones privadas» y «no ha implicado el uso de recursos públicos». Es una frase que se puede leer con alivio o con cautela, según el grado de fe que profese cada quien en la contabilidad pública. Que el FMI sienta la necesidad de aclararlo, en un país donde la Corte de Cuentas de la República tiene entre sus tareas fiscalizar precisamente ese tipo de movimientos, no es garantía de nada, pero tampoco es casualidad.
El comunicado también anuncia una reforma paramétrica de pensiones «en línea con las recomendaciones del FMI» para el próximo año, además del reconocimiento de obligaciones asociadas al vencimiento del período de gracia para el pago de intereses adeudados a los fondos privados de pensiones. Quienes recuerden la reforma previsional aprobada por la Asamblea Legislativa en 2022 —que reconfiguró el sistema de ahorro para pensiones y ajustó el reparto del riesgo entre el Estado y los cotizantes— saben que en El Salvador las reformas de pensiones suelen anunciarse con más frecuencia de la que se ejecutan sin sobresaltos.
El texto añade compromisos de gobernanza que, leídos con detenimiento, son un catálogo de las deudas pendientes del país en transparencia: mejoras al marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, publicación de declaraciones patrimoniales de altos funcionarios, transparencia sobre beneficiarios finales y fortalecimiento de las instituciones de rendición de cuentas. Que el organismo los enumere como parte del programa no significa que se hayan cumplido; significa, más bien, que siguen pendientes de cumplirse.
El Servicio Ampliado es el instrumento que el FMI reserva para países con desequilibrios estructurales de balanza de pagos, y condiciona los desembolsos al cumplimiento verificable de metas cuantitativas y reformas comprometidas en cada revisión. El Salvador ha firmado programas con el organismo desde los años noventa, con resultados dispares y una relación que osciló entre la disciplina fiscal exigida y la resistencia política a ciertas condicionalidades, en especial en gasto social y materia tributaria. El acuerdo actual no rompe ese patrón: combina metas fiscales exigentes con un lenguaje de «crecimiento duradero e inclusivo» que funciona como aval tanto para el gobierno como para un Fondo interesado en mostrar que su receta rinde incluso en un país que desafió sus recomendaciones con la adopción del bitcóin.
El jefe de misión del FMI, el señor Torres, atribuyó la mejora económica también a «las mejoras en seguridad», en referencia al contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y prorrogado mes tras mes por la Asamblea Legislativa. Es una conexión que el organismo hace dentro de su mandato fiscal y monetario, sin entrar en los cuestionamientos que sobre ese régimen han planteado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y organizaciones de derechos humanos. La omisión dice algo sobre los límites de lo que un comunicado técnico puede y quiere abarcar.
Queda por conocerse qué dirá el Directorio Ejecutivo cuando se reúna a aprobar —o no— estas revisiones combinadas, y qué medidas previas exactamente deberá cumplir El Salvador antes de ese trámite. Queda por verse si la reforma paramétrica de pensiones prometida para el próximo año llega al Salón Azul con el consenso necesario o si repite el destino de tantas reformas anunciadas y postergadas. Y queda, sobre todo, por aclarar quién es el operador privado que ahora controla la mayoría de Chivo, un dato que ni el FMI ni el Órgano Ejecutivo han detallado públicamente con nombres y porcentajes.
Mientras tanto, el país recibirá el acuerdo técnico como una buena noticia, porque en términos macroeconómicos probablemente lo sea. Pero los comunicados del FMI están escritos para calmar mercados, no para satisfacer curiosidades ciudadanas. La curiosidad, en este caso, tiene nombre: bitcóin, transparencia y una billetera que cada vez es menos del Estado y más de alguien cuya identidad todavía no figura en ningún boletín oficial.
