El abogado Albis Manuel Casasola Morales presentó el recurso en representación de la empresa. El 29 de septiembre pasado, la Corte asignó el caso al despacho de la magistrada María Eugenia López Arias, según consta en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Es el segundo intento de la constructora por cobrar el incentivo: en 2023 llevó el reclamo ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, que lo admitió en marzo de 2024, pero el 27 de febrero de este año la Sala falló a favor del MOP.
El magistrado ponente, Carlos Alberto Vásquez Reyes, junto con Gisela Agurto Ayala y María Cristina Chen Stanziola, determinaron que, si bien el MOP nunca respondió formalmente al reclamo de Meco, esa negativa tácita no resultaba ilegal. Los tres magistrados concluyeron además que la empresa no tenía derecho a la bonificación, pues aunque el Estado recibió la obra para su ocupación antes del plazo pactado, los trabajos no estaban terminados en su totalidad el 12 de abril de 2017, fecha en que Meco asegura haber cumplido el contrato. Según el fallo, quedaban pendientes labores como la rehabilitación de siete puentes.
El entonces procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, había pedido en 2024 a la Sala Tercera que declarara legal el silencio del MOP, al argumentar que el ministerio sí atendió la petición mediante memorandos internos para solicitar informes sobre el reclamo.
Un contrato de 2013 modificado tres veces
El vínculo contractual entre Meco y el MOP se remonta a 2013, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando se adjudicó la obra de 41 kilómetros. El contrato fijaba un incentivo de $5 millones por cada mes de entrega anticipada, con un tope de $20 millones. Meco sostiene que concluyó los trabajos el 12 de abril de 2017, cuatro meses antes del vencimiento del plazo, fijado para el 21 de agosto de ese año.
La empresa reclamó el pago por primera vez en 2019, mediante la nota GG-013-2019, y volvió a presentarlo el 18 de julio de 2023, ya durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), sin que el MOP respondiera. El contrato original se modificó con tres adendas: en 2016 se añadieron una barrera central de concreto y siete pasos peatonales a desnivel; en 2019 se cambió la fuente de financiamiento; y en 2021 se amplió el período de mantenimiento de 730 a 760 días. Al momento del fallo de la Sala Tercera, el MOP tramitaba una cuarta adenda por aumento de costo, gestión pendiente que explica por qué el proyecto aún carecía de acta final de aceptación.
El antecedente de Blue Apple
Carlos Cerdas, dueño y apoderado de Meco, admitió ante la Fiscalía Anticorrupción del caso Blue Apple que su empresa pagó unos $9.4 millones en sobornos a cambio de contratos estatales durante el gobierno de Martinelli, el mismo período en que Meco se adjudicó la obra de Viguí-San Félix. Cerdas reconoció que los pagos oscilaban entre el 5% y el 10% del valor bruto de los contratos con el MOP y se canalizaban mediante una cuenta a nombre de la sociedad Blue Apple Services, Inc. Firmó en 2017 un acuerdo de colaboración con la fiscalía, por lo que no fue enjuiciado ni encarcelado por estos hechos.
Pese a la confesión, Meco continuó contratando con el Estado. La empresa se adjudicó en enero de este año la ampliación del Corredor de las Playas, obra valorada en $228.4 millones, y en 2025 figuró entre las beneficiadas con 17 contratos directos otorgados en apenas dos días —el 11 y el 12 de febrero— por $10.6 millones, bajo la figura de emergencia ambiental, para la rehabilitación de caminos y la construcción de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé. La trama Blue Apple ha derivado en otros procesos aún abiertos en la Corte, entre ellos el caso Financial Pacific, donde la Corte Suprema rechazó el recurso de Mayte Pellegrini.
Sobre el reclamo de los $20 millones, el MOP indicó que esperará la decisión de la Corte respecto a la demanda de inconstitucionalidad que permanece en manos de la magistrada López Arias.