Según la reconstrucción fiscal, durante ese periodo se suscribieron convenios entre Infocentros —asociación creada para promover el acceso a tecnología e informática en el país— y el BMI, entidad estatal de segundo piso encargada de canalizar crédito para el desarrollo. Esos convenios, sostuvo la FGR ante el Tribunal Sexto de Sentencia, sirvieron de vehículo para el desvío de al menos $3.1 millones en fondos públicos.
La responsabilidad civil declarada por el tribunal obliga a Figueroa Salinas a resarcir al erario el monto fijado en la resolución. Esta figura se distingue de una condena penal: no impone pena de prisión, sino que persigue la reparación económica del daño causado al Estado. En el ordenamiento salvadoreño, la acción civil derivada del delito puede ventilarse dentro del mismo proceso penal o resolverse de forma autónoma, según el expediente que corresponda.
El BMI como cauce de los convenios cuestionados
El Banco Multisectorial de Inversiones, mencionado en la causa como la entidad con la que se suscribieron los convenios cuestionados, operó como banco de desarrollo estatal encargado de canalizar recursos hacia proyectos productivos y sociales antes de su posterior reestructuración dentro de la banca pública salvadoreña. Su papel en el caso, según el planteamiento de la Fiscalía, resultó determinante para el traslado de los fondos hacia la asociación Infocentros.
La FGR ejerce la acción penal pública por mandato de la Constitución de la República, que le atribuye la representación de los intereses del Estado y de la sociedad en la persecución de los delitos. En procesos por manejo de fondos públicos, la Corte de Cuentas de la República —órgano fiscalizador del gasto estatal— suele remitir hallazgos a la Fiscalía para la eventual apertura de investigaciones, aunque el material disponible no precisa el origen documental de este expediente en particular.
Hasta el momento no se ha hecho pública una reacción de Figueroa Salinas ni de su defensa legal respecto a la resolución del Tribunal Sexto de Sentencia. Tampoco consta si la declaración de responsabilidad civil es firme o si cabe recurso ante una instancia superior del Órgano Judicial, extremo que corresponde verificar en las siguientes etapas del proceso.
El expediente no detalla, según la información disponible, si existen otras personas vinculadas a la misma causa ni el estado procesal de eventuales coimputados. La Fiscalía tampoco ha informado si prevé acciones adicionales derivadas de este expediente o si el fallo se enmarca en un proceso penal más amplio que continúe su curso ante otro tribunal.
Un capítulo más en los procesos por fondos públicos
El caso Infocentros se inscribe en una serie de procesos que la FGR ha impulsado en los últimos años contra exfuncionarios y particulares vinculados al manejo de recursos estatales en administraciones anteriores. La judicialización de presuntos desvíos de fondos públicos ha marcado la relación entre el Órgano Judicial y distintas gestiones gubernamentales desde hace más de una década en El Salvador.
El desenlace efectivo de este tipo de fallos suele depender de la capacidad de cobro del Estado sobre los montos determinados judicialmente. En El Salvador, la recuperación real de fondos ordenados por los tribunales en causas de responsabilidad civil por corrupción ha sido objeto de escrutinio público en casos precedentes, en los que el resarcimiento no siempre se completó en los plazos previstos.
El próximo hito procesal será la notificación en firme de la resolución a las partes y la eventual apertura de un plazo de impugnación ante una instancia superior del Órgano Judicial. Los pasos posteriores, incluido el mecanismo concreto de restitución de los $3.1 millones al erario, se conocerán en las resoluciones judiciales que se emitan sobre la causa.
