La organización enmarca su llamado en lo que describe como una crisis de derechos humanos e institucionalidad sin salida electoral. En su comunicado sostiene que el país centroamericano atraviesa una etapa marcada por la concentración de poder, la represión, los presos políticos, las restricciones de derechos y el exilio masivo, un cuadro que se agravó tras las elecciones de 2021, cuestionadas por buena parte de la comunidad internacional.
"Ante la grave crisis política, institucional y de derechos humanos que continúa viviendo Nicaragua", la UEN "expresa su respaldo al llamado realizado desde el exilio a la comunidad internacional para adoptar medidas firmes y efectivas que contribuyan a poner fin a la dictadura Ortega-Murillo", señaló la organización en su comunicado.
Ortega, de 80 años y exguerrillero sandinista, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de denuncias reiteradas de fraude electoral y persecución de rivales. Declaró recientemente que en el país no habrá más elecciones, una afirmación que encendió las alarmas de gobiernos y organismos multilaterales de la región.
El detonante inmediato de la petición es el inicio de una reforma constitucional que, según el material, permitiría impedir la participación electoral de figuras opositoras bajo la categoría de «traidores a la patria». El movimiento se interpreta como un intento de Ortega y Murillo de blindar su continuidad ante cualquier escenario de competencia real. La copresidencia formal entre ambos, vigente desde que Murillo asumió la vicepresidencia, refuerza esa lectura de perpetuación en el poder.
La situación se produce cuando la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene prevista una reunión para abordar el escenario nicaragüense tras las amenazas de Ortega de anular los comicios. La UEN extendió su solicitud a las demás naciones del organismo, a las que pidió sumarse «de manera activa, decidida y coordinada» a los esfuerzos por recuperar la libertad y la democracia en Nicaragua, del que el país sigue siendo miembro formal pese a las tensiones acumuladas.
La UEN plantea que Estados Unidos representa, en su visión, «el principal referente de apoyo directo a la defensa de la libertad y la democracia en el hemisferio», y por ello dirige su llamado directamente al Gobierno de Washington. La organización explica que el objetivo de una eventual intervención sería el cese de la represión, el desarme de las estructuras represivas, la protección de la población y la creación de condiciones para una transición democrática.
"Ante esta situación, la UEN respalda la solicitud de una intervención militar de los Estados Unidos de América para contribuir a liberar a Nicaragua de la dictadura Ortega-Murillo y crear las condiciones necesarias para el restablecimiento de la libertad y la democracia", continuó la organización en el mismo texto.
El precedente panameño de 1989
La región centroamericana guarda memoria directa de una intervención militar estadounidense de gran escala: la invasión de Panamá en diciembre de 1989, ordenada para apresar al entonces general Manuel Antonio Noriega. El saldo oficial ronda los 500 muertos, aunque cálculos extraoficiales elevan la cifra de civiles fallecidos hasta 4,000, un episodio que continúa siendo objeto de debate histórico y que marcó la relación entre Panamá y Washington durante las décadas siguientes. Fue la última invasión militar estadounidense en América Latina.
Ese antecedente, sumado a la captura en enero de este año del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa por militares estadounidenses en Caracas, alimenta el argumento de los exiliados de que Washington dispone de capacidad y disposición para actuar militarmente en la región. Ninguna autoridad estadounidense ha vinculado, en el material disponible, esas operaciones con una decisión sobre Nicaragua.
La petición de la UEN llega en un contexto regional donde Washington ha intensificado su presencia diplomática y de seguridad en varios países latinoamericanos. En días recientes, el secretario de Estado estadounidense viajó a Ecuador para reforzar la cooperación de seguridad con el presidente Daniel Noboa, lo que ilustra el nivel de involucramiento que Estados Unidos mantiene frente a gobiernos considerados aliados.
Los precedentes de intervención de la OEA en crisis democráticas centroamericanas se han limitado a resoluciones de condena, misiones de observación electoral y sanciones diplomáticas, sin casos recientes de acción militar coordinada por el organismo. La petición de la UEN eleva, por tanto, el tono de una discusión que se había mantenido en el terreno de la presión diplomática y las sanciones económicas selectivas contra funcionarios del entorno de Ortega y Murillo.
La reforma constitucional que excluye a opositores y la advertencia de Ortega de que no habrá más comicios sitúan a la OEA ante una prueba directa sobre su capacidad de respuesta. La organización de exiliados enmarca su petición como parte de un propósito más amplio: «la creación de las condiciones necesarias para una transición democrática» en Nicaragua, según el cierre de su comunicado.