La visita ocurre luego de que fuerzas estadounidenses hundieran al menos seis embarcaciones de pesca ecuatorianas en alta mar mediante ataques desde helicópteros de la infantería de marina. Según la versión oficial de Washington, basada en información de inteligencia no divulgada públicamente, esas naves habrían prestado apoyo logístico y reabastecimiento a lanchas rápidas presuntamente cargadas con cocaína con destino a Norteamérica.
El gobierno de Estados Unidos atribuye esas operaciones a Los Choneros, considerada la estructura criminal de mayor antigüedad en territorio ecuatoriano. La administración de Donald Trump declaró a esa organización, junto con Los Lobos y Chone Killers, como organizaciones terroristas extranjeras, una calificación que —según escribió Rubio en una columna publicada este martes en el diario ecuatoriano El Universo— abre "capacidades de coordinación militar, seguridad pública e inteligencia críticas a través del Escudo de las Américas y de la Coalición contra los Carteles de las Américas".
Esta es la segunda visita de Rubio a Ecuador desde que asumió la cartera de Estado, luego de un primer viaje en septiembre del año pasado en el que también se reunió con Noboa. La reiteración de la agenda bilateral en apenas un año confirma que la relación entre Quito y Washington se ubica entre las prioridades de la política exterior estadounidense hacia América Latina.
Como parte de ese despliegue, Estados Unidos trasladó a territorio ecuatoriano dos aeronaves de despegue vertical MV-22B Osprey, empleadas recientemente en un operativo en el sector de Alto Punino, un enclave de minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana. Ese sitio estaría bajo control de los Comando de la Frontera, una facción disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que ha extendido su presencia hacia zonas fronterizas y de explotación de recursos.
La ofensiva militar estadounidense en aguas del Pacífico ha abierto interrogantes sobre el marco legal de esos ataques, al tratarse de embarcaciones civiles de pesca y no de plataformas de combate identificadas mediante un proceso judicial previo. El derecho internacional marítimo, regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, exige que cualquier interdicción en aguas internacionales respete el debido proceso y la jurisdicción del Estado de bandera de la embarcación, salvo mediante acuerdos bilaterales expresos.
Hasta el momento no se ha hecho pública la base jurídica precisa que ampara los ataques, ni las autoridades ecuatorianas han detallado si medió algún convenio específico para autorizar ese tipo de operaciones en su espacio marítimo. Rubio, en su columna, defendió que la designación terrorista de las bandas locales ha permitido estrechar la coordinación entre las agencias de inteligencia y seguridad de ambos países.
La cooperación entre Quito y Washington en seguridad tiene antecedentes que se remontan a la base militar estadounidense en Manta, activa entre 1999 y 2009 bajo un convenio de uso conjunto para operaciones antinarcóticos, hasta que el entonces gobierno ecuatoriano decidió no renovar el acuerdo. El relanzamiento actual de la presencia militar estadounidense, con el traslado de aeronaves y operativos conjuntos, marca un punto de inflexión respecto a casi década y media de distanciamiento en ese ámbito.
La agenda de Rubio en Quito no se limitó a la seguridad. La gira también busca reforzar los vínculos comerciales, en un momento posterior a la aprobación, en marzo de este año, del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Ecuador y Estados Unidos. Mediante ese pacto, el gobierno ecuatoriano aceptó las condiciones estadounidenses a cambio del levantamiento de los aranceles que la administración Trump había fijado el año anterior sobre productos ecuatorianos.
El canciller de Ecuador, Roberto Kury, compareció junto a Rubio en una rueda de prensa en Quito.
La escala en Ecuador se enmarca en una gira que comenzó en Colombia y que, tras Quito, continuará hacia Perú, un recorrido que evidencia el interés de Washington por consolidar alianzas de seguridad en la región andina, área clave en las rutas de tráfico de cocaína hacia mercados de Norteamérica y Europa.
Para los próximos meses, el principal hito a seguir será la eventual divulgación de más detalles sobre el marco legal de las operaciones militares estadounidenses en aguas ecuatorianas, así como el ritmo de implementación del Acuerdo de Comercio Recíproco. La región observará además si la designación de las bandas ecuatorianas como organizaciones terroristas deriva en nuevas operaciones conjuntas o en reclamos formales de sectores pesqueros y organismos de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.