Saca, quien gobernó bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fue procesado y posteriormente condenado por delitos de lavado de dinero y peculado, tras admitir haber desviado fondos del erario hacia cuentas y bienes personales durante su mandato. El caso, instruido por la Fiscalía General de la República (FGR), derivó en una sentencia que incluyó pena de prisión y el decomiso de activos identificados como producto de la malversación.
El expediente judicial detalló en su momento un entramado de sociedades y traspasos patrimoniales que habrían servido para ocultar el origen de los recursos sustraídos del Presupuesto General de la Nación. La FGR sostuvo durante el proceso que buena parte de esos fondos se canalizó hacia la adquisición de bienes inmuebles, tanto a nombre del propio Saca como de terceros vinculados a su entorno cercano.
Las propiedades que ahora pasan a titularidad estatal incluyen casas de habitación y apartamentos ubicados en zonas residenciales de alto valor del área metropolitana de San Salvador, además de otros inmuebles cuya localización exacta no ha sido detallada públicamente. El traspaso se enmarca en el procedimiento de decomiso que sigue a una condena firme por delitos patrimoniales contra la administración pública.
El mecanismo legal del decomiso
El marco normativo que rige estos procesos en El Salvador incluye la Ley Especial contra el Lavado de Dinero y de Activos, así como el Código Procesal Penal, que habilitan al Órgano Judicial a ordenar el decomiso de bienes cuando se acredita su origen ilícito o su vinculación directa con el delito juzgado. Una vez firme la sentencia, corresponde a las instancias judiciales y administrativas competentes formalizar la transferencia de dominio hacia el Estado.
La Corte de Cuentas de la República, como ente fiscalizador del manejo de los fondos públicos, participó en las primeras auditorías que permitieron detectar irregularidades en el uso de recursos durante la gestión de Saca, particularmente en el manejo de partidas discrecionales de la Presidencia. Esos hallazgos sirvieron como insumo para la investigación fiscal que culminó en el proceso judicial.
Desde el entorno legal de Saca no se ha emitido, hasta el momento, una reacción pública sobre la transferencia de estas propiedades al Estado. En etapas previas del proceso, la defensa del expresidente argumentó que parte de los bienes incautados correspondían a patrimonio adquirido de forma lícita antes de su llegada a la Presidencia, un punto que fue objeto de debate durante las audiencias judiciales.
Organizaciones de la sociedad civil que han seguido de cerca los procesos contra exfuncionarios salvadoreños han señalado en el pasado que la recuperación efectiva de activos producto de la corrupción constituye uno de los mayores desafíos del sistema de justicia del país, dado lo prolongado de los trámites judiciales y la complejidad de rastrear patrimonios ocultos a través de terceros o sociedades pantalla.
Un patrón que abarca a tres exmandatarios
El caso Saca no es un hecho aislado en la historia reciente de la justicia salvadoreña. Francisco Flores, quien gobernó entre 1999 y 2004, también fue procesado por desvío de fondos públicos, aunque falleció en 2016 sin que se dictara sentencia firme en su contra. Mauricio Funes, presidente entre 2009 y 2014, fue condenado en ausencia por enriquecimiento ilícito tras trasladarse a Nicaragua, donde obtuvo la nacionalidad y permaneció hasta su muerte en 2025. Ambos casos configuran un patrón de persecución penal contra exmandatarios que se extendió también a Saca.
El destino final que recibirán estos inmuebles una vez formalizado su traspaso al Estado no ha sido precisado. En procesos similares, los bienes decomisados han sido puestos a disposición de instituciones públicas, subastados o incorporados al patrimonio estatal para su administración, según lo determine la autoridad judicial o administrativa competente en cada caso.
El paso se registra en un contexto en el que el Órgano Ejecutivo ha impulsado en los últimos años un discurso público centrado en la lucha contra la corrupción atribuida a gestiones anteriores, utilizando con frecuencia los procesos contra exfuncionarios de gobiernos previos como referencia frente a su propia administración.
Queda pendiente conocer si el traspaso de estas propiedades será objeto de algún recurso legal adicional por parte de la defensa de Saca o de terceros que reclamen derechos sobre alguno de los inmuebles, así como el procedimiento administrativo específico que seguirá el Estado para la disposición final de estos bienes en los próximos meses.
