Según la declaración atribuida a Pigott, el Departamento de Estado situó a Bukele entre los aliados más relevantes de Washington en la región, en línea con pronunciamientos previos de funcionarios estadounidenses sobre la cooperación bilateral. La propuesta de una cumbre económica, de concretarse, apuntaría a la profundización de vínculos comerciales y de inversión, un terreno en el que el Órgano Ejecutivo salvadoreño ha buscado posicionar al país como destino para capital extranjero.
La relación entre ambos países ha cobrado un peso creciente en la agenda hemisférica de Washington, en buena medida por la disposición del gobierno salvadoreño a colaborar en materia migratoria y penitenciaria. El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado mes a mes por la Asamblea Legislativa con el respaldo de la fracción oficialista, se ha convertido en un elemento recurrente en las declaraciones de funcionarios estadounidenses cuando aluden a la gestión de seguridad del país centroamericano.
Una relación anclada en el comercio y las remesas
El interés de Washington por estrechar lazos con San Salvador no es un fenómeno aislado. Desde la entrada en vigor para El Salvador, en 2006, del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), ambos países han mantenido una relación comercial estructurada que representa una porción sustancial de las exportaciones salvadoreñas, concentradas principalmente en textiles, confección y productos agrícolas.
La comunidad salvadoreña residente en territorio estadounidense constituye otro factor de peso en el vínculo bilateral, tanto por el volumen de remesas que sostienen una parte relevante del Producto Interno Bruto —de acuerdo con los informes de coyuntura del Banco Central de Reserva— como por su influencia en la agenda migratoria que ambos gobiernos negocian de manera constante.
El Banco Central de Reserva ha reportado en sus informes un incremento sostenido de la inversión extranjera directa en los últimos ejercicios, aunque los flujos hacia El Salvador continúan siendo modestos frente a economías vecinas como Costa Rica o Panamá, que concentran mayor capital por su infraestructura logística y marco regulatorio más consolidado.
La eventual cumbre económica se sumaría a una serie de gestiones del Órgano Ejecutivo para atraer inversión extranjera, entre ellas la Ley Bitcoin, aprobada en 2021, y reformas al régimen fiscal para inversionistas en sectores como energía, turismo e innovación tecnológica. El Fondo Monetario Internacional ha mantenido observaciones periódicas sobre la sostenibilidad de la deuda pública y la necesidad de fortalecer la transparencia fiscal, según sus informes técnicos.
De Chapultepec a la agenda migratoria actual
Un precedente que ilustra la centralidad de esta relación es el papel de Estados Unidos durante el conflicto armado interno (1980-1992) y en los Acuerdos de Paz suscritos en Chapultepec en 1992, cuando Washington fue un actor determinante en la negociación política que puso fin a la guerra. Desde entonces, la política exterior salvadoreña ha mantenido a Estados Unidos como su principal socio comercial, diplomático y migratorio.
La cooperación reciente entre ambos gobiernos se ha sostenido, en buena medida, en la coincidencia de intereses en materia de control migratorio y en la disposición salvadoreña para recibir a deportados y personas trasladadas desde territorio estadounidense bajo distintos convenios de seguridad, incluidos traslados de personas privadas de libertad hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
La oposición legislativa, reducida a una fracción minoritaria en la Asamblea Legislativa tras las elecciones de 2024, no se ha pronunciado sobre esta declaración en particular. En ocasiones anteriores, sectores opositores han cuestionado la falta de fiscalización sobre los términos de la cooperación migratoria y de seguridad entre ambos gobiernos.
De confirmarse la organización de la cumbre económica anunciada, se esperaría la participación del Ministerio de Economía y del Banco Central de Reserva en la definición de una agenda que previsiblemente abordaría comercio, inversión e integración de cadenas de suministro, en un contexto en el que Centroamérica busca posicionarse como alternativa de relocalización productiva («nearshoring») frente a Asia. Ambos gobiernos no han fijado hasta ahora fecha ni sede para el eventual encuentro.
