La intervención en la escuela 947 de Tejutepeque contempla la construcción de siete módulos y seis aulas, además de un laboratorio de ciencias, una cocina, una cancha multideportiva y servicios sanitarios. El proyecto incluye también áreas administrativas, un escenario, una cisterna, una fosa séptica y pozos de absorción, así como una rampa de acceso para personas con discapacidad. La renovación abarca igualmente las instalaciones eléctricas, de drenaje y contra incendios del centro escolar.
En el caso de la escuela 948 de San Agustín, la inversión de $476 mil se destina a la construcción de aulas con techos termoacústicos, ventiladores y pisos de porcelanato, junto con la instalación de nuevas puertas, ventanas e iluminación. El proyecto contempla también áreas de juegos con piso de caucho, además de servicios sanitarios renovados. Las obras se complementan con una cisterna, un muro perimetral, mejoras en el sistema de drenaje y la red eléctrica, y la instalación de internet gratuito para la comunidad educativa, un componente que busca reducir la brecha digital en zonas rurales.
El programa Dos escuelas por día, bajo el cual se enmarcan ambas intervenciones, ha sido presentado por el Órgano Ejecutivo como una estrategia de renovación acelerada de la infraestructura escolar pública, con el objetivo declarado de intervenir centros educativos en distintos departamentos de manera sostenida. La cartera de Educación ha priorizado en años recientes, según sus propios anuncios institucionales, la renovación física de centros escolares como parte de una modernización más amplia del sistema educativo público, con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.
Un déficit arrastrado en zonas rurales
El país arrastra un déficit histórico en infraestructura escolar señalado por diversos diagnósticos técnicos durante décadas, con centros educativos que operan en instalaciones deterioradas, sin acceso adecuado a agua potable o con mobiliario obsoleto, particularmente en zonas rurales. Departamentos como Cabañas y Usulután figuran entre los que registran indicadores socioeconómicos más rezagados. La incorporación de cisternas, fosas sépticas y pozos de absorción en los proyectos de Tejutepeque y San Agustín responde a las condiciones de acceso limitado a agua potable y saneamiento que persisten en buena parte del territorio rural.
La inclusión de una rampa de acceso para personas con discapacidad en la escuela 947 se alinea con las disposiciones de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad y con los compromisos derivados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por El Salvador, instrumentos que exigen la accesibilidad universal en espacios públicos, incluidos los centros educativos.
Los planes de inversión en infraestructura escolar no son nuevos en la historia reciente del país. Distintos gobiernos han impulsado programas de reconstrucción y equipamiento, muchas veces tras la constatación de daños estructurales derivados de fenómenos sísmicos o del deterioro acumulado por falta de mantenimiento. El precedente más notorio se ubica tras los terremotos de enero y febrero de 2001, que dañaron o destruyeron centenares de centros educativos y obligaron a una intervención masiva de la infraestructura escolar nacional en los años posteriores.
Ejecución y fiscalización pendientes de detalle
No se ha detallado públicamente el cronograma de ejecución ni la fecha estimada de finalización de ambos proyectos, como tampoco la modalidad de contratación de las empresas constructoras a cargo de las obras. Esa información resulta relevante para el seguimiento que corresponde a la Corte de Cuentas de la República, entidad encargada por mandato constitucional de fiscalizar el uso de los fondos públicos y de auditar las obras financiadas con recursos del Presupuesto General de la Nación.
La transparencia en la ejecución de proyectos de infraestructura pública ha sido, en años recientes, un punto de atención recurrente para organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, que han solicitado en diversas ocasiones el acceso a la información sobre contratos, montos definitivos y empresas adjudicatarias en obras financiadas con fondos públicos. La Ley de Acceso a la Información Pública ampara esas solicitudes ante las instituciones del Estado.
De cara a los próximos meses, la continuidad del programa dependerá de que el Órgano Ejecutivo mantenga la prioridad presupuestaria anunciada para la renovación de infraestructura educativa, con nuevos anuncios de intervenciones bajo el esquema Dos escuelas por día. Las comunidades de Tejutepeque y San Agustín, mientras tanto, aguardan la concreción de obras que, según lo informado, transformarían las condiciones físicas en que estudian niñas, niños y adolescentes en ambos municipios.
