El comunicado policial contrapuso la cifra actual a la registrada el 29 de julio de 2018, ocho años antes y bajo la administración previa al primer mandato del presidente Nayib Bukele, cuando se reportaron 17 homicidios en un solo día en distintos puntos del país. Aquel dato correspondía a un periodo en el que El Salvador figuraba de forma recurrente entre los países con mayores tasas de homicidios de América Latina, y sirve al Órgano Ejecutivo como referencia para dimensionar el cambio reportado en casi una década.
La reducción sostenida de homicidios ha sido uno de los ejes del discurso oficial. El descenso se inscribe en el marco del régimen de excepción, vigente de forma ininterrumpida desde el 27 de marzo de 2022, cuando la Asamblea Legislativa aprobó por primera vez la medida tras un fin de semana con más de 80 homicidios. Desde entonces, el Órgano Legislativo la ha prorrogado de manera consecutiva, a solicitud del Órgano Ejecutivo, sin que se haya producido una interrupción formal de la medida.
El marco legal de la medida y su prórroga
El régimen de excepción se sustenta en el artículo 29 de la Constitución de la República, que faculta al Órgano Ejecutivo a suspender ciertas garantías individuales —entre ellas la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones, así como plazos y condiciones de la detención— mediante decreto que debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa por un plazo determinado y sujeto a renovación periódica. La próxima prórroga deberá someterse nuevamente a votación en el Salón Azul antes de que expire el plazo vigente, en un procedimiento que se ha repetido de forma consecutiva desde marzo de 2022.
La aplicación de la medida ha derivado en la detención de más de 80,000 personas desde su entrada en vigor, según cifras oficiales. El Órgano Ejecutivo ha sostenido de manera reiterada que las capturas responden a criterios de inteligencia policial y a la colaboración ciudadana. Buena parte de esos procesos continúa en fase de instrucción ante los juzgados especializados creados para tramitar los casos vinculados a las estructuras que la legislación salvadoreña clasifica como agrupaciones terroristas desde la reforma penal de 2022.
El conteo de homicidios en el país ha correspondido históricamente a dos fuentes oficiales, el Instituto de Medicina Legal y la PNC, con metodologías que en el pasado generaron discrepancias públicas entre ambas instituciones. En los últimos años, la comunicación de estas cifras se ha centralizado a través de la Presidencia y de la propia corporación policial. El comunicado del miércoles no precisó si en el balance del día se contabilizan delitos conexos, como desapariciones o hechos con personas heridas.
Los cuestionamientos y el derecho de réplica
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones de derechos humanos han cuestionado, en distintos momentos desde 2022, la falta de acceso a datos desagregados sobre detenciones, fallecimientos bajo custodia estatal y el paradero de personas capturadas durante el régimen de excepción. Frente a estos señalamientos, el Órgano Ejecutivo ha defendido la legalidad de los procedimientos y la efectividad de la política de seguridad.
Sectores de la oposición y analistas de seguridad han planteado en el debate público si la baja sostenida de homicidios responde de manera exclusiva a la aplicación del régimen de excepción o si obedece también a acuerdos previos entre autoridades y estructuras pandilleriles, un señalamiento que el Órgano Ejecutivo ha negado de forma reiterada. La Fiscalía General de la República (FGR), conducida por el fiscal general nombrado por la Asamblea Legislativa en mayo de 2021, no ha difundido pronunciamientos recientes sobre investigaciones vinculadas a ese asunto.
El descenso de homicidios se ha convertido en un componente central del respaldo político al gobierno de Bukele, reelecto en las elecciones presidenciales de febrero de 2024. Aquella candidatura fue posible tras una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que habilitó la reelección presidencial inmediata, en un giro respecto a la interpretación tradicional del artículo de la Constitución que regula la sucesión presidencial.
De cara a los próximos meses, la atención en materia de seguridad se mantendrá en si la racha de días sin homicidios se sostiene durante el segundo semestre de 2026 y en la evolución de los procesos judiciales derivados de las capturas masivas. La renovación del régimen de excepción volverá a depender del voto de la Asamblea Legislativa una vez que concluya el plazo del decreto en vigor, hito que marcará el siguiente episodio institucional de una política prorrogada de forma ininterrumpida desde marzo de 2022.
