Ulloa recordó durante su intervención que El Salvador fue pionero al adoptar bitcoin como moneda de curso legal en 2021, una decisión que, según planteó, implicó desafíos pero permitió al país continuar hacia lo que describió como una política financiera innovadora. Situó en 2023 el punto de inflexión de ese proceso, con la creación de la CNAD como marco institucional orientado al desarrollo de la economía digital.
El vicepresidente enmarcó la consolidación de la comisión dentro de la visión de transformación impulsada por el presidente Nayib Bukele, bajo la cual, dijo, El Salvador se proyecta como un país que fortalece de manera paralela la seguridad, la institucionalidad y la certeza jurídica. Añadió que la apuesta por la economía digital se ha acompañado de esfuerzos de digitalización educativa, con acceso a Google Classroom y tutores de inteligencia artificial para las nuevas generaciones.
El presidente de la CNAD, Juan Carlos Reyes, agradeció a Bukele y a Ulloa el respaldo que —según afirmó— hizo posible la creación y consolidación de la institución. Al hacer balance de los tres años de funcionamiento, detalló que el ecosistema supervisado cuenta con 156 compañías vigentes, de las cuales 144 tienen asiento registral en el país.
Del total, 81 operan como proveedores de servicios de activos digitales y 46 figuran como emisores de activos digitales e instrumentos tokenizados, según los datos aportados por Reyes en el acto. El funcionario cifró además en $633 millones los recursos vinculados a proyectos de financiamiento inmobiliario tokenizado bajo supervisión de la comisión.
Reyes subrayó también la proyección internacional que, según sostuvo, ha alcanzado la CNAD en estos tres años, al señalar que la experiencia regulatoria desarrollada en El Salvador ha permitido a la institución compartir conocimiento técnico y brindar asistencia a otros países interesados en regular su propio ecosistema de activos digitales.
La CNAD fue creada en 2023 como el ente encargado de la regulación y supervisión de los activos digitales en El Salvador, con el propósito de dotar de marco jurídico a la actividad cripto surgida tras la adopción del bitcoin en 2021. Aquella decisión, aprobada por la Asamblea Legislativa en junio de 2021, convirtió al país en el primero del mundo en reconocer al bitcoin como moneda de curso legal, un paso que motivó reservas de organismos como el Fondo Monetario Internacional. En enero de 2025, el gobierno acordó con ese organismo reformar la Ley Bitcoin y volver voluntaria su aceptación, dentro de un programa de financiamiento por $1,400 millones.
Esa institucionalidad especializada ha sido presentada por el Órgano Ejecutivo como un elemento diferenciador frente a otras jurisdicciones de la región que aún no cuentan con reguladores propios de la materia. El país ha desplegado en paralelo otras apuestas por la economía digital, entre ellas iniciativas como la contratación de tecnología para vigilar apuestas en línea en la Lotería Nacional.
Al cierre del acto, ambos funcionarios reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo un entorno institucional y regulatorio orientado a generar confianza y atraer nuevas oportunidades de inversión para la industria de activos digitales que opera bajo supervisión de la comisión.
