El dato se enmarca en un desempeño económico que, según el Banco Central de Reserva (BCR), registró un crecimiento del 4.8% interanual del Producto Interno Bruto durante los primeros meses de 2026, impulsado en buena medida por actividades vinculadas al turismo como la construcción, el transporte, los hoteles y los restaurantes. El BCR es la entidad encargada de publicar las cifras oficiales de crecimiento económico y balanza de pagos del país, por lo que sus reportes constituyen la referencia primaria para medir el peso real del sector en la economía nacional.
El Ministerio de Turismo sitúa el ciclo de expansión en los años posteriores a 2019, cuando el país comenzó a figurar entre los mercados de mayor crecimiento porcentual de la región centroamericana. El ICEX, organismo español dedicado a la promoción del comercio exterior y las inversiones, ha señalado que El Salvador se ubica entre los países con mayor crecimiento turístico relativo desde ese año, lo que refuerza la lectura oficial sobre una recuperación acelerada tras la pandemia de covid-19.
De una base menor a la comparación regional
La comparación con Costa Rica y Cuba, dos de los destinos históricamente dominantes en la oferta turística regional, resulta significativa en términos de trayectoria, aunque debe matizarse: ambos países mantienen volúmenes absolutos de visitantes muy superiores a los salvadoreños, construidos sobre décadas de infraestructura consolidada. Costa Rica ha basado su modelo en el turismo ecológico y de naturaleza desde los años ochenta, mientras que Cuba, pese a las limitaciones derivadas del embargo estadounidense y de su propio sistema económico, mantiene una industria hotelera de largo recorrido. El crecimiento porcentual salvadoreño parte, por tanto, de una base históricamente menor.
La estrategia del Órgano Ejecutivo, encabezado por el presidente Nayib Bukele, ha colocado la seguridad pública como eje de su discurso sobre la recuperación económica. Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, el Gobierno reporta una caída sostenida en los indicadores de homicidios, argumento que Casa Presidencial ha utilizado de forma recurrente para atraer inversión extranjera y visitantes internacionales.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones de derechos humanos han documentado en paralelo denuncias sobre detenciones arbitrarias y presunto abuso de autoridad durante la vigencia de esa medida, un debate que continúa abierto en el plano judicial y político. El régimen de excepción, prórroga que la Asamblea Legislativa vota mes a mes, suspende ciertas garantías constitucionales durante el período en que está vigente.
En materia de infraestructura, el Gobierno ha destinado recursos a la ampliación de corredores turísticos, la modernización del aeropuerto internacional y proyectos carreteros vinculados a la llamada Surf City, en la costa del Pacífico, que ha ganado proyección internacional gracias a competencias de surf y fútbol playa. Esa proyección deportiva ha funcionado como vitrina adicional para la promoción del país en mercados como el estadounidense, de donde procede la mayor proporción de visitantes según los registros citados por la cartera de turismo.
El anuncio se complementa con una inversión declarada de más de $3,000 millones anuales en el sector educativo, orientada a ampliar el acceso a tecnología en las escuelas públicas. Aunque se trata de un rubro distinto al turístico, el Ejecutivo lo presenta como parte de una misma estrategia de desarrollo de mediano plazo, en la que la formación de capital humano se vincula al fortalecimiento de sectores de servicios como el hotelero y el gastronómico.
La dependencia de un solo sector, incluso uno en expansión como el turístico, plantea riesgos de vulnerabilidad ante choques externos, tal como ocurrió durante la pandemia de covid-19, cuando la industria hotelera salvadoreña sufrió una contracción abrupta en 2020. La resiliencia mostrada en la recuperación posterior será la prueba de si el crecimiento actual es estructural o corresponde a un ciclo coyuntural ligado a la percepción de seguridad.
El precedente más cercano se remonta a la década de 1990, tras la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992, cuando El Salvador intentó por primera vez posicionarse como destino turístico regional tras el fin del conflicto armado interno. Aquel esfuerzo se vio limitado por los altos índices de violencia de las dos décadas siguientes, obstáculo que el actual Gobierno señala como el principal factor superado en el ciclo de crecimiento que ahora reporta.
De cara a los próximos meses, el Ministerio de Turismo tiene previsto presentar un informe consolidado de cierre de año que permitirá corroborar si la proyección de $3,600 millones en divisas se cumple. Ese dato, junto con las cifras de crecimiento del PIB que difundirá el BCR en sus informes trimestrales, será determinante para evaluar si el repunte turístico logra consolidarse como motor estructural de la economía salvadoreña o si corresponde a un pico coyuntural vinculado a la seguridad de los últimos años.
