La crisis migratoria en Ceuta, que se ha mantenido en el centro del debate político durante buena parte del verano, ha ido sumando derivadas que superan la dimensión estrictamente fronteriza: seguridad, relaciones diplomáticas con Marruecos, atención humanitaria, presión sobre los servicios sanitarios, protección de menores y denuncias de agresiones sexuales en la ciudad autónoma. Esa acumulación de frentes explica el número inusualmente alto de comparecencias ministeriales concentradas en una sola semana.
La primera cita es el martes 25 de agosto, a las 12:30 horas, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la Comisión de Defensa. Robles fue la única ministra que aceptó en un primer momento acudir al Senado a la citación del Partido Popular, pero posteriormente remitió una carta al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, en la que le informaba de que necesitaba, según sus términos, «más tiempo» para contar con más y mejor información y dotar de contenido la comparecencia.
El jueves 27 concentra una doble sesión. A las 10:00 horas, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para abordar la coordinación institucional entre administraciones ante una crisis que ha trascendido lo migratorio. Dos horas más tarde es el turno de la ministra de Sanidad, Mónica García, cuya intervención llega marcada por la controversia sobre la situación asistencial en Ceuta.
García ha rechazado que exista un «colapso sanitario» en la ciudad autónoma, aunque sí ha reconocido zonas especialmente tensionadas y la necesidad de reforzar determinados dispositivos. Organizaciones y responsables sanitarios han advertido durante el verano de la presión ejercida sobre la red asistencial ceutí por la llegada de un volumen elevado de personas en un periodo breve de tiempo.
El viernes 28 de agosto será la jornada de mayor intensidad, con tres comparecencias consecutivas. A las 09:00 horas acude a la Comisión de Interior el ministro Fernando Grande-Marlaska, cuya intervención está especialmente esperada por la oposición al abordar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la vigilancia de la frontera con Marruecos ante la entrada masiva registrada este verano.
A las 12:00 horas del mismo viernes comparece el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, con una intervención centrada en la gestión diplomática de la crisis y el estado de la relación bilateral con Rabat, un asunto que ha marcado históricamente los episodios de tensión fronteriza en Ceuta y Melilla. La jornada se cierra a las 16:00 horas con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, cuya comparecencia se centrará previsiblemente en la acogida y atención de las personas que permanecen en la ciudad. Su departamento ha anunciado la instalación de nuevos dispositivos de atención humanitaria para ampliar la capacidad de acogida, uno de los aspectos más cuestionados desde el inicio de la crisis.
El calendario se cierra el lunes 31 de agosto con la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, solicitada a petición propia. La cita llega después de que el Partido Popular reclamara explicaciones sobre el aumento de agresiones sexuales denunciado en Ceuta y pidiera conocer los protocolos activados para la protección de las mujeres. Redondo ha solicitado comparecer, según su departamento, para informar de las actuaciones desarrolladas en este ámbito.
Marco constitucional y precedente de 2021
El marco de estas comparecencias se sustenta en el artículo 110 de la Constitución y en el Reglamento del Congreso, que facultan a las Cámaras para reclamar la presencia de los miembros del Gobierno con el fin de informar sobre asuntos de su competencia. La Diputación Permanente, órgano que opera durante los periodos en que las Cámaras no están reunidas —como el mes de agosto—, es la que garantiza la continuidad de la función de control fuera del periodo ordinario de sesiones.
Ceuta ha sido en las últimas décadas uno de los puntos de mayor presión migratoria de la frontera exterior de la Unión Europea. El antecedente más citado es la crisis diplomática de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas tras la relajación temporal de los controles marroquíes, en pleno conflicto bilateral por la acogida en España del líder del Frente Polisario. Aquel episodio marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Madrid y Rabat, que no se reencauzaron hasta el giro español sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022.
La oposición, con el Partido Popular a la cabeza, ha reclamado durante el verano mayor transparencia sobre la gestión gubernamental de la crisis y ha cuestionado la coordinación entre los distintos ministerios implicados. El Gobierno ha sostenido que la respuesta se ha ajustado a los protocolos existentes y ha subrayado el refuerzo de medios materiales y humanos desplegados en la ciudad autónoma en las últimas semanas.
A partir de esta ronda de comparecencias, el foco se trasladará previsiblemente a la evolución de las cifras de llegadas, a la respuesta que ofrezca el Ministerio del Interior en materia de seguridad fronteriza y al desarrollo de las conversaciones diplomáticas con Marruecos, además del seguimiento de los protocolos de protección de las mujeres que detalle Igualdad. Con la vuelta plena de la actividad parlamentaria en septiembre, la crisis de Ceuta se perfila como uno de los primeros ejes del pulso entre Gobierno y oposición del nuevo curso político.
