Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y su condena se había convertido en referencia para analistas y organismos centroamericanos que siguen la cooperación en seguridad entre EUA y los países del llamado Triángulo Norte, del que El Salvador forma parte junto a Guatemala y Honduras. El fallo, dictado tras un juicio en el que fiscales estadounidenses presentaron testimonios de exnarcotraficantes que lo señalaban como facilitador de embarques de droga a cambio de financiamiento político, fue interpretado en su momento como una señal de que Washington no toleraría vínculos entre el poder político y el crimen organizado en la región.
Un eventual perdón presidencial —atribución que la Constitución de EUA otorga de forma amplia al jefe de Estado sobre delitos federales— no anularía la condena en sí, pero eliminaría o reduciría la pena pendiente, lo que permitiría la salida de prisión y el regreso a Honduras. La Casa Blanca no ha ofrecido hasta el momento una versión oficial detallada sobre las razones del caso, y en Honduras la Fiscalía General y el Ministerio Público tampoco han emitido pronunciamientos que confirmen el paradero o la situación migratoria del expresidente.
Un antecedente que la región recuerda
El precedente más citado para ilustrar los vaivenes de la política estadounidense hacia gobernantes señalados por vínculos con el narcotráfico es el del expresidente panameño Manuel Antonio Noriega, aliado de Washington en los años ochenta pese a las evidencias de sus conexiones con el tráfico de drogas, hasta que la invasión estadounidense de 1989 lo derrocó y derivó en su posterior condena en tribunales de EUA. Politólogos centroamericanos han invocado repetidamente ese episodio como ejemplo de que la calificación de «aliado» o «amenaza» ha respondido en distintos momentos a intereses geopolíticos y no exclusivamente a criterios judiciales.
Para El Salvador el asunto no es menor. El país ha construido buena parte de su relación reciente con Washington en torno a la cooperación en seguridad, en particular desde la implementación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado mensualmente por la Asamblea Legislativa con el argumento de combatir a las pandillas. El Órgano Ejecutivo ha defendido esa política ante organismos internacionales como una respuesta necesaria a la violencia estructural, mientras la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones civiles han documentado denuncias de detenciones arbitrarias en ese marco.
Analistas centroamericanos han comparado en más de una ocasión la política de seguridad salvadoreña con la trayectoria judicial de Hernández, aunque los casos difieren sustancialmente: mientras el expresidente hondureño fue condenado por vínculos directos con el narcotráfico, el debate en El Salvador se centra en el respeto al debido proceso durante el régimen de excepción, materia sobre la que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha recibido diversos recursos de hábeas corpus en los últimos años.
El episodio resuena también en la relación bilateral durante la administración de Nayib Bukele, quien ha mantenido una postura cercana a Trump en foros internacionales y ha defendido el modelo de seguridad salvadoreño como referente para otros países de la región, incluida Honduras. Voceros de Casa Presidencial no se han pronunciado sobre el caso de Hernández, y hasta la fecha ningún funcionario del Órgano Ejecutivo salvadoreño ha emitido una valoración oficial sobre el eventual perdón.
Organizaciones centroamericanas de la sociedad civil, entre ellas plataformas hondureñas de monitoreo judicial, han expresado preocupación por el mensaje que un perdón de este tipo enviaría a la región en momentos en que varios países del istmo afrontan procesos electorales y disputas internas sobre la fiscalización del financiamiento político. Desde el Congreso de EUA, algunos legisladores demócratas han solicitado explicaciones formales al Departamento de Justicia sobre los criterios aplicados para conceder perdones a extranjeros condenados por delitos federales de narcotráfico, en un contexto de creciente escrutinio sobre las facultades presidenciales de indulto.
El impacto de este episodio en El Salvador se mediría, según analistas consultados por medios centroamericanos, en el terreno simbólico más que en el institucional inmediato, dado que no existe un vínculo jurídico directo entre el caso hondureño y los procesos judiciales o legislativos salvadoreños en curso. Aun así, reaviva un debate de fondo sobre la selectividad de la cooperación en seguridad que EUA ha mantenido con los países del Triángulo Norte durante más de dos décadas, incluidos programas de asistencia condicionada a certificaciones sobre derechos humanos y lucha contra el narcotráfico.
De confirmarse el perdón y el regreso de Hernández a Honduras, el próximo hito a observar será su eventual reincorporación a la vida pública hondureña y la reacción del Órgano Judicial de ese país ante una figura que dejó el poder bajo señalamientos de corrupción y crimen organizado. Para El Salvador, el caso seguirá siendo referencia en el análisis comparado sobre cómo Washington gestiona sus relaciones con gobernantes centroamericanos señalados por conductas similares, una discusión que previsiblemente continuará mientras persista la cooperación en seguridad entre ambos países.
