La actuación forma parte del calendario de inspecciones que la Conselleria del Mar despliega durante los meses de mayor actividad náutica en las Islas Baleares, cuando el tráfico de embarcaciones dedicadas al alquiler y al transporte de pasajeros se multiplica en puertos como el de Andratx, uno de los de mayor volumen de tráfico marítimo del litoral mallorquín durante la temporada estival.
Los agentes del Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral revisaron la documentación de las embarcaciones, las autorizaciones administrativas para el ejercicio de actividades comerciales y las titulaciones profesionales de quienes las patronean, además de las condiciones en que se prestan los servicios de chárter y alquiler náutico.
Lafuente defendió la actuación con un argumento centrado en la igualdad de condiciones para los operadores. «No podemos permitir que quienes incumplen las normas compitan en igualdad de condiciones con quienes asumen sus obligaciones, disponen de las autorizaciones necesarias y ofrecen todas las garantías a los usuarios», señaló durante la jornada. El conseller subrayó que la lucha contra el denominado chárter ilegal exige combinar la vigilancia directa sobre el terreno con la tramitación de los expedientes sancionadores y la coordinación entre las distintas administraciones implicadas, desde los ayuntamientos costeros hasta la propia Conselleria.
«El objetivo no es únicamente detectar infracciones, sino consolidar un modelo en el que la actividad náutica se desarrolle de manera ordenada, segura y con las mismas reglas para todos», añadió Lafuente. El mensaje se dirige tanto a los operadores irregulares como al sector profesional legalmente constituido, que la administración presenta como principal perjudicado por la actividad clandestina.
La actuación se enmarca en la estrategia transversal impulsada por el Govern a través de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo, un órgano de coordinación entre administraciones, agentes sociales y sectores económicos creado para identificar prácticas ilegales, mejorar el intercambio de información entre organismos y coordinar medidas de prevención y control. En el sector náutico, según la Conselleria, esta coordinación resulta especialmente relevante porque el intrusismo constituye una forma de competencia desleal frente a las empresas sometidas a exigencias específicas en materia de seguridad, autorizaciones de transporte de pasajeros y protección medioambiental del litoral.
Un dispositivo de 22 embarcaciones y un balance sancionador al alza
El dispositivo de vigilancia cuenta esta temporada con 22 embarcaciones operativas distribuidas entre las distintas islas del archipiélago, un despliegue que combina actuaciones programadas de inspección con la atención a avisos sobre posibles irregularidades en la actividad marítima. La jornada en Andratx se inscribe en la octava edición de la campaña contra el chárter náutico ilegal, un periodo en el que la administración balear ha reforzado progresivamente tanto los medios de vigilancia como el marco sancionador aplicable.
Los datos de la propia Conselleria del Mar reflejan la magnitud del fenómeno. Durante 2025 se incoaron 162 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con el transporte marítimo y el alquiler de embarcaciones, con sanciones propuestas por un importe conjunto de 471.600 euros. En los primeros meses de 2026 ya se habían iniciado 35 expedientes, con propuestas de sanción superiores a los 92.000 euros, según el balance trasladado por el Govern.
El fenómeno del chárter ilegal no es exclusivo de Baleares ni reciente: la proliferación de alquileres de embarcaciones sin licencia ha sido una preocupación constante del sector náutico profesional español, alimentada por la facilidad de contactar operadores informales a través de plataformas digitales y redes sociales, al margen de los canales regulados por las capitanías marítimas y las consellerias autonómicas.
El marco normativo que regula esta actividad combina competencias estatales, a través de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, con competencias autonómicas en materia de puertos deportivos y ordenación del litoral. Esa concurrencia de administraciones es la que, según el Govern, obliga a la coordinación interadministrativa que reivindica como eje de su estrategia frente al intrusismo, articulada a través de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo.
Desde el sector, las asociaciones del alquiler náutico legal han reclamado en los últimos años un endurecimiento de las sanciones y una mayor presencia de inspectores en los puertos de mayor afluencia turística, y sitúan la competencia desleal entre sus principales preocupaciones durante la temporada estival, en la misma línea que la actuación reivindicada por la administración balear.
El Govern no ha precisado si la jornada en Port d'Andratx se saldó con la apertura de nuevos expedientes sancionadores. Los resultados de las inspecciones de este jueves se incorporarán a las próximas actuaciones de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo y al balance que la Conselleria del Mar publica al cierre de cada temporada estival.
