El Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido de nuevo al argumento del 'lawfare' —o guerra judicial— para enmarcar los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, una estrategia que sus propios socios de investidura han rechazado públicamente y que ha generado una crisis interna en la coalición, con Sumar endureciendo su posición y abriendo un debate interno sobre la adopción de medidas que los propios dirigentes del partido califican de 'drásticas' si se acreditan 'pruebas contundentes' de irregularidades.
La narrativa del 'lawfare' como escudo político
El término 'lawfare', de origen anglosajón y acuñado en el ámbito de la geoestrategia para describir el uso del derecho como arma de guerra, ha sido incorporado al vocabulario político español por el entorno del Gobierno para referirse a lo que describe como una persecución judicial de carácter político. Su uso sistemático en casos que involucran a dirigentes o personas próximas al PSOE representa una decisión de encuadre narrativo —framing— que condiciona el debate público al situar cualquier investigación judicial en el terreno de la conspiración antes que en el del Estado de derecho. Esta táctica no es nueva: gobiernos de distintos signos en democracias occidentales han recurrido a argumentos similares para desacreditar procesos judiciales incómodos, con resultados desiguales ante la opinión pública y ante sus propios aliados parlamentarios.
La fractura con los socios de investidura
La novedad política relevante reside en que la estrategia del Ejecutivo no solo no ha convencido a sus aliados parlamentarios, sino que ha provocado el efecto contrario al buscado. El PSOE ha desoído de forma explícita las advertencias de sus socios, quienes han pedido al partido gobernante que abandone el recurso al 'lawfare' como respuesta a las investigaciones judiciales. Esta tensión tiene consecuencias directas sobre la aritmética parlamentaria en la que descansa la estabilidad del Gobierno, que carece de mayoría absoluta y depende de acuerdos caso a caso con partidos de distinta naturaleza ideológica y territorial.
Sumar eleva el tono y estudia medidas 'drásticas'
La posición de Sumar, socio minoritario de la coalición de gobierno, ha experimentado un endurecimiento notable. Según el material disponible, en el seno del grupo parlamentario de Sumar se ha abierto un debate interno para adoptar medidas calificadas como 'drásticas' en caso de que aparezcan 'pruebas contundentes'. La apertura de ese debate —independientemente de su desenlace— es en sí misma un indicador político de primer orden: significa que la formación liderada por Yolanda Díaz ya no descarta escenarios de ruptura o de distancia formal con el socio mayoritario de Gobierno en función de cómo evolucionen los casos judiciales. En las coaliciones de gobierno, el mero hecho de que un socio debata públicamente medidas de presión altera la correlación de fuerzas interna.
Qué es el 'lawfare' y por qué importa el encuadre
El concepto tiene un recorrido académico y jurídico previo a su uso político en España. En su acepción original, describe la utilización de sistemas legales y judiciales para dañar a un adversario político o militar. Su aplicación al contexto español por parte del Gobierno implica afirmar que el poder judicial actúa de forma parcial y coordinada con intereses opositores, una afirmación que, de ser cierta, constituiría una crisis institucional de primer nivel, y que, de no serlo, representaría un ataque a la independencia judicial que los propios socios del Gobierno han señalado como inaceptable. La distinción entre ambas posibilidades es, precisamente, la que el Ejecutivo no ha logrado sostener ante sus aliados.
El coste parlamentario de ignorar a los socios
La coalición de gobierno que sostiene al Ejecutivo de Sánchez es una de las más heterogéneas de la democracia española reciente, compuesta por partidos con intereses divergentes en materia territorial, económica y, como se comprueba ahora, en lo relativo a la respuesta institucional a los escándalos de corrupción. Cuando un gobierno en minoría parlamentaria pierde la confianza de sus apoyos en una cuestión de calado ético y judicial, la capacidad de sacar adelante legislación y presupuestos se resiente de forma directa. La historia parlamentaria española registra precedentes en los que la erosión de la confianza entre socios de investidura por causas externas a la agenda legislativa ha derivado en bloqueos, elecciones anticipadas o recomposición de mayorías.
La posición del PSOE y el derecho de réplica
El Partido Socialista no ha modificado su diagnóstico público sobre los casos judiciales que le afectan y mantiene la tesis de la persecución política como explicación central.
Perspectiva: la gobernabilidad en el horizonte
La evolución de esta crisis interna de la coalición tiene al menos dos variables determinantes en los próximos meses: el avance o archivo de las causas judiciales en curso y la posición que adopten finalmente los grupos parlamentarios que han advertido al Gobierno. Si Sumar traslada el debate interno a una decisión formal —ya sea de abstención, voto en contra en materias sensibles o ruptura de la coalición—, el mapa de la gobernabilidad española cambiará de forma sustancial. Si, por el contrario, el debate queda en advertencia sin consecuencias, habrá que evaluar qué credibilidad conservan esos socios ante su propio electorado. En cualquiera de los escenarios, el uso del 'lawfare' como argumento ha dejado de ser un recurso gratuito para el Ejecutivo.
