La reunión de julio de 2022 se celebró en plena oleada de fuegos en Zamora y otras zonas del noroeste peninsular. En ella se aprobaron las «orientaciones estratégicas para la gestión de incendios en España», documento que continúa siendo, cuatro años después, el marco de referencia para la coordinación entre administraciones. Aquel encuentro abordó también los mecanismos de cooperación ante grandes incendios que exigen la declaración de emergencia nacional —la misma figura activada la semana pasada en el centro peninsular— y sirvió para anunciar que el Ejecutivo llevaría al Consejo de Ministros un real decreto sobre los requisitos básicos de la operativa de extinción.
Desde entonces, el ministerio y las comunidades se han seguido viendo en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con citas ordinarias y extraordinarias, pero para tratar asuntos como la calidad del aire y del agua, la biodiversidad o la gestión del lobo. Los incendios forestales han quedado relegados a un segundo nivel de interlocución, canalizado a través del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), órgano de coordinación técnica que se reúne antes y después de cada campaña estival con representantes de perfil operativo, no político.
Dos foros con rango distinto
La diferencia entre ambos foros no es meramente formal. Las conferencias sectoriales, reguladas por la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, son el instrumento de cogobernanza que reúne a un ministro con los consejeros autonómicos de su misma área para acordar políticas públicas conjuntas, aprobar planes y decidir el reparto de fondos y presupuestos estatales entre territorios. El CLIF, en cambio, tiene una función preparatoria: analiza los aspectos técnicos y redacta los borradores de leyes, normativas y planes de cooperación que después deberían elevarse a decisión política en la sectorial correspondiente.
Esa elevación política es la que no se ha producido en materia de incendios desde hace cuatro años, pese a que el marco legal la contempla como cauce para dirimir cuestiones que exceden lo técnico. Entre ellas figura la reforma normativa que reclaman numerosos propietarios de montes, que sostienen que la legislación vigente dificulta las labores de limpieza y desbroce preventivo de las fincas forestales, así como el avance hacia un Pacto de Estado sobre el cambio climático que incorpore medidas contra la creciente virulencia de los fuegos, un consenso amplio que el propio Gobierno ha reclamado en distintas ocasiones.
El Partido Popular, principal grupo de la oposición, ha denunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica pretende imponer acuerdos sin negociación previa con las comunidades, la mayoría de ellas gobernadas por el propio PP. Los populares recuerdan que, tras los incendios de León y Zamora del verano pasado, plantearon propuestas sobre gestión forestal y coordinación de medios que, según su versión, el Ejecutivo no llegó a estudiar en un ámbito de decisión política.
El Gobierno defiende que la coordinación técnica a través del CLIF garantiza una respuesta operativa eficaz y subraya que las competencias de prevención y extinción corresponden mayoritariamente a las comunidades autónomas, que gestionan sus propios medios aéreos y terrestres y son responsables de la planificación forestal en su territorio. La interlocución permanente con los servicios técnicos autonómicos, según la posición del ministerio, resulta más ágil que la convocatoria de sectoriales de carácter político.
Un reparto competencial fragmentado
El trasfondo de la discusión es el reparto de competencias en materia forestal, uno de los más fragmentados del Estado autonómico. Desde la Constitución de 1978 y los sucesivos traspasos, la ordenación forestal y la extinción de incendios recaen en las comunidades autónomas, mientras que el Estado conserva la coordinación general, la declaración de emergencias de interés nacional —regulada por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil— y el apoyo a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los medios aéreos estatales adscritos al ministerio.
La superficie quemada en España ha mostrado una tendencia creciente en los últimos veranos, marcados por olas de calor más frecuentes e intensas, según los registros que anualmente actualiza el Ministerio para la Transición Ecológica a través de su sistema de información de incendios forestales. El propio Gobierno ha vinculado repetidamente el fenómeno al cambio climático y al abandono rural, que reduce la gestión activa del monte e incrementa la carga de combustible vegetal disponible para el fuego.
La declaración de emergencia nacional en Ávila, Madrid y Toledo la semana pasada ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una coordinación reforzada entre el Estado y las autonomías afectadas, en un contexto en el que los grandes incendios de propagación extremadamente rápida y comportamiento errático exigen protocolos conjuntos que superan la capacidad de respuesta de cualquier administración por separado.
No existe una fecha anunciada para una próxima Conferencia Sectorial específica sobre incendios forestales. El calendario habitual del CLIF prevé encuentros técnicos antes y después de cada campaña estival, sin que de ellos trasciendan compromisos políticos de calado. La presión de la oposición y de sectores forestales por reactivar el diálogo a nivel ministerial se intensificará previsiblemente en las próximas semanas, a medida que se conozca el balance definitivo de la temporada de incendios de este verano.
