El caso reabre el debate sobre los mecanismos de contratación pública en El Salvador y los criterios que rigen la adjudicación de obras y servicios estatales, un asunto que en años recientes ha estado bajo escrutinio de organizaciones de sociedad civil y de la propia Corte de Cuentas de la República, entidad constitucionalmente encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos.
Según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), todo proceso de compra o contratación estatal debe regirse por principios de libre competencia, transparencia e igualdad de participación entre oferentes. Las instituciones públicas están obligadas a publicar sus procesos en el sistema COMPRASAL, plataforma administrada por el Ministerio de Hacienda, donde constan las adjudicaciones, montos y empresas beneficiadas. El artículo 20 de la misma ley prohíbe expresamente que participen en procesos de compra pública personas naturales o jurídicas que mantengan relación de parentesco, sociedad o interés económico directo con funcionarios que intervengan en la adjudicación.
La verificación del cumplimiento de esa disposición corresponde, en primera instancia, a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de cada entidad pública y, en segunda instancia, a la fiscalización posterior de la Corte de Cuentas. Ese control cruzado busca prevenir conflictos de interés antes de que un contrato se formalice, aunque su eficacia depende de la información societaria que cada oferente declare y de la que la institución contratante haga pública.
La reaparición del nombre de José Luis Merino en este tipo de señalamientos no es nueva. Exguerrillero y otrora funcionario de gobiernos del FMLN, Merino ha sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas y judiciales, tanto en El Salvador como en instancias internacionales, por presuntos vínculos con estructuras de intermediación en compras estatales durante gestiones pasadas. Ninguna de esas pesquisas ha derivado, hasta ahora, en una condena firme en su contra.
Que su nombre vuelva a mencionarse en un señalamiento sobre contratación pública, esta vez en relación con el actual Órgano Ejecutivo, ha sido interpretado por sectores críticos como una muestra de continuidad en prácticas de intermediación política independientemente del signo partidario en el poder. Voceros oficialistas han insistido en el pasado en que cualquier señalamiento debe sustentarse con pruebas verificables ante las instancias correspondientes.
El gobierno de Bukele ha rechazado en múltiples ocasiones señalamientos de este tipo, atribuyéndolos a sectores opositores o a intereses extranjeros. Casa Presidencial no ha emitido, al cierre de esta nota, un pronunciamiento específico sobre el contrato atribuido a World Real Estate El Salvador ni sobre la identidad de sus directivos. La empresa tampoco ha respondido públicamente al señalamiento.
Un historial de casos que sí llegaron a condena
La contratación estatal como vía para canalizar fondos hacia círculos de allegados no es un fenómeno inédito en la historia reciente del país. Durante los gobiernos de ARENA y del FMLN previos a 2019, distintas investigaciones periodísticas y procesos judiciales documentaron el uso de estructuras paralelas o empresas de fachada. Los casos seguidos contra los expresidentes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes marcaron precedentes: Saca fue condenado a diez años de prisión en 2018 por desvío de fondos públicos, mientras que Funes acumuló varias condenas y falleció en 2025 en el exilio en Nicaragua.
La Fiscalía General de la República no ha confirmado la apertura de una investigación específica sobre el contrato señalado. La institución no suele pronunciarse sobre pesquisas en curso hasta que alcanzan una fase de judicialización, práctica defendida por razones de reserva procesal y cuestionada por sectores que reclaman mayor transparencia en el seguimiento de casos de corrupción.
La Asamblea Legislativa, donde el oficialismo mantiene una mayoría amplia desde las elecciones de 2024, no ha incluido hasta el momento el caso en su agenda de comisiones. La oposición parlamentaria, reducida a una fracción minoritaria de las 60 curules del Salón Azul, ha solicitado en ocasiones anteriores la comparecencia de funcionarios del Órgano Ejecutivo ante casos similares, sin que estas solicitudes hayan prosperado en el pleno.
El expediente pone también en perspectiva el papel de COMPRASAL como herramienta de transparencia. Organizaciones especializadas en fiscalización de gasto público han señalado en el pasado que, si bien la plataforma permite consultar montos y empresas adjudicatarias, la información sobre la estructura societaria real de los proveedores —quiénes son sus verdaderos dueños o beneficiarios finales— no siempre resulta accesible de forma inmediata, lo que dificulta detectar conflictos de interés antes de que sean revelados por investigaciones externas.
El caso ocurre en un contexto donde la relación entre el Órgano Ejecutivo y la prensa independiente ha estado marcada por tensiones documentadas. Organizaciones internacionales de libertad de prensa han señalado en distintos informes que periodistas y medios digitales salvadoreños han denunciado vigilancia, hostigamiento judicial y, en algunos casos, el desplazamiento de reporteros fuera del país tras publicar investigaciones sobre el manejo de fondos públicos.
De confirmarse los vínculos señalados entre Vega y el círculo cercano al presidente Bukele, el caso podría convertirse en materia de escrutinio para la Corte de Cuentas de la República en su próximo ciclo de auditorías a instituciones del Órgano Ejecutivo, cuyos resultados suelen conocerse con meses de rezago respecto a los hechos auditados. Queda abierta, además, la posibilidad de que diputados de oposición presenten una solicitud formal de informe ante la institución contratante, mecanismo previsto en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para requerir explicaciones a funcionarios del Ejecutivo.
