El nuevo texto reduce esos umbrales al 10% de los votos en la circunscripción o al 3% en el cómputo nacional, siempre que el partido cuente con al menos cinco escaños. Se trata de una modificación del Reglamento del Congreso, la norma de autoorganización que rige el funcionamiento interno de la Cámara Baja al amparo del artículo 72 de la Constitución y que no requiere sanción real ni publicación como ley ordinaria en el Boletín Oficial del Estado. Su aprobación exige el respaldo del Pleno tras el correspondiente trámite en la Mesa y la Junta de Portavoces.
La creación de grupo parlamentario propio no es un trámite menor. Determina el tiempo de intervención en los plenos, la capacidad de presentar iniciativas legislativas y de fiscalización del Gobierno, la composición proporcional de las comisiones y el acceso a una financiación pública específica en función del tamaño del grupo, además de eximir a sus integrantes de quedar diluidos en el Grupo Mixto, donde tradicionalmente se agrupan las formaciones minoritarias con menor peso institucional.
Durante el debate, los partidos nacionalistas defendieron que la reforma corrige una rigidez reglamentaria que, según sostienen, ha sido utilizada de forma discrecional por las mayorías de turno. La diputada de ERC Inés Granollers afirmó que en la votación se decidía «si el Congreso de la próxima legislatura estaba pensado para que quepan todas las voces o solo para que algunos sigan pensando y decidiendo quién tiene derecho a ser escuchado».
En la misma línea se expresó el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien acusó al PP de haber aplicado el reglamento con «libre albedrío» en anteriores legislaturas para dificultar la formación de grupos propios a fuerzas nacionalistas. Según su argumento, los populares han utilizado la norma de forma «torticera» para otorgar o negar la creación de grupo propio cuando «le venga en gana», y la reforma limita ese margen de interpretación.
El diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en el grupo Sumar, situó el debate en un plano más estructural: a su juicio, el sistema de circunscripciones que rige las elecciones al Congreso favorece históricamente al bipartidismo, y la reforma aprobada «compensa» esa situación para las formaciones de base territorial. Por parte del PSOE, la diputada María Adrio defendió el apoyo de su grupo apelando a la representación de la pluralidad —«Creemos en la democracia, en la España en la que todos cabemos», afirmó— y a la corrección de la «rigidez» reglamentaria.
Enfrente, PP y Vox interpretaron la reforma como una señal del agotamiento de la legislatura iniciada tras las elecciones generales de julio de 2023. El diputado popular Pedro Navarro la calificó de «otro pago político con el mismo comprador y el mismo vendedor», y subrayó que el cambio no solo afecta a la representación, sino también al reparto de recursos materiales: despachos, presencia fija en los órganos de la Cámara, personal asesor y subvenciones que percibe cada grupo. Sus enmiendas, como las de Vox, fueron rechazadas.
El diputado de Vox Carlos Flores Juberías sostuvo que la rebaja de los requisitos «hasta límites ridículos» es la prueba más evidente de que la legislatura ha terminado. «Las rebajas suceden a final de temporada», dijo, tras considerar que el apoyo socialista demuestra que el PSOE no puede vivir sin sus socios de investidura para sacar adelante iniciativas legislativas en un Congreso sin mayoría absoluta.
La votación se produce en paralelo a otros pulsos parlamentarios recientes. PP, Vox y Junts tumbaron semanas atrás la senda de estabilidad presupuestaria, un revés que complica la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y que ilustra la aritmética fragmentada sobre la que se sostiene la legislatura, con acuerdos alcanzados votación a votación.
Las controversias sobre los criterios para constituir grupo propio no son nuevas en la etapa de mayor fragmentación parlamentaria. Tras el fin del bipartidismo clásico entre PP y PSOE que caracterizó buena parte del periodo democrático iniciado en 1978, la irrupción de nuevas formaciones a partir de 2015 y 2016 multiplicó las disputas sobre la interpretación del reglamento, en las que la decisión última recae en la Mesa del Congreso.
Con la nueva regla en vigor de cara a la próxima cita electoral, formaciones con representación concentrada en determinadas circunscripciones podrían acceder con mayor facilidad a la condición de grupo propio, un extremo que solo podrá comprobarse tras la celebración de los próximos comicios generales, cuya fecha no está fijada mientras continúe la actual legislatura. La modificación reglamentaria queda operativa desde su aprobación, sin más trámites de sanción o publicación como ley.
