El recurso al real decreto-ley para garantizar servicios esenciales en el transporte aéreo tiene precedentes en los conflictos de controladores de 2010, que llegaron a motivar la declaración del estado de alarma, y en las huelgas del sector de 2011 y 2022. La Constitución, en su artículo 86, reserva esta figura para casos de extraordinaria y urgente necesidad y obliga a su convalidación por el Congreso en el plazo de treinta días.
El reparto de la votación
El decreto salió adelante con el respaldo de los grupos que sostienen al Gobierno y la abstención de parte de la Cámara, frente al voto en contra de la oposición a su derecha, que cuestionó la proporcionalidad de unos mínimos del 80%. La aritmética reprodujo, un día después, el bloque que ya había permitido convalidar otras normas de urgencia en la legislatura.
Qué fija el decreto
El texto establece coberturas mínimas del 80% en los vuelos durante las jornadas de huelga, con porcentajes reforzados en rutas insulares y de interés general. La norma habilita además a Enaire a reorganizar turnos para garantizar la seguridad operativa, una competencia que el sindicato USCA ha discutido por su impacto en el derecho de huelga.
La tramitación como proyecto de ley
Tras la convalidación, el Congreso votó tramitar el decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que abrirá un plazo de enmiendas. Esa vía permite a los grupos modificar el articulado y prolonga el debate sobre el equilibrio entre la garantía del servicio y el ejercicio del derecho de huelga reconocido en el artículo 28 de la Constitución.
El conflicto, en la mesa de mediación
En paralelo, el USCA y el Ministerio de Transportes retomaron la negociación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. La convalidación no cierra el conflicto laboral de fondo —referido a jornadas, productividad y plantilla—, sino que estabiliza el marco de servicios mínimos mientras se desarrolla esa mediación.
Las claves
El decreto se convalidó con 178 votos a favor, conforme al resultado publicado por el Congreso de los Diputados.
El artículo 86 de la Constitución exige convalidar los reales decretos-leyes en un plazo máximo de treinta días.
Los servicios mínimos fijados fueron del 80% de los vuelos, con refuerzos en rutas insulares y de interés general.
El precedente de los controladores de 2010 motivó la primera declaración del estado de alarma de la democracia.
«La convalidación da cobertura legal a los mínimos, pero la solución del conflicto está en la mesa de mediación, no en el Boletín Oficial del Estado»
— Fuentes de la Comisión de Transportes del Congreso
