El reproche central del medio marroquí es que Ayuso da por probado lo que, según su propio texto, «la investigación judicial aún no ha acreditado»: que los servicios secretos marroquíes organizaron una «invasión perfectamente planificada» en Ceuta. Le360 subraya que el informe policial remitido a la Audiencia Nacional reconoce no haber podido individualizar responsables e ironiza: «La investigación busca pruebas; ella, más eficiente, encuentra intenciones».
La crisis a la que se refiere el intercambio se remonta a mayo de 2021, cuando en apenas dos jornadas entraron a nado y a pie por la frontera de Ceuta alrededor de 10.000 personas, según las cifras que el Ministerio del Interior facilitó entonces, la mayor entrada irregular registrada en la ciudad autónoma. El episodio coincidió con un pico de tensión bilateral por la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y derivó en la retirada temporal de la embajadora marroquí y en la posterior investigación judicial en la Audiencia Nacional.
Le360 también señala lo que describe como una «contradicción» en el discurso de Ayuso: invocar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como referencia para aislar a Marruecos cuando Washington reconoció en diciembre de 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y mantiene con Rabat una alianza estrecha en la región. El medio añade que la entrevista de OKDIARIO no abordó el ático de Chamberí que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid.
Un altavoz con historial propio
La procedencia del reproche condiciona su lectura. Le360, fundado por Aziz Daki y propiedad de Edit Holding, es señalado habitualmente como canal para difundir mensajes afines al palacio real. Los diarios franceses Le Monde y Libération lo han situado en un entramado de prensa marroquí empleado para atacar a disidentes y periodistas críticos, en línea con la campaña de 2023 contra la vida privada del presidente francés, Emmanuel Macron.
Ese mismo medio publica piezas de opinión que emplean el término «ocupación» para referirse a las islas Chafarinas y que reabren, con argumentos históricos, el cuestionamiento de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Su cobertura del informe policial sobre la crisis migratoria lo describe como «el frágil informe que desató la histeria contra Marruecos». De este modo, el medio que reprocha a Ayuso mezclar referencias históricas y declaraciones aisladas para hablar de un supuesto «Gran Marruecos» sobre Ceuta, Melilla y Canarias practica un ejercicio simétrico en sentido inverso.
Conviene precisar el marco jurídico del asunto de fondo. La investigación sobre la avalancha de Ceuta se tramita en la Audiencia Nacional, competente en materia de delitos con proyección internacional. En la fase de instrucción, un informe policial no constituye prueba de cargo, sino un elemento sujeto a valoración judicial: mientras el procedimiento no individualice responsabilidades ni dicte resolución, las hipótesis sobre autores o instigadores permanecen en el terreno indiciario, algo que Le360 esgrime a su favor.
El pulso entre Madrid y Rabat sobre Ceuta y Melilla no es nuevo. Desde la Transición, la soberanía española sobre ambas ciudades ha sido cuestionada de forma recurrente por sectores oficiales y de opinión marroquíes, y episodios como la crisis del islote Perejil en julio de 2002 —que llevó a un despliegue militar y a una mediación de Estados Unidos— evidenciaron la fragilidad del equilibrio fronterizo. La relación experimentó un giro con la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de marzo de 2022, en la que España respaldó el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como base de solución, decisión que aún hoy divide al arco parlamentario español.
En el plano interno, las palabras de Ayuso se inscriben en la posición del Partido Popular, que ha reprochado al Gobierno de coalición su gestión de las relaciones con Marruecos y el alcance de la investigación por la entrada masiva de 2021. Los populares reclaman claridad sobre la eventual implicación de terceros Estados, mientras el Ejecutivo ha defendido la vía diplomática y la normalización de las relaciones tras el acercamiento de 2022.
La respuesta de las partes queda así delimitada por la naturaleza del episodio. Ayuso ha sostenido públicamente la implicación de los servicios marroquíes y ha condicionado su hipotética política exterior a esa premisa; Le360, en representación de la posición próxima a Rabat, replica que esa implicación no está acreditada judicialmente y cuestiona la coherencia del discurso. Ni el Gobierno de España ni las autoridades marroquíes han emitido pronunciamientos oficiales sobre este intercambio concreto entre la presidenta madrileña y el medio digital.
El desenlace depende ahora de la Audiencia Nacional, cuya instrucción determinará si existen indicios suficientes para atribuir responsabilidades por la entrada masiva de mayo de 2021 o si el procedimiento se archiva por falta de individualización de los hechos. Hasta entonces, la controversia permanecerá en el ámbito de la interpretación política y mediática, sin que un pronunciamiento judicial haya validado ninguna de las versiones enfrentadas.
