El proyecto Arctic Yamal LNG, situado en la península rusa de Yamal, en el círculo polar ártico, es una de las principales infraestructuras de exportación de gas natural licuado del Kremlin y una pieza clave en su estrategia de diversificación de mercados tras la pérdida de buena parte de sus ventas por gasoducto a Europa desde 2022.
La legislación, que da nombre al senador republicano Lindsey Graham, se suma a la batería de restricciones que Washington y Bruselas han ampliado desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, con paquetes sucesivos dirigidos a bancos, tecnología de doble uso y, cada vez con mayor frecuencia, a infraestructuras energéticas concretas.
La aprobación en el Senado estadounidense coincide con decisiones adoptadas en paralelo en Bruselas. La Unión Europea ha impuesto nuevas sanciones al petróleo ruso que prohíben el uso directo o indirecto del gasoducto Nord Stream, en una escalada que busca cerrar las vías residuales de ingresos energéticos que aún mantiene Moscú a través de infraestructuras anteriores a la guerra.
El efecto que apuntan las sanciones al Arctic Yamal LNG recaería sobre el precio del gas en la Unión Europea, dependiente todavía en distintos grados del suministro ruso pese a la sustitución por gas natural licuado procedente de Estados Unidos, Catar y otros proveedores. Cualquier restricción adicional sobre la capacidad exportadora rusa tiende a trasladarse a los mercados mayoristas europeos, especialmente en los meses de mayor demanda invernal.
La dependencia energética de la UE respecto al gas ruso, que llegó a superar el 40% del consumo total antes de la guerra según la Comisión Europea, se ha reducido de forma sustancial en los últimos años, aunque persisten flujos residuales a través de terceros países y de infraestructuras como el propio Nord Stream, ahora objeto de la prohibición comunitaria.
Las primeras restricciones occidentales a Rusia se remontan a 2014, cuando Estados Unidos y la Unión Europea reaccionaron a la anexión de Crimea; la presión se intensificó a partir de 2022 con paquetes que han apuntado progresivamente a los grandes activos energéticos del Kremlin, entre ellos el gas natural licuado del Ártico.
El debate sobre las sanciones energéticas a Rusia atraviesa también la agenda española, en un contexto en el que la política exterior comparte espacio con asuntos internos como la crisis migratoria en Ceuta, sobre la que el PNV no descarta que Marruecos esté presionando al Gobierno.
