El mecanismo, además, tiene un cerrojo de prudencia incorporado: no basta con decretarlo, hay que renovarlo cada 30 días con el aval de la Asamblea Legislativa. Es decir, la propia Constitución desconfía de que una suspensión de garantías dure demasiado y obliga a volver al Salón Azul mes a mes a justificarla. Concedámoslo también: es una salvaguarda elegante. Cada 30 días, 60 curules vuelven a preguntarse si sigue haciendo falta suspender la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de asociación y el derecho de defensa en las primeras 72 horas de una detención. Un examen mensual. Nada más responsable.
Aceptemos ahora la cuarta premisa, que es la que da nombre a todo: la palabra excepción. Una excepción, por definición, es lo que se aparta de la regla. Es el paréntesis, no la frase. Es lo que ocurre una vez para que lo demás pueda seguir siendo normal. La fracción de Nuevas Ideas ha sostenido cada una de estas prórrogas en el pleno, y ha hecho bien en llamarlas por su nombre técnico: régimen de excepción. Concedido. Es exactamente eso lo que la Constitución autoriza. No discutamos el nombre.
Sigamos entonces la aritmética, que es la parte más noble del argumento porque no admite opinión. Del 27 de marzo de 2022 al 27 de octubre de 2026 hay cincuenta y cinco prórrogas. Cincuenta y cinco exámenes mensuales superados sin una sola interrupción. En marzo pasado la medida cumplió su cuarto aniversario. Cuatro años de excepción ininterrumpida. Y aquí no hay reproche todavía: si el examen se aprueba cada mes, es que cada mes había motivo. Cincuenta y cinco meses, cincuenta y cinco motivos. La coherencia es impecable. Démosela por buena.
Aceptemos incluso la última premisa, la más generosa de todas: que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha emitido pronunciamiento que altere la validez de ninguna de estas prórrogas. El guardián de la Constitución ha mirado cincuenta y cinco veces el paréntesis y cincuenta y cinco veces ha guardado silencio. Concedámoslo como la mayor de las virtudes: nadie con autoridad para detenerlo ha querido detenerlo. Todo, absolutamente todo, está en su sitio.
Escribió Roque Dalton que hay que amar la vida aunque cueste trabajo, y quizá por eso conviene recordar el otro gran paréntesis de esta historia: los Acuerdos de Paz de 1992 también nacieron de la excepción, del entendimiento de que un país no puede vivir eternamente en estado de emergencia, que la anormalidad se firma para que la normalidad regrese. Se firmaron precisamente para clausurar un paréntesis. La palabra excepción, en la memoria salvadoreña, siempre ha sido sinónimo de algo que termina.
Y aquí, señores, revienta solo. Porque si aceptamos las cinco premisas —que era necesaria, que era legal, que funcionó, que se examina cada mes y que nadie con autoridad la ha frenado— llegamos a una conclusión que nadie en el Salón Azul querrá firmar en voz alta: que la excepción se ha convertido en la regla. Cincuenta y cinco veces se preguntó la Asamblea si seguía haciendo falta suspender el derecho de defensa, y cincuenta y cinco veces respondió que sí. Un examen que se aprueba siempre, indefinidamente y por unanimidad de bancada no es un examen: es una firma. La salvaguarda que la Constitución diseñó para que la suspensión no durara demasiado se ha convertido en el trámite que garantiza que dure para siempre. Han tomado la prudencia constitucional y la han vuelto un sello de goma que se estampa cada 30 días.
Fíjese usted en el detalle que lo remata. En el mismo pleno donde se aprobó esta prórroga 55 se disolvió la Unidad de Trámite Expedito y sus funciones se trasladaron al Ministerio de Seguridad; se juramentó a los 14 abogados del nuevo Consejo Nacional de la Judicatura. Gestión institucional ordinaria, rutina de calendario, junto a la suspensión de garantías fundamentales. Ahí está la prueba de que ya nada es excepcional: la excepción figura en la agenda entre dos puntos de despacho corriente, como quien aprueba un traslado de competencias. Cuando suspender el derecho de defensa cabe en la misma sesión que una juramentación de abogados, la palabra excepción ha dejado de significar lo que significaba. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado denuncias de capturas sin orden judicial; Casa Presidencial responde con la caída de homicidios. Cada quien defiende su cifra. Pero ninguna cifra explica cómo lo excepcional se volvió mensual sin dejar de llamarse excepcional.
El 27 de octubre la Asamblea Legislativa volverá al Salón Azul a decidir la prórroga cincuenta y seis. La pregunta, entonces, no es si la aprobará —la aritmética ya nos dijo que sí— sino esta otra, que queda colgada y que tiene respuesta concreta: cuando la excepción cumpla cinco años, ¿quién, con nombre y curul, será el primer diputado de Nuevas Ideas que se ponga de pie en el pleno para decir que un paréntesis que no se cierra ya no es un paréntesis?
