Aceptemos la primera premisa. Los muertos son quienes no llevan carrocería: el que va en moto y el que va a pie. Son, por definición, los más vulnerables de la vía, los que en un choque no tienen lámina que los proteja. El propio Viceministerio los coloca «en el centro de la política de seguridad vial». Perfecto. Ya sabemos quiénes son las víctimas. Tienen nombre técnico: usuarios vulnerables. Tienen edad: entre 18 y 30 años, los adultos jóvenes, según precisó Reyes. Y tienen cifra: 373 motociclistas muertos en lo que va del año, más de un tercio de los 1,023 fallecidos que contabiliza el Observatorio Nacional de Seguridad Vial hasta el 15 de septiembre.
Aceptemos la segunda premisa. Las causas también están identificadas, y una por una: distracción al volante, exceso de velocidad, invasión del carril contrario, inexperiencia de los conductores nuevos y, cerrando la lista, «la imprudencia de los peatones al cruzar las vías». Fíjese usted en el detalle, porque es fino. En una misma enumeración conviven el que maneja a exceso de velocidad y el que cruza mal la calle. El que conduce distraído y el que camina imprudente. El del volante y el de los pies. Todos, en la lógica oficial, comparten la misma repisa de culpables.
Aceptemos la tercera premisa, que es la conclusión práctica. El Estado, reconoce el viceministro, mantiene planes de prevención y de atención a las víctimas. Mantiene, además, una campaña con nombre: «La vida no es un juego». Y suma a esa campaña los operativos periódicos de la Policía Nacional Civil en las zonas de alta incidencia. Todo eso existe. Todo eso está vigente. Y sin embargo —esto también lo dice el funcionario— la reducción, «en última instancia», depende de que la gente se comporte. De que el conductor respete y de que el peatón no sea imprudente. El aparato del Estado propone; el ciudadano dispone su propia muerte.
Sigamos un paso más, que es donde el argumento se pone valiente. El viceministro «no detalló medidas nuevas en materia de sanciones ni reformas normativas asociadas a las infracciones señaladas». Léalo despacio. Se enumeran cinco causas con precisión de forense —velocidad, invasión de carril, distracción, inexperiencia, imprudencia— y a continuación no se anuncia ni una sola medida nueva sobre ninguna de ellas. Se conoce la enfermedad al detalle y la receta es la misma de siempre: que el enfermo se cuide. Concedámoslo también. Es coherente. Si la culpa es del que camina, ¿para qué reformar al que gobierna la carretera?
Escribió Roque Dalton que hay quien se cree la solución de la patria cuando es apenas parte del problema. La frase venía a cuento de otras cosas, pero se acomoda sola a un Viceministerio que, con 1,023 muertos sobre la mesa, sitúa la solución fuera de sí mismo y dentro de cada difunto. La política de seguridad vial que coloca a los vulnerables «en el centro» no los pone en el centro de la protección, sino en el centro de la responsabilidad. Es un centro incómodo. Es el ojo del blanco.
Y aquí, sin que nadie lo empuje, el razonamiento revienta solo. Si el motociclista de 22 años muere porque no respetó, y el peatón muere porque cruzó imprudente, y el Estado ya tiene planes, campaña y operativos, entonces los 373 motociclistas y los cientos de peatones caídos este año no son un fracaso de la política vial: son su confirmación. Cada muerto le da la razón al viceministro. Mientras más caen, más se demuestra que el problema era, en efecto, la conducta de los que caen. La campaña «La vida no es un juego» no necesita reducir la cifra para tener éxito; le basta con que la cifra siga probando de quién es la culpa. Es un mecanismo perfecto: no puede perder, porque cada derrota se cuenta como evidencia.
Llevémoslo hasta el último peldaño, que es el que nadie firmaría en voz alta. Si el ciudadano es, «en última instancia», el único responsable de no morir en la carretera, entonces el Viceministerio de Transporte administra un asunto que, por su propia definición, no le corresponde resolver. Fiscaliza causas que decide no sancionar. Nombra vulnerables a quienes decide no proteger. Y mide su campaña, como dice el material, «contra la referencia» de los 1,023 muertos, es decir: contra un termómetro que solo sube. Un país que dolarizó su economía en 2001 en nombre de la certeza tiene, uno supondría, cierta afición por los números que cierran. Estos no cierran. Suman.
Así que quede colgada la pregunta, sin retórica y con respuesta concreta que aquí no se dará: el día 16,000 accidente y el fallecido 1,024, cuando la campaña siga vigente y no haya medida nueva sobre ninguna de las cinco causas que el propio Viceministerio enumeró, ¿a quién le va a tocar, otra vez, asumir «en última instancia» la responsabilidad, al que cruzaba la calle o a Nelson Reyes?
