Sigamos el razonamiento oficial, paso a paso, porque es impecable. La incautación es detallada con un rigor casi notarial: una balanza electrónica —y se explica que sirve para fraccionar y pesar la droga—, una picadora, seis teléfonos celulares, una motocicleta, una pipa y dinero en efectivo. Aceptemos la lista. Cada objeto está ahí para construir un relato, el de la microcomercialización, y hay que reconocer que la enumeración lo construye con eficacia. Quien la lee entiende, sin que nadie se lo diga con esas palabras, qué se quiere que entienda.
Aceptemos la premisa siguiente. La calificación final del delito, nos informan, dependerá de los peritajes que realice el Instituto de Medicina Legal sobre la sustancia decomisada, porque la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, vigente desde 2003, establece penas diferenciadas según la cantidad y la finalidad. Es decir: todavía no se sabe si lo incautado era para consumo o para comercio, todavía no se sabe cuánto, y todavía no se ha precisado el monto del dinero en efectivo. Todo está pendiente de pericia. Perfecto. Es lo correcto: no adelantar lo que no consta.
Aceptemos una premisa más. Tras la remisión policial corresponde a la Fiscalía General de la República decidir si presenta requerimiento fiscal; de hacerlo, un juzgado de paz celebrará la audiencia inicial donde se examinará la legalidad de la detención y se resolverán las medidas cautelares. Ninguna de estas diligencias se ha reportado como concluida. Bien. Todo lo penal, entonces, está en su punto más temprano, sujeto a lo que hagan la FGR y los tribunales. Sobre eso, el comunicado es prudente hasta la humildad: no afirma nada que no pueda sostener. Se lo concedemos con gusto.
Ahora bien, hay una cuarta premisa que también nos entregan, y esta no es penal. Una de las detenidas, Aguilar Fuentes, había sido reportada como desaparecida en redes sociales antes del procedimiento. La PNC no detalló el tiempo que habría permanecido en esa condición, ni las circunstancias del reporte, ni informó si indaga una posible relación entre esa desaparición y la actividad que motivó la captura. Aceptemos también esto como está redactado: no se sabe cuánto tiempo estuvo desaparecida, no se sabe cómo, no se sabe si alguien lo investiga.
Escribió Roque Dalton que hay que reunir las pruebas hasta que sobren, porque la certeza es lo único que no se le puede confiscar a un pueblo. Y aquí está el problema, que no es de mala fe sino de aritmética del relato: sobre la sustancia, sabemos que hay balanza, picadora, pipa y una ley que castiga distinto según cantidad y finalidad. Sobre la desaparición de una persona reportada como tal, sabemos exactamente nada. El mismo comunicado que precisa que una balanza sirve para fraccionar y pesar no precisa cuántos días una joven estuvo fuera de la vista de su familia. Un aparato de cocina mereció glosa; una persona desaparecida, no.
Y aquí revienta solo. Sigamos la lógica oficial hasta su conclusión, sin añadirle nada: si el criterio de qué se cuenta y qué se investiga es la relevancia penal del hecho, entonces la conclusión que sale de sus propias premisas es que una desaparición reportada solo importa cuando termina en captura, y solo en la medida en que ayude a explicar la captura. Antes de eso, no había expediente; después de eso, tampoco lo hay para lo que ocurrió antes. La persona desaparecida se vuelve visible el día en que aparece esposada, y el reporte previo, ese que corrió por redes sociales, queda como un dato de color en el noveno párrafo del comunicado. Fíjese en el orden: primero la balanza, luego los celulares, luego la motocicleta, y al final, casi como cortesía, que una de ellas había estado desaparecida.
Llevemos el rigor hasta el disparate, que es a donde el propio razonamiento nos empuja. San Miguel es escenario recurrente de estos operativos en el marco de las estrategias de seguridad, incluido el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, prorrogado de forma sucesiva por el pleno de la Asamblea Legislativa. Es decir: estamos bajo un esquema que suspende ciertas garantías durante la detención precisamente en nombre de que ninguna persona quede a merced de lo desconocido. Y bajo ese esquema, la única pregunta que el comunicado no formula es la única que ese esquema existía para responder: ¿dónde estuvo esta persona antes de ser detenida, y quién la buscó? Se persigue el narcomenudeo con enumeración forense y se despacha una desaparición con una frase en voz pasiva. El rigor, aplicado a los objetos, brilla; aplicado a la persona, se apaga.
Desde el fin del conflicto armado en 1992, las sucesivas administraciones han desplegado plan tras plan de seguridad, y los operativos por droga en zonas urbanas han sido la constante. La constante, también, es qué se cuenta y qué se calla. Los tres detenidos conservan su presunción de inocencia, y este editorial no pide otra cosa que la que pide el propio comunicado: no adelantar nada. Solo hace notar que la misma prudencia que se aplica a la sustancia —esperar los peritajes— no se aplicó a averiguar qué pasó con una joven reportada como desaparecida. Y queda entonces una pregunta que no es retórica y que tiene un destinatario preciso, la FGR que decidirá si hay requerimiento fiscal: ¿va a abrir esa institución una línea de investigación sobre la desaparición previa de Aguilar Fuentes, o el expediente se cerrará contando, con todo detalle, únicamente la balanza?
