Concedamos también la segunda premisa. Los buses vienen de China, y eso tampoco tiene nada de particular: desde que el Órgano Ejecutivo estableció relaciones diplomáticas con Pekín en 2018, tras romper con Taiwán, la presencia comercial y financiera de ese país en El Salvador ha crecido de manera visible. Comprar donde hay oferta y crédito es prudencia, no delito. Aceptemos, pues, que el proveedor es el correcto, que el precio es razonable y que la decisión fue tomada por quienes tenían la facultad de tomarla. Hasta aquí, un procedimiento de manual.
Y concedamos la tercera, que es la más importante: el sistema está diseñado para funcionar solo. La Asamblea Legislativa aprueba el endeudamiento; una vez aprobado, corresponde a la Corte de Cuentas de la República fiscalizar la ejecución del gasto, incluidos los procesos de adquisición con proveedores externos. Es un reparto limpio de responsabilidades. Cada quien tiene su tarea, y ninguna se pisa con la otra. El pleno pone la firma, el contralor pone la lupa. No hay razón para preocuparse: el mecanismo existe y está escrito.
Sigamos el razonamiento oficial un paso más, porque es aquí donde empieza a ponerse interesante. El diputado Marcelo Lira, de la fracción de ARENA, sostiene que han transcurrido más de dos años desde la aprobación y que no se ha presentado ante la Asamblea Legislativa un informe detallado: ni el número de unidades adquiridas, ni los plazos de entrega, ni el mecanismo de supervisión del gasto. Concedámosle también a él la razón, aunque solo sea para no interrumpir la lógica que venimos aceptando. Si el sistema está tan bien diseñado, la información debe existir en alguna parte. Solo hay que ir a buscarla.
Vayamos, entonces. Y aquí el edificio, que parecía tan sólido, empieza a mostrar que no tiene puertas. La Corte de Cuentas de la República no ha hecho pública ninguna auditoría específica sobre este préstamo ni ha emitido pronunciamiento conocido sobre el avance de la compra. El Ministerio de Hacienda no ha difundido un cronograma. El Viceministerio de Transporte tampoco. La fracción del oficialismo no ha ofrecido respuesta pública detallada. Nadie ha confirmado ni desmentido los plazos originalmente previstos. Cada institución que, según el diseño, debía tener la respuesta, resulta que la remite a la de al lado. El mecanismo existe, en efecto. Lo que no existe es el papel que debería salir de él.
Roque Dalton escribió que en este país hasta los muertos andan armados, tan grande era el hábito de sospechar de la calma. No hace falta llegar tan lejos. Basta con recordar que el uso de financiamiento externo para renovar la flota del transporte público no es novedad salvadoreña: administraciones anteriores recurrieron a préstamos con organismos multilaterales, y el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador arrastra retrasos desde hace más de una década. La historia reciente enseña que en este ramo la deuda se aprueba rápido y las unidades llegan despacio, cuando llegan. El antecedente no es una acusación; es simplemente lo que ha pasado siempre.
Ahora sigamos la lógica hasta su conclusión natural, la que nadie ha firmado pero que se deduce sola de todo lo anterior. Si el préstamo fue aprobado, si el gasto está comprometido como deuda pública que usted pagará, y si ninguno de los órganos encargados de rendir cuentas ha rendido cuenta alguna, entonces hemos construido un sistema perfecto: uno en el que la responsabilidad de informar se reparte tan bien entre todos que no recae efectivamente en nadie. La aprobación fue colectiva y verificable; el silencio también es colectivo, y perfectamente sincronizado. El club decidió junto y ahora calla junto. Quien pagó la entrada —usted— se quedó sin el asiento y sin el bus.
Y hay un detalle que vuelve el silencio más elocuente. Todo esto ocurre mientras El Salvador mantiene desde 2025 un programa de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional que incluye compromisos expresos de transparencia fiscal y control del gasto público. Es decir: en el momento de mayor sensibilidad para las finanzas del Estado, cuando más conviene demostrar que cada dólar de deuda se sabe dónde está, resulta que $179 millones no aparecen en ningún informe consultable. La Asamblea Legislativa tiene, además, la facultad de citar a funcionarios del Órgano Ejecutivo para que expliquen el estado de proyectos financiados con deuda, según su propio Reglamento Interior. La herramienta está ahí, guardada, reluciente, sin usar. Todos tienen el instrumento; ninguno lo toma.
De modo que la pregunta que planteó Lira sigue siendo la única que importa, y es de una modestia desarmante: cuántos autobuses se han adquirido con esos $179 millones y cuándo llegarán al servicio. No es una pregunta de bando, ni de izquierda ni de derecha; es la pregunta de quien espera parado en la esquina a las seis de la mañana. La respuesta cabe en una hoja y la tiene alguien: ¿la firmará el Viceministerio de Transporte, la publicará la Corte de Cuentas de la República, o convocará por fin la Asamblea Legislativa la comparecencia que su propio reglamento le permite y que hasta hoy nadie ha solicitado?
