Sigamos concediendo. La subida obedece, nos dicen, a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga al Gobierno regional a recuperar la inversión que dejó de destinarse al servicio de prevención y extinción desde 2019. Es decir: un tribunal señala una deuda, y la administración, diligente, se pone a pagarla. Loable. En un país donde tantas resoluciones judiciales duermen en un cajón, aquí tenemos a una Comunidad que corre a cumplir. ¿Cómo no aplaudir la obediencia al poder judicial? Aplaudámosla.
: Aceptemos también el vehículo. La modificación entró por una disposición final de la Ley 6/2025 de Presupuestos, aprobada el 23 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad seis días después. Las cosas urgentes se hacen en los presupuestos, que para eso están: para meterlo todo. Y aceptemos, ya puestos, el calendario. El traslado al Boletín Oficial del Estado no llegó hasta el 26 de febrero, casi dos meses más tarde, justo cuando la práctica totalidad de los ayuntamientos madrileños tenían ya cerradas sus cuentas. Mala suerte con las fechas. A todos nos ha pasado alguna vez que la carta importante llega cuando ya hemos gastado el dinero.
Y concedamos la premisa mayor, la que sostiene todo lo demás: quien recibe un servicio, lo paga. Los municipios de más de veinte mil habitantes se benefician del Cuerpo regional de Bomberos —todos salvo la capital, que tiene el suyo— y, por tanto, contribuyen. Impecable. Que Móstoles, Leganés o Getafe vean crecer su aportación hasta un setenta por ciento no es un castigo: es que son grandes, y lo grande cuesta más. Que Rivas pague lo mismo que localidades que le doblan en población tampoco es un agravio, sino, digamos, una manera generosa de repartir. La proporcionalidad es un detalle estético.
Solo falta un papel para que la obra sea perfecta: la memoria económico-financiera, ese documento que la normativa reguladora de las tasas exige de manera ineludible para acreditar que lo que se cobra guarda relación con lo que cuesta el servicio. El Ayuntamiento de Rivas alega que no se puso a disposición de los afectados en tiempo y forma, y que la modificación no cumplió los requisitos de exposición pública. Pero seamos comprensivos: entre las prisas de diciembre y las fiestas, ¿quién se acuerda de enseñar los números? Los números, además, son fríos. Mejor no exhibirlos en Navidad.
Aquí, sin embargo, la maquinaria de conceder empieza a chirriar, porque llega una cifra que estropea la elegancia del argumento. La sentencia cuantifica en 37,8 millones de euros la inversión no ejecutada desde 2019. Y la Comunidad prevé recaudar de más, con la subida de la tasa durante los dos próximos ejercicios, exactamente 37,8 millones de euros. Exactamente. Escribió Quevedo que «poderoso caballero es don Dinero», y rara vez el caballero ha sido tan puntual: la deuda y la recaudación coinciden al euro, como si alguien hubiera cogido la factura del tribunal, le hubiera dado la vuelta y hubiera escrito en el reverso «cóbrese a los vecinos».
Y es ahí donde el razonamiento oficial, seguido con toda la seriedad que merece, revienta solo. Porque si la subida sirve para cumplir una sentencia que obligaba a la Comunidad a recuperar una inversión que la propia Comunidad debía haber hecho, entonces lo que se les está proponiendo a los ayuntamientos —y, a través de sus presupuestos, a usted que paga en Rivas, en Getafe, en Leganés— es que abonen ustedes la multa por un incumplimiento que no cometieron. El infractor no repara: reparte. Uno deja de invertir durante años, un tribunal se lo afea, y la reparación consiste en que la pague la ciudadanía a razón de treinta y cinco euros por cabeza. Llevado al final, el sistema es de una perfección insuperable: incumplir sale gratis, porque el coste de cumplir se traslada íntegro a quien nunca incumplió. Y todo sin una dotación nueva, sin un efectivo más, sin un camión más. Se paga el setenta por ciento adicional por exactamente el mismo servicio, que es como subir la cuota del gimnasio para pagar la deuda que el gimnasio tiene con su propio banco.
Falta el detalle que corona el club. Quien decide sobre la subida es la Comunidad de Madrid. Y quien resolverá el recurso contra esa subida es la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Es decir: la casa que puso la tasa es también la casa que juzgará si la tasa está bien puesta. Le pedimos al árbitro que revise su propio penalti. Puede que lo revise con ejemplar imparcialidad —concedámoslo una última vez—, pero convendrá usted en que el reparto de papeles tiene su gracia: el que cobra, el que reclama y el que decide comen, si no en la misma mesa, sí en el mismo edificio. Desde 1983, cuando el régimen autonómico empezó a repartir competencias y costes entre la región y sus municipios, la pregunta ha sido siempre la misma que la de aquellos días fundacionales: cuando el nivel de arriba falla, ¿quién arregla y quién paga? La respuesta, esta vez, ya la conoce el vecino de Rivas.
Otros municipios —Móstoles, Leganés, Getafe— podrían recurrir, y la Federación de Municipios de Madrid, que los agrupa a todos, no ha trasladado hasta ahora una posición conjunta. De modo que la pregunta queda colgada, y no es retórica, porque tiene nombre y órgano: cuando la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad de Madrid deba decidir si estuvo bien que la Comunidad de Madrid cobrara a los vecinos los 37,8 millones que un tribunal reclamaba a la propia Comunidad de Madrid, ¿a quién de las tres Comunidades de Madrid piensa darle la razón?
