La propuesta lleva desde abril bajo estudio de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, uno de los órganos de trabajo especializados que la Asamblea emplea para dictaminar iniciativas antes de someterlas al pleno del Salón Azul. El procedimiento legislativo salvadoreño exige que toda pieza de correspondencia sea leída en sesión plenaria y turnada a comisión, donde se recaban opiniones técnicas, se realizan consultas con sectores interesados y, eventualmente, se emite un dictamen favorable o desfavorable que regresa al pleno para su votación final.
El calendario legislativo contempla un receso de vacaciones en agosto, práctica habitual que interrumpe temporalmente las sesiones plenarias y el trabajo ordinario de comisiones, salvo convocatorias extraordinarias. Ese receso explicaría el plazo mencionado por Castro para retomar la discusión, aunque no implica necesariamente que el dictamen esté listo ni que exista consenso entre las fracciones legislativas sobre su contenido. El propio anuncio, formulado en condicional, sugiere que el calendario depende todavía de factores internos de la comisión dictaminadora y de las prioridades de la bancada mayoritaria para el segundo semestre del año.
Un marco que actualizaría la ley de 2013
La figura de las alianzas público-privadas no es nueva en el ordenamiento salvadoreño. El país cuenta desde 2013 con la Ley de Asocios Público-Privados, aprobada durante la administración de Mauricio Funes, que dio origen a la institucionalidad de promoción y estructuración de estos contratos hoy integrada en el aparato del Órgano Ejecutivo. Bajo ese marco se impulsaron esquemas de concesión en infraestructura aeroportuaria y portuaria. El anteproyecto que ahora se discute plantearía, según ha trascendido, una actualización o sustitución de aquel marco normativo, aunque la Asamblea no ha difundido públicamente el contenido íntegro del articulado en estudio.
La Asamblea, con sus 60 curules distribuidas entre diputados propietarios y suplentes, concentra desde 2021 una mayoría calificada de la fracción legislativa de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, lo que en la práctica ha permitido tramitar con celeridad buena parte de la agenda impulsada desde Casa Presidencial. Las alianzas público-privadas figuran entre los mecanismos que el Órgano Ejecutivo ha promovido como vía para atraer inversión y financiar infraestructura sin comprometer directamente recursos del Presupuesto General de la Nación, en un contexto de espacio fiscal limitado.
Organismos financieros internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, han advertido en informes previos sobre El Salvador la necesidad de fortalecer los marcos de gestión de riesgo fiscal asociados a este tipo de contratos, dado que las obligaciones contingentes derivadas de concesiones y asocios pueden generar pasivos futuros para el Estado si no se estructuran con salvaguardas claras. No consta, hasta la fecha, un pronunciamiento específico de esos organismos sobre el anteproyecto actualmente en comisión.
Posiciones enfrentadas y control posterior
La discusión de este tipo de leyes suele generar posiciones encontradas entre sectores empresariales, que históricamente han respaldado marcos que faciliten la participación privada en infraestructura, y organizaciones sociales y sindicales, que en el pasado han expresado reservas sobre la privatización de facto de servicios públicos esenciales bajo esquemas de concesión de largo plazo. Ninguna de esas posiciones ha sido formalmente recogida aún en el proceso de consulta de la comisión, según la información disponible.
La Corte de Cuentas de la República, como ente fiscalizador del uso de fondos públicos, mantiene competencia para auditar los contratos derivados de asocios público-privados una vez estos entren en ejecución, conforme al marco de fiscalización vigente. Ese control posterior ha sido, en experiencias previas con concesiones de infraestructura, uno de los mecanismos de rendición de cuentas más invocados por diputados de oposición al fiscalizar el desempeño de proyectos concesionados.
La Asamblea no ha informado si el anteproyecto será sometido a consulta pública antes de su dictamen, un paso que en ocasiones anteriores ha sido reclamado por sectores de la sociedad civil para leyes con impacto económico de esta magnitud. Tampoco ha trascendido si el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda o de la instancia encargada de promoción de inversiones, participará directamente en los ajustes finales del texto antes de que regrese al pleno.
De concretarse la reanudación del debate en agosto, el trámite deberá seguir su curso ordinario: dictamen de comisión, inclusión en agenda del pleno, discusión y votación en el Salón Azul, y sanción presidencial posterior conforme al procedimiento de formación de ley establecido en la Constitución. Cualquier plazo adicional dependerá de si la comisión decide ampliar el periodo de consultas o si el anteproyecto sufre modificaciones sustanciales respecto al texto recibido en abril.
