Según el documento, tres de los académicos firmantes sostuvieron un encuentro directo con Lee Man-hee en el lugar donde permanece detenido. Los especialistas afirmaron llevar varios años investigando el movimiento Shincheonji, y uno de ellos —autor de lo que la propia declaración describe como una obra de referencia sobre la organización— lo habría entrevistado en repetidas ocasiones a lo largo del tiempo.
Los firmantes fueron explícitos en señalar que respetan las instituciones democráticas de Corea del Sur y que no pretenden interferir en el funcionamiento de su sistema judicial. Su preocupación, matizaron, se centra en el contexto en que se desarrolla el proceso: en particular, en que la percepción pública de Shincheonji como una “secta” se basaría, en algunos casos, en relatos de opositores religiosos que califican al movimiento de “herejía”, sin considerar, según los firmantes, determinadas conclusiones de investigaciones académicas.
El debate sobre la edad y la prisión preventiva
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es la edad del detenido. Los académicos señalaron que, en la Unión Europea, la prisión preventiva de personas de edad avanzada se considera una medida excepcional y que, en determinadas circunstancias, pueden aplicarse alternativas como el arresto domiciliario. Sostuvieron que ese enfoque sería compatible con las Reglas Nelson Mandela, el estándar de Naciones Unidas sobre el trato digno a las personas privadas de libertad, adoptado en 2015 en sustitución de las reglas mínimas aprobadas en 1955.
Para ilustrar su planteamiento, los firmantes trazaron comparaciones con otros casos internacionales de figuras religiosas bajo escrutinio judicial o restricción de movimiento: la liberación bajo fianza del cardenal Joseph Zen en Hong Kong en 2022 y el arresto domiciliario del patriarca budista Thich Quang Do en Vietnam, quien permaneció bajo vigilancia estatal durante buena parte de las últimas décadas de su vida.
La declaración también cuestiona las restricciones existentes en Corea del Sur respecto a la participación política del clero y sostiene que estas podrían entrar en tensión con normas internacionales relacionadas con el derecho de los creyentes a participar en la vida política. El documento no detalla el marco legal surcoreano específico que regula esa limitación ni la respuesta que las autoridades de Seúl habrían dado a ese señalamiento.
Ninguna autoridad surcoreana ha respondido públicamente, hasta el momento, a los planteamientos de los académicos, ni se ha difundido una posición oficial de la fiscalía o del Órgano Judicial de Corea del Sur sobre las condiciones de detención de Lee Man-hee. Tampoco consta una postura pública de las organizaciones religiosas o civiles a las que los firmantes atribuyen parte de la narrativa mediática sobre el caso.
Un caso que resuena en el debate sobre debido proceso
El pronunciamiento se inscribe en una tradición de escrutinio internacional sobre procesos judiciales que involucran a líderes religiosos, especialmente cuando la edad avanzada del acusado y el carácter minoritario o controvertido del movimiento generan dudas sobre la proporcionalidad de las medidas cautelares. La discusión sobre el debido proceso, la prisión preventiva y el trato a personas de edad avanzada bajo custodia estatal también ha cobrado relevancia pública en El Salvador a raíz del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, bajo el cual el Órgano Ejecutivo ha reportado más de 80,000 capturas.
En el ámbito salvadoreño, organismos como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones internacionales han planteado señalamientos comparables sobre revisiones judiciales individualizadas frente a la prisión preventiva prolongada, y sobre las condiciones carcelarias denunciadas ante instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un paralelismo temático: el material disponible no vincula el caso de Lee Man-hee con la situación salvadoreña.
Los firmantes solicitaron al Gobierno de Corea del Sur la liberación inmediata de Lee Man-hee para que pueda afrontar el proceso judicial sin permanecer detenido, precisando que ello no implica una posición sobre su inocencia o culpabilidad respecto de los cargos que se le imputan.
Hasta la fecha no se ha difundido una fecha de audiencia o resolución judicial que determine si la solicitud tendrá algún efecto sobre las condiciones de detención del líder religioso. El caso continuará bajo observación de organismos internacionales de libertad religiosa en las próximas semanas, en un contexto en que el sistema judicial surcoreano deberá resolver, conforme a su propio marco procesal, sobre la procedencia o no de medidas alternativas a la prisión preventiva.
