El artículo se suma a una serie de columnas de opinión que en los últimos años han empleado el término 'dictadura' para referirse a la gestión de Bukele, en particular a partir de la reelección presidencial de 2024 y de las reformas impulsadas por la Asamblea Legislativa que consolidaron la mayoría oficialista en el Salón Azul, donde Nuevas Ideas y sus aliados controlan una amplia proporción de las 60 curules.
Según el planteamiento del autor, la 'conciencia social' —entendida como empatía o solidaridad ante la injusticia— no bastaría para transformar lo que describe como un escenario de 'opresión sistemática', por lo que propone recuperar la 'conciencia de clase' como herramienta de análisis y acción política. El texto no aporta cifras propias ni referencias a informes institucionales, sino que se sitúa en el terreno del ensayo político.
Desde Casa Presidencial y los voceros del Órgano Ejecutivo se ha rechazado en reiteradas ocasiones cualquier calificación de 'dictadura'. El Ejecutivo ha sostenido que la gestión de Bukele cuenta con el respaldo obtenido en comicios supervisados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tanto en la elección presidencial de febrero de 2019 como en la reelección de febrero de 2024, esta última posible tras una interpretación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la prohibición de la reelección presidencial continua.
El régimen de excepción, eje de la controversia
El régimen de excepción, vigente de manera ininterrumpida desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado mes a mes por la Asamblea Legislativa, constituye uno de los ejes centrales de la disputa. La medida suspende garantías constitucionales, como la inviolabilidad de la correspondencia y el derecho de defensa en las primeras horas de detención, y ha permitido, según datos difundidos por el Órgano Ejecutivo y la Policía Nacional Civil (PNC), la captura de más de 80,000 personas señaladas de pertenecer a pandillas a lo largo de los últimos tres años.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones no gubernamentales han documentado denuncias de capturas arbitrarias y fallecimientos de personas privadas de libertad durante la vigencia de la medida. El Órgano Ejecutivo, por su parte, ha defendido el régimen como responsable de la reducción de homicidios: según cifras policiales, la tasa pasó de más de 50 por cada 100,000 habitantes en 2015 a niveles de un dígito en los últimos años, uno de los descensos más pronunciados de América Latina.
El debate sobre cómo denominar el modelo de gobierno de Bukele no es nuevo. Mientras algunos analistas y organismos internacionales recurren a fórmulas como 'autoritarismo competitivo' o 'erosión democrática', el gobierno y sus seguidores reivindican el término 'democracia' y subrayan los niveles de aprobación registrados por distintas casas encuestadoras, que en los últimos años han situado la valoración presidencial por encima del 80%.
Del régimen militar de 1931 al debate actual
Un precedente comparable en la política salvadoreña se remonta al régimen militar que gobernó el país entre 1931 y 1979, tras el ascenso al poder del general Maximiliano Hernández Martínez, periodo calificado sin controversia como dictadura por los historiadores y que precedió al conflicto armado interno (1980-1992). La comparación entre aquel periodo y el actual ha sido utilizada tanto por críticos como por defensores del gobierno para argumentos opuestos: los primeros, para alertar sobre la concentración de poder; los segundos, para subrayar las diferencias en materia de elecciones periódicas y libertad de prensa formalmente vigente.
La Asamblea Legislativa, con la mayoría que la fracción de Nuevas Ideas ostenta desde las elecciones de febrero de 2024, ha aprobado en los últimos años reformas al Código Electoral, a la Constitución y a diversas leyes secundarias. La oposición política, reducida a una presencia mínima en el Salón Azul, las ha calificado de forma reiterada como un debilitamiento de los controles institucionales, mientras que las bancadas oficialistas las han defendido como parte de un mandato popular para modernizar el Estado.
La Corte de Cuentas de la República, encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos, y la Fiscalía General de la República (FGR), bajo la conducción del fiscal general designado por la actual Asamblea Legislativa, no han emitido pronunciamientos relacionados con el contenido de este artículo, que se enmarca en el debate mediático y académico más que en un proceso judicial o de fiscalización en curso.
En términos de ciencia política, la calificación formal de 'dictadura' exige tradicionalmente la ausencia de elecciones competitivas periódicas, un criterio que alimenta la disputa terminológica cuando se aplica a gobiernos surgidos de las urnas. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han documentado en distintos informes preocupaciones sobre la concentración de poder en varios países de la región, sin que ello implique necesariamente esa calificación.
De cara a los próximos meses, el debate sobre la naturaleza del régimen político salvadoreño previsiblemente seguirá alimentándose de nuevos análisis y pronunciamientos internacionales, en un contexto marcado por la renovación de autoridades municipales y legislativas prevista en los comicios de 2027 y por la evolución del régimen de excepción, cuya prórroga mensual continúa dependiendo del voto de la Asamblea Legislativa.
