De la Calle encabezó la delegación oficial que negoció durante más de cuatro años en La Habana con las entonces Farc-EP, proceso que culminó con la firma del Acuerdo Final de Paz el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, tras el fracaso del plebiscito refrendatorio de octubre de ese año. El acuerdo contempló la dejación de armas, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la conversión de la antigua guerrilla en partido político.
Una década después, el balance sobre la implementación sigue dividiendo a la clase política colombiana. Sectores críticos del acuerdo, entre ellos buena parte del uribismo, han sostenido durante años que la negociación significó concesiones excesivas a la guerrilla, incluida la posibilidad de participación política sin pena de cárcel convencional para exjefes de las Farc. De la Calle enmarcó esas narrativas como leyendas que no se corresponden con los términos reales del pacto.
"Se dice que entregamos el país a las Farc y tal me parece que son leyendas", señaló Humberto de la Calle, exjefe negociador del gobierno colombiano en los diálogos de paz.
El exnegociador no eludió las críticas al proceso de implementación y reconoció fallas, sin detallar los puntos específicos. El cumplimiento del acuerdo ha enfrentado dificultades en materia de sustitución de cultivos ilícitos, reincorporación de excombatientes y garantías de seguridad para líderes sociales en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
La JEP, tribunal transicional creado por el acuerdo, ha avanzado en los últimos años en macrocasos contra exintegrantes del otrora Secretariado de las Farc por delitos como el secuestro, mientras la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría han mantenido procesos paralelos vinculados al conflicto. La Corte Constitucional ha sido la instancia encargada de resolver buena parte de las controversias jurídicas derivadas de la implementación.
El proceso con las Farc no fue el primer intento de las autoridades colombianas de cerrar un conflicto armado interno mediante negociación. Los diálogos del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana fracasaron en 2002, y la desmovilización de las autodefensas se tramitó bajo el marco de Justicia y Paz en el gobierno de Álvaro Uribe; ambos episodios forman parte de la memoria con la que se suele contrastar el acuerdo de 2016.
De la Calle, quien tras el rechazo del plebiscito participó en la renegociación de varios puntos del texto con sectores opositores antes de su refrendación en el Congreso, ha mantenido en años recientes un perfil público centrado en la defensa de lo pactado en La Habana frente a intentos de modificación sustancial del articulado. Su balance coincide con la discusión sobre la seguridad regional en varias zonas donde estructuras disidentes de las Farc y otros grupos han disputado territorios que la guerrilla desmovilizada dejó vacantes tras 2016, un fenómeno que distintos análisis atribuyen a vacíos no cubiertos por la implementación estatal prevista en el acuerdo.
