La primera cita es mañana martes a las 10:00 en la comisión de Presupuestos, donde el ministro Félix Bolaños comparecerá para dar cuenta de la situación de las cuentas públicas de 2026. El guion está escrito de antemano porque Bolaños lo adelantó parcialmente en una entrevista el sábado: los Presupuestos Generales del Estado para 2026 son «inviables en el contexto actual». La fórmula es deliberadamente ambigua — no dice «imposibles», dice «inviables en el contexto actual» —, lo que deja una puerta abierta teórica a su aprobación si el contexto cambiara. Pero nadie en los pasillos del Congreso cree que el contexto vaya a cambiar antes de que termine el año.
La aritmética parlamentaria es demoledora. El Gobierno necesita 176 votos para aprobar los Presupuestos y dispone, en el mejor de los casos, de 171 — los 120 del PSOE, los 31 de Sumar, los 7 de ERC, los 6 de Bildu, los 5 del PNV y los 2 de BNG —, lo que le obliga a sumar a Junts (7 escaños) o a buscar una combinación alternativa que incluya a Coalición Canaria y a algún diputado del grupo mixto. Junts ha dejado claro que su apoyo presupuestario está condicionado a un referéndum de autodeterminación que Sánchez no puede ni quiere convocar. Y Coalición Canaria, que habría sido negociable hace un mes, tiene ahora un motivo adicional para distanciarse del Gobierno: la gestión de la crisis del Hondius, que Fernando Clavijo utiliza como arma arrojadiza contra Moncloa.
Sin Presupuestos, el Gobierno opera con las cuentas prorrogadas de 2024 — las de 2025 tampoco se aprobaron —, lo que limita su capacidad de inversión, impide la creación de nuevas partidas y congela los sueldos de los funcionarios. La prórroga indefinida de los Presupuestos no es inconstitucional — la Constitución la contempla expresamente en su artículo 134.4 —, pero es políticamente tóxica porque transmite la imagen de un Gobierno incapaz de gobernar. Bolaños intentará mañana convertir la inviabilidad presupuestaria en un argumento contra la oposición — «son ellos los que bloquean las cuentas» —, pero la oposición devolverá la pelota con un argumento más sencillo y más eficaz: «si no puede aprobar Presupuestos, convoque elecciones».
La segunda cita parlamentaria es el miércoles, doble. Por la mañana, la comisión mixta para la Unión Europea y el Congreso abordarán en sesión conjunta la crisis del Hondius, con la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, y del secretario de Estado de Defensa. La comparecencia será la primera oportunidad del Parlamento para fiscalizar la gestión gubernamental de la emergencia sanitaria, y la oposición prepara un arsenal de preguntas sobre la cronología de la respuesta, la coordinación con Canarias, el papel del ejército y la decisión de aislar políticamente a Mónica García dejando que Clavijo liderara la crisis.
La inclusión de Mónica García en la comparecencia del Hondius tiene un subtexto político que no escapa a nadie. La ministra de Sanidad, que pertenece a Sumar y no al PSOE, fue apartada de la gestión directa de la crisis por Moncloa en una maniobra que fuentes de su entorno califican de «humillante». Sánchez prefirió que Clavijo — presidente canario del PP — asumiera la visibilidad de la crisis sanitaria para evitar que un error de gestión salpicara al Gobierno central. La estrategia funcionó a medias: el Gobierno se protegió del riesgo, pero se expuso a la acusación de «abandonar a Canarias» que Clavijo explota con habilidad creciente.
También el miércoles, aunque a media tarde, está prevista la continuación de la fase documental del juicio Kitchen en la Audiencia Nacional, siempre que Villarejo esté en condiciones de asistir tras la operación de hoy. La sesión 17 estaba inicialmente prevista para esta mañana, pero el aplazamiento por la cirugía del excomisario ha desplazado el calendario. La prueba documental que se examinará incluye los registros de acceso a los dispositivos electrónicos de Villarejo durante el período de incautación, cuya cadena de custodia fue cuestionada la semana pasada por un informe pericial de la defensa.
La ausencia de pleno esta semana no significa ausencia de actividad legislativa. El Boletín Oficial de las Cortes publicó el viernes la ampliación del plazo de enmiendas al proyecto de ley de vivienda, que el Gobierno necesita aprobar antes del verano para cumplir uno de sus compromisos con Sumar. Las enmiendas presentadas superan las 400, un volumen que los letrados del Congreso califican de «inmanejable» en el calendario previsto. Si la ley de vivienda no se aprueba antes de agosto, Sumar amenaza con una «revisión a fondo» de su acuerdo de coalición, lo que añadiría un frente más a la ya interminable lista de crisis del Gobierno.
El PP prepara su propia ofensiva. Feijóo ha convocado al comité de dirección del partido para el jueves, donde presentará una «moción de consecuencias» — un término que no existe en el reglamento parlamentario pero que, según fuentes del PP, se traduce en una batería de iniciativas legislativas diseñadas para forzar votaciones incómodas al Gobierno. Entre las iniciativas previstas figuran una proposición no de ley exigiendo la convocatoria electoral si no se aprueban Presupuestos antes de octubre, y una comisión de investigación sobre la gestión del Hondius.
Al cierre de esta edición matinal, el Congreso es una cámara vacía que espera el sonido de las comisiones como un teatro espera el primer acto. La semana será corta en duración parlamentaria pero larga en intensidad política. Cada comisión es un escenario de combate donde la oposición atacará las grietas del Gobierno y donde el Gobierno intentará sobrevivir con el único recurso que le queda: el tiempo. El problema es que el tiempo, que durante seis años fue el aliado de Sánchez, empieza a jugar en su contra.
Mientras el hemiciclo permanece en silencio, las salas de comisiones se preparan para absorber toda la presión que el pleno no puede canalizar. Es la paradoja del parlamentarismo español contemporáneo: las batallas más importantes ya no se libran en el hemiciclo sino en los despachos adyacentes, en las comisiones televisadas, en los pasillos donde los portavoces filtran a los periodistas lo que los micrófonos no recogen. Esta semana, las comisiones serán el hemiciclo.
