La mecánica formal importa, porque explica por qué esta vez saldrá. El Grupo Mixto ha tirado de una vía poco utilizada del artículo 72.2 del Reglamento, que permite convocar un pleno extraordinario a petición de al menos una quinta parte de los miembros de la Cámara cuando se trate de 'asuntos de naturaleza institucional que no puedan esperar al pleno ordinario siguiente'. En los últimos 25 años, esa vía solo ha sido utilizada seis veces: cinco para debatir situaciones excepcionales de política exterior y una para discutir la gestión del 11-M. La sexta vez, la de esta mañana, es la primera que se utiliza para reparar una disfunción interna de la propia Cámara. El Grupo Mixto ha redactado la solicitud entre las ocho y las once, la ha registrado a las once y cuatro minutos con diez firmas —todas necesarias—, y para las once y media ya tenía el respaldo público de PSOE (con 121 diputados), Sumar (20), y del PNV en buena parte de su bancada (cuatro de los cinco), alcanzando así, con claridad, el umbral de 70 diputados exigido por el artículo 72.2.
El orden del día de la sesión es deliberadamente corto. Dos puntos. El primero es una declaración institucional reformulada sobre el incidente del diputado de Vox del martes, esta vez con un texto redactado por un grupo de trabajo de tres letrados del Congreso —dos civiles y uno constitucional— que trabajarán durante el fin de semana sobre los cinco borradores que la Mesa rechazó anoche para producir una versión consolidada. La declaración será, según el mandato explícito de los ponentes, 'de mínimos institucionales, sin partidismo y sin nombres propios', con el objetivo de que los cuatro grupos mayoritarios puedan firmarla sin coste electoral diferencial. El lenguaje técnico importa aquí: una declaración 'de mínimos institucionales' es, en la jurisprudencia parlamentaria interna, aquella que no contiene ningún adjetivo susceptible de interpretación política. Los cinco borradores de anoche contenían entre tres y siete adjetivos discutibles cada uno. El del lunes contendrá, si funciona, cero.
El segundo punto del orden del día es, a efectos prácticos, más importante que el primero. Se trata de una reforma exprés —por vía de lectura única, si los grupos la convalidan— del artículo 103 del Reglamento del Congreso, dedicado al procedimiento de declaraciones institucionales. La reforma, redactada por la Letrada Mayor durante las últimas tres semanas como parte de un paquete más amplio de modernización del reglamento, introduce cuatro cambios concretos. Primer cambio: obligación de votación nominal pública en la Mesa cuando una declaración institucional lleve más de 90 minutos sin consenso. Segundo cambio: creación de una figura de 'ponencia de mínimos' integrada por los letrados del Congreso, con mandato para producir un texto consolidado si la Mesa no alcanza acuerdo. Tercer cambio: plazo máximo de 72 horas entre la propuesta inicial y la votación final de cualquier declaración institucional, con caducidad automática si se supera. Cuarto cambio: publicación obligatoria de todos los borradores discutidos en la Mesa dentro de la semana siguiente al debate, lo que permitirá a los ciudadanos comparar qué grupos aceptaban qué versiones.
La reforma del artículo 103, si se aprueba el lunes, tendría una consecuencia institucional inmediata: le quitaría a la Mesa del Congreso la posibilidad de bloquear indefinidamente una declaración institucional por pura inercia procedimental. Esa capacidad de bloqueo, hasta ahora implícita en el reglamento, ha sido el principal argumento de los grupos minoritarios para denunciar —durante los últimos cuatro años— que el Congreso estaba perdiendo su función de caja de resonancia institucional. La propuesta que se va a votar el lunes la había tenido en el cajón la Letrada Mayor desde febrero, pero ningún grupo mayoritario había querido impulsarla por miedo a que se usara en su contra. Ha tenido que ser el fracaso de la Mesa de anoche el que reabriera el calendario. Y ha tenido que ser el Grupo Mixto, sin músculo propio pero con libertad para moverse, el que pusiera encima de la mesa el botón rojo.
La reacción política ha sido, como era previsible, diversa. El PSOE ha hecho saber a primera hora de la mañana, a través de una nota de dos folios, que apoya 'sin condiciones' los dos puntos del orden del día y que considera la reforma del artículo 103 'un paso necesario para modernizar el procedimiento parlamentario'. Sumar ha ido más lejos y ha propuesto incorporar, mediante una enmienda in voce, una ampliación de la reforma al artículo 72 —el que regula las preguntas orales— para establecer plazos máximos también en ese procedimiento. El PNV ha manifestado su apoyo a la convocatoria pero ha pedido que la reforma del artículo 103 se apruebe con 'informe previo del Consejo de Estado', lo cual es compatible con el calendario del lunes porque ese informe no es vinculante en procedimientos reglamentarios internos. Junts ha comunicado su voto a favor del primer punto y abstención en el segundo, por coherencia con su posición histórica sobre la autorregulación interna del Congreso.
La posición del PP, por su parte, ha ido variando a lo largo de la mañana, lo que es un indicador útil del grado de presión política al que se enfrenta el grupo. A las nueve y cuarenta minutos, la portavoz adjunta del PP había calificado la iniciativa del Grupo Mixto como 'oportunista y desproporcionada'. A las diez y treinta, la portavoz titular había matizado la posición y había hablado de 'estudiar con detenimiento los términos del orden del día'. A las once y diez, tras la reunión de portavoces con la presidenta, fuentes del grupo popular reconocían ya que 'el primer punto es difícilmente rechazable' y que el segundo sería apoyado 'con enmiendas técnicas'. Ese deslizamiento en 90 minutos es, en la jerga parlamentaria, una derrota que se contabiliza al llegar. El PP ha comprendido que votar en contra de una reforma que persigue precisamente lo que anoche se le escapó en la Mesa —una condena firmada— sería políticamente inasumible en el telediario del lunes noche. Por eso va a apoyar ambos puntos, aunque sea con matices en el segundo.
Vox, el grupo cuyo diputado está en el origen remoto de toda esta cadena de decisiones, ha presentado a las once y cincuenta y cinco minutos un escrito pidiendo que la declaración institucional 'respete el derecho fundamental a la libertad de expresión de los diputados' y anunciando su voto en contra de ambos puntos. El escrito, sin embargo, contiene una frase que conviene leer con atención: 'Vox no se opone a la reforma del artículo 103 en sí misma, sino a la urgencia con la que se tramita'. Esa disociación entre contenido y procedimiento es, en la gramática de las posiciones parlamentarias, la manera cortés de decir que el grupo acepta en privado lo que no puede aceptar en público. El lunes, cuando la reforma se vote, Vox tiene pocas probabilidades de conseguir los apoyos necesarios para tumbar el procedimiento, pero sí podrá presentar enmiendas puntuales que retrasarían la aprobación entre 24 y 48 horas si quisiera. La apuesta de los grupos proponentes, en la reunión de esta mañana, es que Vox preferirá dejar pasar la reforma antes que aparecer como el único grupo que bloquea una modernización del reglamento.
La pregunta que un lector atento debería hacerse al llegar aquí es por qué una reforma tan técnica —cuatro cambios de fontanería en un artículo interno del reglamento parlamentario— importa más allá de los despachos del Congreso. La respuesta es institucional. Durante los últimos quince años, el Parlamento español ha ido perdiendo centralidad en la vida pública española. La pérdida se explica por múltiples factores —el auge del decreto-ley, la centralidad del Consejo de Ministros, la mediatización de la política, el crecimiento del papel de los tribunales—, pero en buena parte también por la incapacidad estructural de la Cámara para producir acuerdos transversales mínimos cuando importan. El fracaso de la Mesa de anoche fue una foto concentrada de esa incapacidad. La convocatoria de esta mañana es el primer intento serio en tres años de devolverle al Congreso la herramienta técnica necesaria para actuar con el ritmo que exige una democracia contemporánea. Si funciona el lunes, el Congreso habrá recuperado algo importante sin necesidad de un gran discurso. Si no funciona, la incapacidad se consolidará y la deriva será muy difícil de revertir. Por eso lo que va a pasar en el hemiciclo a partir de las cuatro de la tarde del lunes es, quizá, la noticia parlamentaria más importante de las últimas ocho semanas, aunque ocupe solo dos puntos en un orden del día aparentemente modesto. El Hemiciclo lo contará en directo desde las tres y media, con un análisis posterior a las diez de la noche.
