El pronunciamiento se suma a una serie de cuestionamientos que familiares de detenidos y sectores de la Iglesia católica han formulado de manera recurrente desde que la Asamblea Legislativa aprobó, en marzo de 2022, el régimen de excepción como respuesta a un repunte de homicidios atribuidos a estructuras de pandillas. La medida, contemplada en el artículo 29 de la Constitución de la República, permite suspender garantías como la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de asociación y el plazo ordinario de detención administrativa, y ha sido prorrogada de forma consecutiva por el pleno legislativo mes tras mes durante más de cuatro años.
El comité sostuvo que Romero, defensor de los sectores más vulnerables durante los años previos al conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 1992, se habría pronunciado a favor de quienes hoy denuncian que sus familiares permanecen detenidos sin que, según sus testimonios, exista vinculación probada con estructuras criminales. La organización no aportó en su declaración cifras propias sobre el número de personas que considera afectadas por capturas erróneas dentro del régimen.
Reducción de homicidios frente a denuncias de detenciones
El Órgano Ejecutivo ha defendido de manera sostenida que la medida ha sido determinante para la reducción de homicidios en el país, argumento que el presidente Nayib Bukele y funcionarios de seguridad han reiterado en comparecencias públicas y en la red social X. La Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública han señalado en balances oficiales que la tasa de homicidios descendió tras la entrada en vigor del régimen, cifras que el Gobierno atribuye directamente a la medida y que ha citado en foros internacionales como evidencia de contención de la violencia.
Frente a ese balance oficial, colectivos de familiares organizados han mantenido manifestaciones frente a instalaciones de la Fiscalía General de la República y centros penales, exigiendo información sobre el paradero y la situación jurídica de parientes detenidos. La FGR, a cargo del fiscal general nombrado por la Asamblea Legislativa en 2021, no ha ofrecido en sus comunicados recientes cifras desagregadas sobre revisiones de casos o liberaciones producidas por falta de pruebas. El comité, en su declaración, no cuestionó la reducción de homicidios reportada oficialmente, sino los mecanismos de detención y el trato a quienes considera capturados por error.
La Asamblea Legislativa, con mayoría de la fracción de Nuevas Ideas, ha aprobado cada prórroga del régimen en el Salón Azul, procedimiento que diputados de oposición han cuestionado en sesiones plenarias por considerarlo insuficientemente fiscalizado. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados fueron electos por la Asamblea Legislativa en 2021 tras la remoción de sus antecesores, no ha declarado inconstitucional ninguna de las prórrogas aprobadas hasta la fecha.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución constitucionalmente encargada de velar por el respeto a las garantías individuales, ha recibido denuncias relacionadas con el régimen desde su entrada en vigor. Organizaciones civiles han cuestionado su capacidad de incidencia frente al Órgano Ejecutivo. Hasta la fecha, la PDDH no se había pronunciado sobre la declaración específica del comité vinculado a Romero.
Un antecedente en la historia reciente del país
El caso guarda un precedente directo en la historia salvadoreña: las suspensiones de garantías constitucionales aplicadas durante el conflicto armado de las décadas de 1970 y 1980, periodo en el que Romero denunció públicamente, antes de su asesinato en marzo de 1980, la represión estatal contra la población civil. Esa referencia histórica es la que el Comité Nacional Monseñor Romero invoca de manera recurrente para sustentar sus críticas a políticas de seguridad que considera restrictivas de derechos fundamentales.
El Gobierno sostiene que el régimen cuenta con respaldo mayoritario de la población, argumento que funcionarios respaldan citando encuestas de percepción ciudadana sobre seguridad, aunque no todas esas mediciones proceden de instituciones estadísticas independientes verificables como la Dirección General de Estadística y Censos.
El régimen de excepción continúa vigente sin fecha de finalización anunciada por el Órgano Ejecutivo, y su próxima prórroga deberá ser sometida nuevamente a votación en el pleno legislativo dentro del calendario mensual que la Asamblea ha mantenido desde 2022. El Comité Nacional Monseñor Romero anunció que continuará exigiendo mecanismos de revisión judicial individualizada para los casos de personas detenidas cuya vinculación con estructuras criminales no ha sido acreditada ante tribunales.
