El documento recomienda al Órgano Ejecutivo iniciar negociaciones formales con Cobre Panamá y su matriz, First Quantum Minerals, para evaluar un nuevo acuerdo que resuelva los arbitrajes internacionales pendientes y defina las condiciones de una eventual puesta en marcha bajo un esquema de cierre ordenado y autofinanciado, sin precisar cuánto tiempo tomaría ese proceso. La comisión está integrada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
Carlos Bichet, abogado del CIAM, señaló que el informe, en términos prácticos, recomienda evaluar un acuerdo con la minera que permita establecer las condiciones para una eventual puesta en marcha del proyecto y generar los recursos necesarios para financiar su cierre. Destacó que el documento no establece bajo qué condiciones concretas ocurriría esa reactivación ni por cuánto tiempo operaría la mina.
Bichet sostuvo que presentar la propuesta como un cierre autofinanciable constituye un "eufemismo" para referirse a una posible reactivación de Cobre Panamá, y recordó que el proyecto ya cuenta con un plan de cierre incluido en el Estudio de Impacto Ambiental categoría III aprobado en 2011. Según el CIAM, aunque la comisión establece como condición el cumplimiento del fallo de 2023 de la Corte Suprema de Justicia y de la moratoria minera vigente, el informe no explica cómo una eventual puesta en marcha resolvería los aspectos que llevaron a declarar inconstitucional la Ley 406.
La actividad minera permanece suspendida desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional esa ley, que había aprobado el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Los magistrados cuestionaron que, pese a un fallo de inconstitucionalidad previo de 2017, el Estado negociara un nuevo contrato con problemas similares a los del anterior, y señalaron que la Asamblea Nacional se excedió al modificar el contrato durante su trámite, cuando constitucionalmente debía limitarse a aprobarlo o rechazarlo.
Bichet sostuvo que el informe no aborda con suficiencia la dimensión de derechos humanos incorporada por la Corte en su fallo de 2023, particularmente el derecho a un ambiente sano, la protección de la vida y la salud y la justicia intergeneracional. Mencionó también la ausencia de una licitación pública y deficiencias en el instrumento ambiental y en el estudio de impacto ambiental, y pidió garantizar el Estado de Derecho antes de considerar cualquier alternativa de reactivación.
El costo para el crédito soberano
Desde el ámbito financiero, Barclays consideró que el esquema de "abrir para cerrar" deja pendientes preguntas centrales, entre ellas cuánto tiempo operaría la mina y bajo qué modelo se estructuraría esa operación. Deloitte planteó que una definición creíble antes de que finalice 2026 sería relevante para la percepción crediticia del país.
"El costo de la indecisión ya no es neutral para el crédito soberano", advirtió Deloitte.
First Quantum Minerals, matriz de Cobre Panamá, señaló en un comunicado que está dispuesta a participar en un proceso liderado por el Gobierno panameño.
"First Quantum reconoce que un nuevo acuerdo debe respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y un proceso liderado por el Gobierno", indicó la empresa en su comunicado.
El futuro de la mina se decide en paralelo a otras discusiones sobre fiscalización y transparencia en la Asamblea Nacional, como la reforma electoral que, según Transparencia Internacional, reduciría los controles al financiamiento político. Tres años después del fallo que suspendió el contrato minero, la comisión dejó sin resolver, según el CIAM, las condiciones concretas bajo las cuales se evaluaría cualquier reactivación del proyecto.